Costa Rica: Comisión de Hacendarios aprueba recorte de unos USD 86.8 millones, al presupuesto de los CEN-CINAI

La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó este martes un recorte de ₡40,000 millones (USD 86.8 millones) al presupuesto asignado para 2026 a la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI). La decisión, que contó con el respaldo de ocho diputados, forma parte del primer presupuesto extraordinario de la República para el presente año y se justifica por la necesidad de cubrir el déficit presupuestario de las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La iniciativa fue impulsada por la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), mientras que los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) se opusieron a la medida. La bancada liberacionista argumentó que el recorte tendrá consecuencias negativas sobre los sectores más vulnerables, particularmente la niñez que depende de los servicios de los CEN-CINAI.

El órgano legislativo también aprobó una moción adicional que reduce en ₡30,000 millones (USD 65,1 millones) los recursos que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) gira al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), lo que afecta directamente la financiación de programas de vivienda social y apoyo familiar.

La diputada Ángela Aguilar, vocera del PLN en la Comisión, advirtió que la rebaja de fondos representa el 28,7% del presupuesto 2026 destinado a los CEN-CINAI. “Me preocupa porque los CEN-CINAI enfrentan situaciones relacionadas con órdenes sanitarias y otras necesidades. Además, brindan atención y cuido a niños y niñas”, señaló Aguilar durante la sesión. La legisladora insistió en que el impacto de este recorte podría traducirse en una disminución de cobertura y calidad en la atención que reciben miles de menores en condición de vulnerabilidad en todo el país.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta (PPSO), defendió la decisión y sostuvo que no se deben reducir los recursos destinados a los pensionados del RNC, subrayando que la propuesta cumple con la legalidad vigente. Acosta explicó que el Estado enfrenta una presión fiscal significativa y que, ante la urgencia de financiar las pensiones del régimen no contributivo, se recurrió a la redistribución de partidas presupuestarias. El diputado oficialista enfatizó que se trata de una medida responsable y que el gobierno mantiene el compromiso de atender las necesidades de la población en situación de pobreza extrema.

La fracción del Partido Liberación Nacional consideró que la moción aprobada evidencia una deficiente planificación presupuestaria y cuestionó el procedimiento seguido en la Comisión, al señalar que la aprobación no se ajusta a lo establecido en el Reglamento Legislativo. Además, los opositores recalcaron que la decisión afectará de manera directa a los programas de nutrición, educación y cuido infantil, así como a las familias beneficiarias de proyectos de vivienda social.

El recorte a los CEN-CINAI generó preocupación en organizaciones sociales y defensoras de los derechos de la infancia, que advierten sobre el riesgo de retrocesos en la atención integral a la niñez y la reducción de oportunidades para familias en comunidades vulnerables. Los CEN-CINAI ofrecen servicios fundamentales como alimentación, educación y cuidado a miles de niños y niñas en todo el territorio nacional, especialmente en zonas rurales y urbanas de alta exclusión social.

Hasta el momento, las autoridades de la Dirección Nacional de CEN-CINAI no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el impacto que tendrá esta disminución presupuestaria. Diversos sectores sociales y políticos han solicitado una revisión de la medida y la búsqueda de alternativas que no impliquen recortes en programas sociales esenciales para el bienestar infantil y el acceso a la vivienda.

El debate legislativo en torno a la distribución de recursos públicos continúa en un contexto de restricciones fiscales, donde la prioridad del Ejecutivo se centra en asegurar el pago de pensiones y cumplir con las obligaciones del Estado en materia de seguridad social. La discusión sobre el financiamiento de los programas sociales y la protección de los sectores más vulnerables se mantendrá en la agenda parlamentaria durante las próximas semanas.