Laura Fernández cambia de postura en 48 horas y ahora propone eliminar las pensiones de los expresidentes, incluida la suya

En apenas 48 horas, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, pasó de defender públicamente la existencia de una pensión especial para los expresidentes de la República a anunciar un proyecto de ley para eliminar ese beneficio, una iniciativa que, según aseguró, también se aplicará a ella cuando concluya su mandato.

El giro ocurre después de que, el pasado 10 de agosto, Fernández defendiera la permanencia del régimen especial y argumentara que ocupar la Presidencia implica condiciones particulares que justifican que los exmandatarios reciban un ingreso una vez que dejan el cargo.

En aquella oportunidad, la mandataria sostuvo que la pensión constituye más que un beneficio económico: la presentó como un reconocimiento por las características del cargo, además de señalar factores como la seguridad y las dificultades que podría enfrentar un expresidente para reincorporarse posteriormente al mercado laboral.

Ahora, dos días después, Fernández anunció una posición completamente distinta y entregó a su viceministro de presidencia, Alejandro Barrantes, un proyecto denominado de “cero tolerancia a las pensiones de lujo de los expresidentes de la República”, con la instrucción de presentarlo ante la Asamblea Legislativa este mismo día.

“Aquí le estoy haciendo entrega del proyecto de ley de cero tolerancia a las pensiones de lujo de los expresidentes de la República, todos los expresidentes del pasado, incluido don Rodrigo Chávez y los expresidentes del futuro, incluida yo”, afirmó la presidenta.

El cambio de posición coloca nuevamente en el centro del debate político las pensiones especiales de los exmandatarios y, al mismo tiempo, abre una discusión sobre la evolución del discurso del oficialismo frente a este régimen.

De defender el beneficio a impulsar su eliminación

“El cargo de presidente de la República tiene una serie de prerrogativas distintas a muchos otros cargos públicos y por eso es que mundialmente se reconoce una pensión para expresidentes”, había señalado.

Fernández también explicó entonces que el beneficio permitiría a quienes ocuparon la Presidencia mantener un nivel de vida sostenible después de concluir su gestión y mencionó entre las razones la seguridad y las dificultades para reincorporarse laboralmente.

La declaración se produjo además después de que la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa rechazara un informe relacionado con un proyecto que pretende eliminar las pensiones para expresidentes y expresidentas.

En esa votación, diputados oficialistas se pronunciaron contra el informe, por lo que el expediente quedó encaminado hacia el Plenario Legislativo con un dictamen negativo de mayoría.

Ahora, con el nuevo proyecto anunciado por la propia presidenta, el tema vuelve a cambiar de escenario.

“Incluida yo”

Uno de los elementos centrales del anuncio presidencial fue la decisión de incluirse ella misma dentro de los eventuales alcances de la reforma.

Fernández aseguró que el proyecto no pretende eliminar únicamente el beneficio para determinados expresidentes, sino establecer una regla que alcance a quienes hayan ocupado y ocupen en el futuro la Presidencia.

“Porque lo que es bueno para el ganso, es bueno para la gansa”, expresó la mandataria entre aplausos.

La referencia tiene especial relevancia porque tanto Laura Fernández como Rodrigo Chaves podrían eventualmente acceder a una pensión de expresidente si se mantienen las condiciones previstas actualmente por la legislación.

De acuerdo con el contexto publicado previamente por Infobae, el beneficio ronda los ₡4 millones mensuales, equivalentes aproximadamente a US$8.800, para quienes cumplen los requisitos establecidos. Actualmente, siete de los ocho expresidentes con derecho a este régimen reciben la pensión, mientras que Carlos Alvarado renunció voluntariamente al beneficio.

¿Qué propone ahora el Gobierno?

De acuerdo con la explicación ofrecida por Alejandro Barrantes, el proyecto pretende que los expresidentes dejen de recibir una pensión especial y se sometan a las reglas del régimen general de pensiones que les corresponda.

El funcionario explicó que una persona que durante su vida laboral haya cotizado al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y posteriormente haya ocupado la Presidencia durante cuatro años se pensionaría mediante el IVM, siempre que cumpla los requisitos establecidos en materia de edad y cuotas.

“Si la persona durante toda su vida laboral cotizó para el IVM y por cuatro años fue presidente de la República, se pensionará por el IVM con los requisitos que este régimen establezca en términos de edad y cuotas”, explicó Barrantes.

Según el Gobierno, la propuesta pretende alcanzar también a los expresidentes que actualmente reciben el beneficio, además de impedir que quienes ocupen la Presidencia en el futuro puedan acceder automáticamente a una pensión especial.

Fernández busca convertir el cambio en una prueba de coherencia

La presidenta presentó la nueva iniciativa como una demostración de que está dispuesta a asumir las mismas reglas que propone para otros expresidentes.

Fernández aseguró que puede ser cuestionada por sus decisiones y que está dispuesta a rendir cuentas, pero rechazó que se cuestione su coherencia.

“A mí me pueden llamar a cuentas en cualquier momento y de mí podrán decir lo que quieran, pero nunca que le voy a fallar a mis principios, ni mucho menos que seré o que soy incoherente entre lo que he dicho y lo que hago”, manifestó.

La pelota queda en la Asamblea Legislativa

El proyecto deberá iniciar ahora su recorrido legislativo y enfrentará el debate entre las distintas fracciones.

Su eventual aprobación determinará si Costa Rica modifica definitivamente el régimen especial que permite a los expresidentes recibir una pensión diferenciada una vez concluido su mandato.

El cambio de posición de Fernández agrega un nuevo capítulo a una discusión que durante años ha enfrentado dos argumentos: por un lado, quienes consideran que la pensión constituye un reconocimiento asociado a las particularidades, responsabilidades y riesgos de ejercer la Presidencia; por otro, quienes cuestionan que el Estado mantenga beneficios especiales para quienes ya ocuparon el cargo.