La futura presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, se prepara para iniciar una gestión que promete cambios en la relación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, tras una etapa marcada por la confrontación entre las máximas autoridades del país.
En respuesta a la carta enviada por el fiscal general, Carlo Díaz, quien le expresó sus felicitaciones y su deseo de establecer canales de diálogo entre los poderes del Estado, Fernández manifestó su disposición a colaborar, aunque dejó en claro su postura crítica hacia el desempeño de la Fiscalía en varios casos emblemáticos.
La presidenta electa agradeció públicamente los buenos deseos de Díaz y resaltó la necesidad de construir puentes entre los poderes del Estado.
Fernández, durante una intervención este miércoles, insistió en que su prioridad es que Costa Rica recupere una justicia accesible y eficiente: “Enhorabuena que dice que quiere construir puentes, es lo mismo que quiero hacer yo; a mí me interesa que este país recupere la justicia y todos los costarricenses tengan acceso a justicia pronta y cumplida”, declaró.
No obstante, Fernández dirigió señalamientos puntuales al fiscal general. Le instó a buscar soluciones en casos que llevan años sin resolverse, citando procesos como Aldesa, la Trocha, Cochinilla y Diamante.
En sus palabras, “Queremos saber cómo ayudarle a superar los obstáculos en estos casos, donde tenemos décadas esperando soluciones”. Insistió en la urgencia de acelerar los tiempos judiciales, cuestionando por qué algunos expedientes avanzan y otros permanecen estancados: “Hay casos que se aceleran y otros van a pasitos de tortuga”, remarcó.
En esa línea, Fernández subrayó su interés en que los trámites judiciales se agilicen para todos los ciudadanos y criticó la acumulación de expedientes sin resolver en oficinas del Poder Judicial. “Siempre lo apoyaré para que no haya en este país el mínimo tufito a impunidad y menos en casos donde le ha dolido la bolsa al pueblo de Costa Rica, donde no hemos visto a una Fiscalía al deber al que está llamada”, afirmó, reiterando su apoyo en el combate contra la corrupción y el crimen organizado.
Fernández expresó su esperanza en que el fiscal general logre, durante su gestión, “limpiar la cara a la Fiscalía y haga justicia que tantos años está esperando el pueblo de Costa Rica”, e hizo hincapié en que Díaz cuente con su apoyo para los casos más sensibles para la sociedad.
El tono conciliador de la presidenta electa contrasta con la actitud del actual presidente, Rodrigo Chaves, quien se ha mostrado abiertamente crítico con Díaz. Tras las declaraciones de Fernández, Chaves reaccionó enfatizando que, de estar en su lugar, exigiría primero resolver los casos pendientes en la Fiscalía antes de abordar futuras colaboraciones. El mandatario también reprochó al presidente de la Corte Plena, Orlando Aguirre, por no felicitar a Fernández tras su victoria en las urnas el 1 de febrero.
La carta enviada por Carlo Díaz a la presidenta electa enfatizaba la necesidad de diálogo interinstitucional y cooperación, destacando el deseo de abrir “una nueva etapa en la relación entre los poderes de la República, basada en el respeto recíproco, la cooperación y la búsqueda permanente del bien común”. Díaz garantizó la disposición del Ministerio Público para coordinar acciones con la nueva administración en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, haciendo énfasis en el respeto a la autonomía judicial.
En el escrito, el fiscal general recordó que la acción conjunta de la Fiscalía y los cuerpos policiales contribuyó a contener el aumento de homicidios durante el año anterior y a conseguir una disminución notable en las primeras semanas de 2026. Díaz señaló la importancia de reforzar tanto las fuerzas policiales como el aparato judicial para asegurar una respuesta estatal efectiva ante los desafíos de seguridad.
La tensión entre el Ministerio Público y la administración actual ha sido una constante en los últimos años, acentuada por los reiterados cuestionamientos de Chaves hacia Díaz. Incluso, en el pasado mes de marzo, hubo pedidos públicos de destitución del fiscal general, motivados por críticas a su desempeño en el denominado caso Barrenador.
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