Un tribunal de La Vega condenó a 30 años de prisión al exoficial policial Juan Luis Jiménez Adames por matar a tiros en enero de 2025 a su pareja y a su suegra, y por herir a un hombre cercano a las víctimas. El caso fue presentado por el Ministerio Público como feminicidio y violencia de género e intrafamiliar agravada con arma de fuego.
La condena, correspondiente a la pena máxima solicitada por la acusación, también ordenó su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
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El arresto formal del condenado se produjo el 24 de marzo de 2025, más de dos meses después de los crímenes, tras una búsqueda física y electrónica.
De acuerdo con la información oficial, el hecho ocurrió el 18 de enero de 2025 a las 23:15 en una vivienda de la calle Los Cajuiles, en el sector Los Robles de la ciudad de La Vega. Allí, Jiménez Adames, entonces miembro de la Policía Nacional con rango de segundo teniente, irrumpió armado con una pistola en la residencia de su suegra.
Cómo ocurrió el ataque y qué sostiene el expediente
El expediente judicial sostiene que asesinó a su pareja, Meylin Ariany Marte Rodríguez, madre de sus tres hijos, con ocho disparos. En el mismo ataque mató a su suegra, Marisela Rodríguez Marte, e intentó matar a Franklin Ruiz Inoa, quien sobrevivió pese a heridas de bala en ambos glúteos.
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Según el expediente del órgano acusador, la mañana de ese mismo día Marte Rodríguez llamó a su madre para pedirle que fuera a buscarla porque su pareja la estaba maltratando. La víctima residía en Villa Altagracia junto al agresor y los hijos de ambos.
La madre fue a buscarla y la trasladó a su casa en el sector Los Robles, en el centro de La Vega. En esa vivienda se produjo el ataque horas después.
Los cargos y la investigación del Ministerio Público
El Ministerio Público procesó a Jiménez Adames al considerar que había pruebas suficientes de los feminicidios, así como de violencia de género y violencia intrafamiliar agravada por el uso de arma de fuego. La investigación también incluyó cargos por violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano y a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
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La fiscal investigadora Katherin Castillo sostuvo en el proceso la base jurídica de la acusación. Durante el juicio, la fiscal litigante Yamilka de la Cruz presentó las pruebas con las que pidió la pena máxima ante el Primer Tribunal Colegiado de La Vega.
Ese tribunal estuvo integrado por las juezas Kathia Núñez, Carmen Miledys Sánchez y Lucrecia Rodríguez. La titular de la Fiscalía de La Vega, la procuradora general de corte Aura Luz García Martínez, valoró la sentencia al afirmar que la ley fue aplicada de forma correcta y que se impuso la sanción máxima requerida por el Ministerio Público.
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La captura del exoficial
Después de los hechos, el Ministerio Público coordinó con la Policía Nacional un operativo de búsqueda que incluyó múltiples allanamientos, rastreos con drones y sobrevuelos en helicóptero.
Las autoridades indicaron que el acusado se ocultó en una zona boscosa del municipio de Villa Altagracia, en el paraje El Mogote, para evadir la acción judicial.
La publicación oficial precisa que, tras varios intentos fallidos y al verse sin salida, el exoficial aceptó entregarse voluntariamente. Su entrega y arresto formal quedaron ejecutados el 24 de marzo de 2025.
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