Corte Plena de Costa Rica emprenderá acciones legales contra reforma presupuestaria que dejó al OIJ sin una fuente de financiamiento

La Corte Plena acordó presentar de acciones constitucionales o legales contra una reforma presupuestaria que eliminó una fuente de financiamiento prevista para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al considerar que el procedimiento seguido para aprobarla podría contener dos vicios que afectan la legalidad de la medida.

La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria, en la que los magistrados encomendaron a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de la Dirección Jurídica, definir el mecanismo de impugnación correspondiente.

El acuerdo fue declarado en firme y contó con la abstención de los magistrados de la Sala Constitucional, debido a que ese tribunal podría conocer una eventual acción relacionada con el caso.

La controversia gira en torno a la Ley 10.966, correspondiente al primer presupuesto extraordinario de la República y a la primera modificación legislativa del presupuesto nacional de 2026.

Según explicó la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, la reforma no redujo directamente el presupuesto asignado al Poder Judicial, sino que modificó normas de ejecución presupuestaria que regulaban la forma en que la institución podía acceder a recursos adicionales.

“El presupuesto como tal, en su cuantía, en cuanto al título 301 del Poder Judicial, no fue abordado. Ni siquiera fuimos objeto de aumentos o disminuciones como tal”, señaló Romero.

No obstante, advirtió que los cambios afectan la flexibilidad financiera y operativa del Poder Judicial, especialmente del OIJ.

El primer cuestionamiento planteado por los magistrados es que la iniciativa fue aprobada sin consultar previamente a la Corte Suprema de Justicia, pese a que, a su juicio, incide directamente en el funcionamiento del Poder Judicial.

De acuerdo con una certificación de la Secretaría General, el proyecto que dio origen a la Ley 10.966 nunca fue remitido a la Corte para emitir criterio, como establece el artículo 167 de la Constitución Política cuando una iniciativa legislativa afecta la organización o el funcionamiento del Poder Judicial.

Para el magistrado Jorge Leiva, eliminar una fuente de financiamiento destinada a la Policía Judicial tiene consecuencias directas sobre la capacidad institucional para investigar delitos.

“Esto incide muy negativa y de manera bastante seria en el funcionamiento del Organismo de Investigación Judicial. ¿Y esto no afecta al Poder Judicial? No, esto afecta a Costa Rica”, afirmó en declaraciones recopiladas por El Obsevador.

El segundo posible vicio identificado por Corte Plena se relaciona con la eliminación de una parte de la denominada Norma 10 del presupuesto nacional.

Esa disposición establecía que los recursos provenientes de plazas vacantes creadas antes del 1.º de enero de 2026 debían distribuirse en partes iguales entre el Ministerio de Seguridad Pública y el programa del OIJ mediante un presupuesto extraordinario que debía tramitarse antes de finalizar agosto.

Con la aprobación de la Ley 10.966, ese mecanismo desapareció.

“Esa parte de la norma fue suprimida, fue eliminada; por lo tanto, no tenemos ahora esa fuente de recursos”, explicó Romero.

La magistrada Roxana Chacón sostuvo que la eliminación contradice la voluntad expresada previamente por la Asamblea Legislativa, que había aprobado esa disposición para fortalecer el financiamiento de los cuerpos policiales.

Los recursos, aunque aún no tenían un monto definido para 2026, ya contaban con una planificación específica dentro del OIJ.

El director interino de la Policía Judicial, Michael Soto, indicó que el dinero sería utilizado para adquirir fusiles, pistolas, municiones, cascos balísticos, vehículos y otros equipos de protección, además de cubrir combustible, viáticos, horas extra, productos químicos para peritajes y el traslado de agentes y víctimas.

“La preocupación es amplia y la situación puede ser muy aguda, muy, muy aguda”, advirtió Soto.

El jerarca añadió que la institución ya analiza medidas de contención del gasto para poder mantener sus operaciones durante el resto del año, aunque reconoció que algunas actividades podrían verse afectadas.

Incluso recordó que uno de los agentes que participó en el operativo para capturar a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, salvó su vida gracias al casco balístico que portaba.

Durante la sesión también se cuestionó la eliminación de la Norma 32, que otorgaba mayor autonomía al Poder Judicial para realizar determinadas modificaciones presupuestarias sin autorización previa del Ministerio de Hacienda. Su derogatoria, según la Dirección Ejecutiva, incrementa la dependencia de la institución respecto de los trámites del Ejecutivo.

Los magistrados enmarcaron estas decisiones dentro de una serie de medidas que, a su juicio, han reducido progresivamente la capacidad financiera del Poder Judicial durante las últimas semanas.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, acogió la propuesta de impulsar acciones legales de forma inmediata. Aunque todavía no se ha definido si la impugnación se tramitará mediante una acción de inconstitucionalidad u otra vía jurídica, el mandato de Corte Plena fue claro: actuar con rapidez para intentar restablecer un mecanismo de financiamiento que considera indispensable para las investigaciones criminales y la operación cotidiana del OIJ.