
El Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica anunció una nueva ofensiva para reducir el poder que algunos privados de libertad ejercen dentro de los centros penitenciarios del país: aquellos identificados como “jachudos”, término utilizado en la jerga carcelaria para referirse a internos que asumen posiciones de liderazgo o control sobre otros reclusos, serán separados del resto de la población penitenciaria.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, aseguró que las autoridades ya tienen identificados a quienes presuntamente desempeñan ese papel en los diferentes centros penales y adelantó que serán ubicados juntos en un mismo ámbito, con el propósito de limitar su capacidad de intimidación e influencia sobre otros privados de libertad.
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“En la jerga penitenciaria existen privados de libertad a los que llaman jachudos. ¿Quiénes son los jachudos? Los que se creen los líderes de un pabellón, de un ámbito o un dormitorio”, explicó Aguilar.
Según el jerarca, algunos de estos internos aprovechan su posición dentro de la dinámica carcelaria para dar órdenes, intimidar a otros reclusos, comercializar drogas y vender bienes como colchonetas o ropa, además de cometer otros abusos.
“Bueno, pues eso se acabó”, sentenció el ministro.
La decisión da continuidad a una serie de disposiciones impulsadas durante las últimas semanas por Justicia para endurecer los controles dentro del sistema penitenciario. En julio, Aguilar ya había ordenado la reubicación de los privados de libertad considerados líderes de los ámbitos penitenciarios, precisamente con el objetivo de reducir el dominio que pudieran ejercer sobre otros internos.
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Los ligados al crimen organizado irán a máxima seguridad
La medida tendrá un tratamiento todavía más estricto cuando las autoridades determinen que alguno de los denominados “jachudos” mantiene vínculos con una estructura de crimen organizado.
En esos casos, Aguilar indicó que serán trasladados al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), instalación concebida para mantener bajo mayores controles a personas relacionadas con organizaciones criminales de alta peligrosidad.
“Quienes pertenezcan a estructuras de crimen organizado serán enviados al CACCO”, señaló.
El Ministerio también pretende evitar que el traslado de los actuales líderes genere simplemente un relevo dentro de los pabellones.
Por ello, Aguilar advirtió que cualquier privado de libertad que posteriormente intente asumir el mismo papel será sometido a una medida similar.
“Si mañana aparece otro privado de libertad queriendo convertirse en nuevo jachudo, recibirá exactamente la misma medida”, manifestó.
La estrategia apunta a modificar dinámicas de poder que históricamente han existido dentro de los centros penitenciarios y que pueden traducirse en amenazas, extorsiones, cobros irregulares o control sobre bienes y actividades ilícitas.
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El término “jachudo” posee antecedentes de larga data en el lenguaje penitenciario costarricense. Registros históricos sobre la antigua Penitenciaría Central ya lo utilizaban para describir a internos con gran influencia, fortaleza y liderazgo dentro de la población reclusa, capaces de imponer determinadas dinámicas a otros presos.

“Se acabaron los privilegios”
El mensaje del ministro fue acompañado por una advertencia directa sobre quién debe mantener el control dentro de las cárceles.
“Que quede claro. En las cárceles no mandan los delincuentes que se creen que son poderosos. En las cárceles manda el Ministerio de Justicia y Paz, manda el Poder Ejecutivo y se acabaron los privilegios”, afirmó Aguilar.
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El jerarca cerró su intervención con una frase que resume la línea adoptada por la institución: “Se acabaron los jachudos”.
La disposición forma parte de un conjunto más amplio de cambios anunciados por el Ministerio de Justicia para aumentar el control institucional dentro de los centros penitenciarios.
Entre las medidas divulgadas anteriormente se encuentran la prohibición de determinadas visitas íntimas, el retiro de televisores de las celdas, la rotación de directores penitenciarios y cambios entre oficiales destinados en áreas de máxima seguridad.
También se ordenó fortalecer las labores de inteligencia sobre funcionarios penitenciarios mediante la coordinación entre la Unidad de Inteligencia Penitenciaria y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
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La intención, según lo anunciado previamente por Aguilar, es analizar posibles conductas sospechosas, enriquecimientos injustificados o eventuales colaboraciones entre funcionarios y organizaciones criminales. Los casos que presenten indicios de delito deberán ser trasladados a las autoridades judiciales.

Estas acciones se desarrollan en momentos en que el Gobierno costarricense busca reforzar la respuesta frente al crimen organizado y la influencia de estructuras delictivas dentro y fuera de las cárceles.
El Ministerio sostiene que separar a los internos que ejercen liderazgo informal permitirá reducir su capacidad para controlar a otros privados de libertad y dificultar actividades ilícitas dentro de los penales.
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La nueva política deja además abierta la posibilidad de efectuar más traslados si las autoridades penitenciarias detectan que otros reclusos intentan ocupar los espacios de poder que queden disponibles.
Para Justicia, el objetivo es que el control de los pabellones y dormitorios vuelva a recaer exclusivamente en las autoridades penitenciarias, evitando que determinadas figuras internas establezcan jerarquías paralelas, sistemas de intimidación o privilegios.
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