Costa Rica deporta a palestino investigado por presuntos vínculos con Hamás; funcionaria de Migración enfrenta proceso penal

Las autoridades costarricenses concretaron la deportación de un ciudadano palestino que era investigado por sus presuntos vínculos con el grupo terrorista Hamás, en un operativo coordinado entre la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y el Ministerio Público.

Se trata de un hombre de apellidos Abuawad Abuadeh, originario de Cisjordania, Palestina, quien permanecía detenido desde el pasado 22 de junio mientras las autoridades analizaban su situación migratoria y recibían información de inteligencia sobre sus posibles vínculos con una organización terrorista internacional.

La deportación fue ejecutada luego de que la Sala Constitucional rechazara, el pasado 2 de julio, un recurso de hábeas corpus presentado a favor del extranjero, decisión que permitió continuar con el procedimiento administrativo migratorio.

El director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla, explicó que la medida se realizó en el marco de las competencias que otorga la legislación migratoria costarricense.

“Él entra a Costa Rica con una categoría de turismo, no es como un residente permanente, no es un inversionista, no es un estudiante. Entonces, a partir de ahí es donde se encienden las alertas y se trabaja para determinar su origen, su procedencia y sus vinculaciones, que es lo que nos ha suministrado la Dirección de Inteligencia y Seguridad en este proceso”, señaló Badilla.

El jerarca agregó que las investigaciones preliminares indican que el hombre mantenía algún tipo de relación con establecimientos comerciales tipo outlet ubicados en distintos puntos del país, aunque aclaró que las autoridades aún no han determinado si era propietario de esos negocios o cuál era exactamente su participación.

Según Migración, el ciudadano ingresó a Costa Rica en mayo de este año como turista y, al momento de su ingreso, no registraba alertas internacionales que impidieran su admisión al territorio nacional. Además, aparentemente no contaba con autorización para desempeñar actividades laborales en el país.

La semana anterior, la Fiscalía informó que, con base en informes de inteligencia, el extranjero era considerado una persona de alta peligrosidad y que existían indicios de una presunta vinculación con una organización terrorista internacional, información que sustentó parte de las diligencias realizadas por las autoridades.

Paralelamente a la deportación, el caso dio origen a una investigación penal contra una funcionaria de la Dirección General de Migración y Extranjería.

La mujer, de apellido Barquero, fue detenida por orden de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), que la investiga por supuestamente facilitar y simular el ingreso formal al país del ciudadano palestino cuando este, presuntamente, se encontraba en condición migratoria irregular.

De acuerdo con la investigación, la funcionaria habría participado en acciones que permitieron regularizar de forma aparente la situación migratoria del extranjero, hechos que ahora son analizados por el Ministerio Público.

La Fiscalía le atribuye, de manera preliminar, los presuntos delitos de influencia contra la Hacienda Pública, cohecho propio y sabotaje informático, aunque el proceso continúa en etapa de investigación y no existe una resolución judicial definitiva sobre su responsabilidad.

Como parte de las medidas cautelares impuestas por el Juzgado Penal, la funcionaria deberá firmar una vez al mes ante las autoridades judiciales, tiene impedimento de salida del país, no podrá acercarse al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y permanecerá suspendida de su cargo durante un período de 10 meses mientras avanza el proceso.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para establecer con precisión cómo el ciudadano palestino logró permanecer en territorio costarricense y determinar si existieron otras personas involucradas en eventuales irregularidades migratorias.

Hasta el momento, ni la Dirección General de Migración y Extranjería ni el Ministerio Público han brindado información adicional sobre el avance del expediente, al tratarse de un caso que permanece bajo investigación.