El Gobierno de la República aseguró este lunes que Costa Rica está perdiendo USD 252 millones al año producto de la extracción ilegal de oro en Crucitas, en la zona norte del país, una actividad que, según Casa Presidencial, se ha convertido en un “saqueo” de recursos nacionales.
El Poder Ejecutivo costarricense, afirma que el oro extraído ilegalmente alcanza un valor de USD 5,400 por onza y que miles de sacos con tierra aurífera estarían siendo sacados del país. “Doscientos cincuenta y dos millones de dólares anuales. Eso es lo que se roban de Crucitas”, señaló Mario Zamora, ministro de seguridad.
El costo de la contención policial
A la pérdida estimada por la extracción ilegal se suma el gasto en seguridad. Según Presidencia, el Ministerio de Seguridad Pública invierte $1 millón mensual en operativos para intentar frenar la actividad minera irregular en la zona.
Propuesta del Ejecutivo: una ley para regular la minería
Frente a esta situación, el Gobierno impulsa un proyecto de ley que propone la concesión minera mediante subasta al alza, un esquema por el cual las empresas interesadas competirían ofreciendo el mayor porcentaje de ganancias al Estado. Según el Ejecutivo, esto permitiría:
- Transformar la minería ilegal en una actividad productiva regulada.
- Que el Estado costarricense reciba ingresos significativos por la explotación del recurso.
- Generar transparencia y control ambiental.
“El bienestar del pueblo no es un tema de una sola persona, es una responsabilidad compartida de los tres poderes de la República”, afirmó Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica.
El mandatario, aprovechó la Cadena Nacional de este dominngo para ejemplificar la actividad minera en países como Finlandia y Chile, donde según el Ejecutivo, legislaciones mineras avanzadas “generan recursos para sus pueblos y protegen el ambiente”, sugiriendo que Costa Rica podría seguir un camino similar si se regula el sector.
¿Qué podría financiar Costa Rica?
Desde el Ministerio de Hacienda también se ha destacado el costo de oportunidad de no aprovechar esos recursos. Con los USD 252 millones anuales, argumenta, se podrían:
- Otorgar 673,000 becas educativas para estudiantes de primaria.
- Entregar 13,000 bonos de vivienda.
- Construir 352 kilómetros de nuevas carreteras.
- Financiar 315 delegaciones de policía turística.
- Pagar el salario de más de 19,000 policías en formación.
Este tipo de cálculos forman parte de la narrativa oficial del Ejecutivo y que busca reforzar la necesidad de una legislación que permita ordenar y regular la explotación minera en Crucitas.
De minería artesanal a extracción masiva
De acuerdo con Casa Presidencial, la explotación en Crucitas habría evolucionado en tres fases:
- Etapa artesanal, limitada a unas 15 hectáreas y con extracción superficial.
- Fase de expansión, donde el área intervenida creció hasta 900 hectáreas.
- Extracción masiva, caracterizada por túneles profundos y la salida constante de material con oro fuera del país.
El Ejecutivo sostiene que la situación actual no solo implica pérdidas económicas, sino también “la más asquerosa contaminación ambiental”, señalando el impacto ecológico que genera la minería ilegal.
El debate en la Asamblea Legislativa
La iniciativa legal promovida por el Gobierno abrió un debate político y social en el país. Sus defensores sostienen que una legislación moderna y regulada permitirá fiscalizar la actividad, captar recursos para el Estado y reducir la minería clandestina con estándares ambientales. Sus críticos, en cambio, alertan sobre los riesgos ecológicos y la defensa de áreas protegidas.
El proyecto ahora se encuentra en la Asamblea Legislativa, donde enfrenta discusiones sobre su alcance, los mecanismos de protección ambiental y el papel del Estado en la explotación de recursos naturales.
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