La Defensa Pública y destacados abogados penalistas expresaron esta semana su preocupación por el avance de la propuesta legislativa que busca reformar el artículo 36 de la Constitución Política de Costa Rica. La modificación, que obligaría a declarar contra familiares en casos de delitos sexuales o violencia contra menores, pondría en riesgo garantías fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa, de acuerdo con especialistas citados por costarricenses.
El debate en la Asamblea Legislativa ganó relevancia tras la aprobación en el Plenario del expediente 23.729 en enero pasado, que admitió la reforma constitucional denominada “Política para Limitar el Derecho de abstenerse a Declarar en Delitos que Cometan Familiares contra Personas Menores de Edad, y Otras Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género”. Medios como El Observador informaron que la iniciativa, presentada por la diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional, seguiría su curso hacia una comisión legislativa encargada de analizar el texto y recomendar su aprobación o rechazo.
Tras la conformación de la comisión, la docente Mayra Campos, experta de la Universidad de Costa Rica (UCR), compareció esta semana ante los legisladores para aportar insumos técnicos sobre los posibles efectos de la reforma. Según la transmisión oficial de la Asamblea Legislativa, la especialista resaltó la importancia de evaluar tanto el impacto jurídico como el social de la propuesta antes de modificar derechos consagrados en la Constitución. Afirmó que cualquier cambio debe fundamentarse en estudios rigurosos y en una discusión abierta con especialistas en derecho penal, psicología y protección de menores. El video completo de su intervención está disponible en el canal institucional de la Asamblea Legislativa.
Por su parte, la Defensa Pública, ha enfatizado que una reforma de esta magnitud “requiere estudios de impacto, consulta a especialistas y discusión transparente, a fin de evitar retrocesos en garantías consolidadas en el ordenamiento jurídico costarricense”, según difundió CRprensa.com. Penalistas consultados advirtieron que la enmienda podría facilitar interpretaciones restrictivas en materia penal y afectar las labores de jueces, fiscales y defensores públicos. “El cambio propuesto altera el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos individuales, con consecuencias directas para las personas sometidas a procesos judiciales”, opinó uno de los abogados en declaraciones al citado medio.
El artículo 36 de la Constitución Política dispone actualmente: “En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad”. La reforma en debate plantea incluir una excepción: “se exceptúa de lo anterior cuando se trate de un familiar de una persona menor de edad que sea víctima de delitos sexuales o violencia intrafamiliar”.
De acuerdo con El Observador, la comisión a cargo del proyecto deberá emitir un informe de recomendación al Plenario. El presidente legislativo, Rodrigo Arias, instó en enero a las jefaturas de fracción a definir la integración de la comisión, para continuar el trámite.
Sectores del Poder Judicial, como la magistrada Roxana Chacón Artavia y representantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), han expresado su respaldo a la reforma, argumentando que contribuiría a fortalecer la persecución de delitos sexuales y la violencia familiar. Por su parte, la Defensa Pública y diversos expertos piden prudencia y alertan sobre el riesgo de vulnerar principios básicos del sistema penal costarricense.
El proyecto avanza en la Asamblea Legislativa, con el debate técnico y político aún abierto a la espera del informe de la comisión y de próximas audiencias con especialistas.
Antecedentes
La iniciativa de reforma fue presentada por Carolina Delgado en abril de 2023. El Plenario le otorgó admisibilidad tras la tercera lectura y con el voto afirmativo de 38 diputados presentes. El texto actual del artículo 36 permite abstenerse de declarar contra familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. La reforma busca establecer una excepción para delitos sexuales o violencia contra menores de edad en el ámbito familiar.
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