
La Tigra de San Carlos volvió a convertirse en el escenario de uno de los capítulos más emblemáticos de la historia democrática de Costa Rica. En el distrito donde hace 76 años las mujeres ejercieron por primera vez el derecho al voto, la presidenta Laura Fernández encabezó la conmemoración del aniversario del primer sufragio femenino y aprovechó la actividad para reivindicar el papel de las mujeres en la construcción del país, anunciar recursos para una obra comunal y lanzar un nuevo llamado a favor del proyecto para explotar el oro de Crucitas.
La ceremonia reunió a autoridades de Gobierno, diputados, representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), líderes comunales y vecinos de La Tigra, quienes recordaron el plebiscito realizado el 30 de julio de 1950 entre La Tigra y La Fortuna, considerado el primer proceso electoral en el que las mujeres costarricenses pudieron ejercer su derecho al voto.
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Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el homenaje a Marta Jiménez Fallas, de 97 años, reconocida como la única sobreviviente de las primeras mujeres que participaron en aquella histórica votación. La mandataria le entregó un reconocimiento y destacó que su decisión abrió el camino para que millones de costarricenses pudieran participar plenamente en la vida democrática del país.
Durante su discurso, Fernández aseguró que las pioneras del sufragio femenino transformaron la historia nacional y permitieron que las mujeres conquistaran espacios que décadas atrás parecían inalcanzables.
“Las mujeres de Costa Rica somos increíbles”, afirmó la presidenta en repetidas ocasiones, al destacar que hoy las costarricenses participan activamente en la política, ocupan cargos de liderazgo y cuentan con mayores oportunidades de desarrollo profesional y académico.
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La mandataria recordó que Costa Rica registra actualmente una mayor presencia femenina en la Asamblea Legislativa y defendió la necesidad de continuar promoviendo políticas públicas que garanticen igualdad de oportunidades.
“Podemos ser cualquier cosa que soñemos. Podemos alcanzar cualquier meta que nos propongamos”, expresó ante los asistentes.

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Más allá del carácter conmemorativo de la actividad, la visita presidencial dejó un anuncio para la comunidad sancarleña.
Tras escuchar la solicitud de la Asociación de Desarrollo Integral de La Tigra y de las autoridades municipales, Fernández confirmó que el Gobierno ya reservó ¢125 millones provenientes del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para iniciar el proyecto del Centro Cívico Productivo Primer Voto Femenino, una iniciativa que busca convertir el sitio histórico en un espacio para el desarrollo comunitario, el emprendimiento y la promoción de la memoria democrática.
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La presidenta indicó que ahora corresponde trabajar de manera conjunta entre el Gobierno, la Municipalidad de San Carlos y la comunidad para desarrollar el proyecto y concretar su construcción.
“Estoy segura de que si la comunidad, la municipalidad y el Gobierno trabajamos en equipo, ese centro se vuelve una realidad”, afirmó.

Defensa del proyecto Crucitas
Fernández dejó de lado el tono conmemorativo para abordar uno de los temas más polémicos de la agenda nacional: la explotación del oro en Crucitas.
La presidenta cuestionó directamente a los diputados que se oponen a impulsar un proyecto para permitir la extracción responsable del mineral y mencionó al legislador Edgardo Araya, a quien invitó a dialogar sobre el tema.
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Fernández sostuvo que mantener paralizada la discusión permite que organizaciones criminales continúen explotando ilegalmente el oro, mientras el Estado pierde recursos que podrían destinarse a infraestructura, educación, seguridad y programas sociales.
“El tiempo perdido hasta los santos lo lloran”, expresó la mandataria al insistir en que el país necesita tomar decisiones para enfrentar tanto la minería ilegal como la contaminación ambiental y la inseguridad que, según dijo, afectan la zona norte.
También defendió el trabajo de su administración y aseguró que el Gobierno ha logrado impulsar obras en distintas regiones pese a las limitaciones presupuestarias heredadas de administraciones anteriores.
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