Presidente de la Corte Suprema rechaza nuevamente reunión con Laura Fernández y advierte sobre independencia judicial

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, comunicó a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, que no participará en la reunión de los presidentes de los Supremos Poderes convocada para este viernes 21 de agosto, al cuestionar las condiciones bajo las cuales fue planteado el encuentro.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a Fernández, en respuesta al oficio PR-P-OF-093-2026, del 14 de agosto, en el que la mandataria informó sobre los temas propuestos para la sesión y abrió la posibilidad de incorporar asuntos adicionales.

Aguirre recordó que el Poder Judicial había recibido favorablemente el anuncio de reactivar este tipo de reuniones, pero aseguró que desde el inicio había establecido una serie de condiciones que, a su criterio, debían garantizarse para que el diálogo entre los poderes de la República pudiera desarrollarse adecuadamente.

Entre ellas mencionó el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el financiamiento de la justicia, la buena fe, el respeto, la disposición a escuchar, reglas claras y el reconocimiento de las competencias constitucionales de cada Poder.

Tras analizar la propuesta del Ejecutivo, el jerarca judicial informó que no acudirá a la cita.

“Examinados los términos planteados para la sesión del 21 de agosto, debo comunicarle que, en las condiciones actualmente definidas, esta Presidencia no concurrirá a ella”, señaló Aguirre en la comunicación enviada a Casa Presidencial.

Corte cuestiona mecanismo de seguimiento

El presidente de la Corte afirmó que los espacios de coordinación entre los Supremos Poderes pueden servir para identificar problemas comunes, intercambiar información y coordinar determinadas acciones.

Sin embargo, cuestionó la posibilidad de que una instancia de carácter político pueda establecer metas, plazos o mecanismos de evaluación sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

“Un espacio de naturaleza política no debe convertirse en la instancia desde la cual se definan metas y plazos para el Poder Judicial mediante acuerdos entre jerarcas ni en un mecanismo de evaluación periódica de su cumplimiento”, indicó.

Según Aguirre, cualquier acuerdo debe respetar los procedimientos y competencias que establece la Constitución Política para cada uno de los poderes del Estado.

En el caso de la administración judicial, recordó que el gobierno interno corresponde a Corte Plena, órgano encargado legalmente de definir las políticas generales de la institución.

“No es la coordinación lo que resulta inconveniente, sino el mecanismo propuesto y sus implicaciones para el ejercicio independiente de las funciones del Poder Judicial”, sostuvo.

Agregó que el objetivo es preservar la independencia necesaria para que los tribunales y demás órganos judiciales puedan “actuar y decidir conforme a derecho, sin más sujeción que la Constitución y la ley”.

Coordinación en seguridad continuará

A pesar de la decisión de no acudir al encuentro, Aguirre aclaró que la coordinación operativa entre las instituciones de seguridad y justicia no se verá afectada.

La cooperación entre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo, así como entre el Ministerio Público y otras autoridades, continuará en investigaciones, operativos y acciones contra organizaciones criminales.

Para respaldar el trabajo realizado por el Poder Judicial en materia de seguridad, Aguirre incluyó una serie de cifras correspondientes a 2026.

De acuerdo con la carta, el OIJ ha desarticulado 21 organizaciones criminales durante este año.

Entre enero y junio de 2026, el organismo ejecutó 1,861 allanamientos, mientras que hasta el 31 de julio había decomisado más de 10,600 kilogramos de droga.

De ese total, aproximadamente 9,080 kilogramos corresponden a cocaína, una cantidad que, según el presidente de la Corte, supera ampliamente lo incautado de esa sustancia durante todo 2025.

Aguirre destacó que estos resultados forman parte del trabajo realizado diariamente por investigadores, fiscales, jueces y otros funcionarios judiciales.

Reforma penal apunta a 2027

La carta también abordó la necesidad de realizar cambios en la legislación para responder al avance de la criminalidad.

Según el presidente de la Corte, el Poder Judicial trabaja actualmente en una reforma integral del proceso penal, cuya propuesta estaría lista para ser puesta a disposición de la Asamblea Legislativa en 2027.

Mientras se desarrolla ese proyecto, Aguirre recordó que desde 2025 se encuentra en el Congreso el expediente N.° 24.913, una reforma puntual que, según la institución, podría generar resultados inmediatos.

La eventual aprobación del proyecto permitiría, de acuerdo con las estimaciones del Poder Judicial, incrementar en un 31% la capacidad operativa de los Tribunales Penales.

Además, podría representar un ahorro estimado de ₡122.3 millones (USD 271 mil) mediante un aprovechamiento más eficiente de los recursos judiciales.

“El Poder Judicial mantiene íntegra su disposición al diálogo entre los Supremos Poderes, sobre la base de la buena fe, el respeto recíproco, reglas claras y el pleno reconocimiento de las competencias, obligaciones financieras e independencia judicial que garantiza la Constitución”, afirmó.

El presidente de la Corte concluyó señalando que analizará eventuales nuevas convocatorias dependiendo de las condiciones concretas en que sean formuladas.

Fernández ya había cuestionado ausencias del Poder Judicial

La decisión de Orlando Aguirre se produce un mes después de otro desencuentro entre el Ejecutivo y las autoridades judiciales. El 21 de julio, la presidenta Laura Fernández criticó públicamente la ausencia de representantes del Poder Judicial en la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad, donde quedaron vacías las sillas destinadas al presidente de la Corte, la presidenta de la Sala de Casación Penal, el fiscal general y el director interino del OIJ. En aquella oportunidad, Fernández sostuvo que esas ausencias reflejaban “el no interés por resolver desde la raíz los problemas de seguridad que tiene Costa Rica” y afirmó que el desplante no era contra ella, sino contra la población.

La mandataria también atribuyó la decisión a un “berrinche por el tema del recorte del presupuesto del Poder Judicial” y llegó a plantear la posibilidad de analizar un eventual incumplimiento de deberes. El Poder Judicial, por su parte, había justificado su ausencia alegando que algunos asuntos de la agenda podían comprometer la independencia de criterio de jueces y magistrados, un argumento similar al que Aguirre vuelve a exponer ahora para rechazar la reunión de los Supremos Poderes prevista para este viernes.