Las consecuencias legales por desacatar sentencias de la Sala Constitucional han alcanzado a trece entidades públicas y privadas, luego de que la Sala IV remitiera diecisiete expedientes al Ministerio Público en los últimos cuatro años. Entre las instituciones bajo investigación figuran municipalidades, entes estatales y organizaciones privadas, señaladas por ignorar resoluciones que protegían derechos fundamentales de los ciudadanos.
La Sala IV determinó que, a pesar de la obligatoriedad de sus resoluciones, las entidades denunciadas no corrigieron las situaciones reclamadas en los plazos fijados. Por ejemplo, en el caso del Hogar de Ancianos Víctor Casco Torres, su presidente enfrenta dos investigaciones en 2024 por no responder a solicitudes ciudadanas dentro de los cinco días ordenados.
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Según información de CR Hoy, el Hogar de Ancianos Víctor Casco Torres no acató resoluciones en dos ocasiones, lo que llevó a la apertura de sendas investigaciones. También la Municipalidad de Paraíso fue denunciada dos veces, en 2023 y 2024, por no atender gestiones de ciudadanos pese a las advertencias legales.
El Ministerio de Hacienda aparece en dos expedientes: uno por no ejecutar un traslado de cuotas en el plazo de un mes y otro por no entregar un informe técnico solicitado. La Cooperativa Globalcoop R.L. también suma dos investigaciones en 2025, ambas por negarse a reintegrar montos cobrados indebidamente y no gestionar la desafiliación de una persona.
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En total, la Sala Constitucional ha remitido diecisiete expedientes al Ministerio Público en los últimos años. La mayoría de los casos corresponden a la falta de respuesta o ejecución de órdenes específicas emitidas en recursos de amparo.
Algunas situaciones bajo investigación involucran a figuras individuales. En 2023, el representante legal del Hogar de Ancianos Fray Casiano de Madrid fue denunciado por no responder una gestión en el plazo de tres días. Ese año, el director de la Red Integrada de la CCSS Central Sur fue señalado por no contestar solicitudes administrativas.
En 2024, el intendente del Concejo Municipal de Paquera fue cuestionado por incumplir múltiples resoluciones sobre entrega de información. El alcalde de Montes de Oca fue remitido por no ejecutar obras pluviales en seis meses, mientras que el alcalde a.i. de Mora fue investigado en 2025 por la falta de aceras.
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El Hospital Calderón Guardia tuvo funcionarios señalados por no suministrar medicamentos aprobados en el plazo de un mes. La Comisión Nacional de Asuntos Indígenas fue remitida en 2022 por no resolver gestiones administrativas ni cancelar prestaciones laborales.
En el Ministerio de Educación Pública, la Sala ordenó investigar a jerarcas por no garantizar el pago de salarios y no tomar medidas para evitar nuevas afectaciones. Finalmente, en 2026, el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Los ángeles de San Ramón fue remitido tras no acatar la anulación de una desafiliación.
El desacato de una sentencia de la Sala Constitucional ocurre cuando una entidad o funcionario no cumple, dentro del plazo ordenado, una resolución que protege derechos constitucionales. Esta conducta, según el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, puede acarrear sanciones que van desde tres meses hasta dos años de prisión o una multa de 20 a 60 días. La remisión al Ministerio Público activa una investigación penal sobre el incumplimiento.
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La aplicación de este artículo implica que cualquier persona responsable de desobedecer una orden de la Sala IV puede enfrentar consecuencias penales. Las penas previstas incluyen prisión y multas económicas, de acuerdo con la gravedad y reincidencia del desacato.
La Sala IV ha reiterado: “Se ordena testimoniar piezas al Ministerio Público para que investigue el incumplimiento de lo resuelto por esta Sala”. El objetivo es garantizar que las resoluciones constitucionales sean efectivamente cumplidas y que los derechos de los ciudadanos reciban tutela real.
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