El más reciente informe del Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales concluyó que los recursos administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) mantienen una posición financiera estable, con niveles de liquidez suficientes para hacer frente a sus obligaciones y una política de inversiones alineada con criterios de prudencia y control.
El documento, presentado ante la Junta Directiva al cierre del tercer trimestre de 2025, detalla que la institución cuenta con mecanismos de gestión de riesgos que permiten sostener la continuidad de los servicios de salud y pensiones que brinda a la población.
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Según el análisis técnico, la adecuada administración de la liquidez y la supervisión permanente del portafolio de inversiones consolidan la sostenibilidad financiera de los distintos fondos.
Las recomendaciones emitidas por el Comité establecen una serie de acciones orientadas a reforzar la gestión integral de riesgos. Entre ellas, se instruye a las instancias técnicas de la CCSS a considerar lineamientos específicos que permitan mantener el equilibrio a largo plazo en cada uno de los fondos administrados.
El objetivo es anticipar eventuales contingencias y fortalecer la toma de decisiones con base en criterios técnicos.
La presidenta ejecutiva de la entidad, Mónica Taylor Hernández, aseguró que la evaluación refleja un panorama favorable. De acuerdo con sus declaraciones, los fondos analizados se encuentran “dentro de los niveles de riesgo establecidos, con indicadores de estabilidad financiera, adecuados niveles de liquidez y una gestión de inversiones alineada con el apetito de riesgo institucional”.
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Taylor Hernández indicó que este tipo de informes constituye una herramienta clave para la planificación estratégica y la transparencia institucional. Además, reveló que a septiembre de 2025 la CCSS administraba una cartera de inversiones cercana a los ₡4,5 billones, lo que dimensiona la magnitud de los recursos bajo su responsabilidad.
En el caso del Seguro de Salud, el informe destaca que existe liquidez suficiente para cubrir tanto gastos ordinarios como extraordinarios. Asimismo, se reportan bajos niveles de riesgo de crédito y de mercado, así como pérdidas esperadas mínimas dentro de los márgenes aprobados.
La estrategia actual del portafolio prioriza inversiones en emisores públicos, lo que evidencia un enfoque conservador orientado a preservar el capital y reducir la exposición a la volatilidad financiera.
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Respecto al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el documento señala que los principales indicadores financieros y de riesgo se mantienen dentro de los rangos autorizados por la Junta Directiva.
El análisis también menciona que se han implementado medidas preventivas para asegurar la liquidez necesaria destinada a cumplir con las obligaciones pensionarias.
No obstante, el Comité recomienda profundizar de manera progresiva en la diversificación de las inversiones, con el fin de fortalecer la resiliencia del portafolio ante posibles cambios en el entorno económico.
“La información contenida en este informe fortalece la transparencia y permite a la Junta Directiva valorar, con base técnica, eventuales ajustes en las políticas de inversión”, afirmó Taylor, al referirse a la relevancia del documento para la toma de decisiones estratégicas.
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En cuanto al Fondo de Prestaciones Sociales, el informe describe un comportamiento constante y rendimientos acordes con su naturaleza. Se destacan calificaciones crediticias elevadas en los instrumentos que conforman su cartera, así como riesgos operativos y financieros controlados dentro de los parámetros definidos por la institución.
La presidenta ejecutiva insistió en que la gestión técnica y preventiva es fundamental para garantizar la estabilidad a mediano y largo plazo. En ese sentido, señaló que la administración de los fondos debe mantenerse “dentro de parámetros responsables y sostenibles”, considerando la magnitud de los compromisos que asume la institución en materia de salud y pensiones.
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Con este informe, la institución busca reforzar la confianza en la administración de sus fondos y demostrar que, bajo los parámetros actuales, cuenta con condiciones financieras que le permiten cumplir sus obligaciones y sostener la prestación de servicios esenciales para la población.
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