Médicos en Costa Rica protestaron ante proyecto de ley que permite contratar especialistas del extranjero

El proyecto de ley 24,015, conocido como “Fortalecimiento de Salud Pública”, genera una fuerte tensión en Costa Rica por los posibles cambios en la contratación de médicos y la formación de especialistas, así como por el ingreso facilitado de profesionales extranjeros al sistema de salud.

Mientras la discusión avanza en el pleno legislativo, el texto acumula 200 mociones de reiteración y desencadena inéditos niveles de protesta y paralización del centro sanitario y educativo del país.

Este lunes médicos, residentes, especialistas y estudiantes de medicina del país se manifestaron frente a la Asamblea Legislativa para pedir que no se apruebe este proyecto.

Organizaciones sindicales y de la sociedad civil advierten que la iniciativa, impulsada por la diputada María Marta Carballo Arce del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), podría vulnerar la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de las universidades. En un documento difundido públicamente, los grupos señalaron que el proyecto “simplifica una situación compleja y multicausal, a una serie de disposiciones que carecen de sustento técnico, pues adjudica la responsabilidad del problema a un déficit en la formación de nuevos especialistas”, y alertaron sobre la posible introducción de un organismo técnico con atribuciones para dictar directrices vinculantes tanto a la CCSS como a los centros de formación superior, aun cuando su diseño e integración no se han definido.

Los estudiantes y médicos se mantuvieron congregados en la Avenida Segunda, provocando congestión vial en plena área central de San José, como reacción a lo que consideraron un bloqueo a la participación ciudadana. Maykel Vargas Sanabria, vicepresidente del Sindicato Nacional de Médicos y Especialistas (Siname), afirmó que “No dejaron entrar a la mayoría de gente por supuestas cuestiones de aforo, entonces espontáneamente, muchos de los que están aquí se vinieron a protestar a la calle”, según citó a medios locales.

El núcleo del conflicto reside en varios artículos que, según los sindicatos, atribuyen a la nueva entidad facultades para exigir cuotas de formación a la CCSS y a cada universidad, bajo amenaza de sanciones o hasta supresión de los programas de posgrado. Los firmantes sostienen que estas prerrogativas podrían resultar inconstitucionales por interferir con la gobernanza de las instituciones involucradas.

Otro punto polémico reside en los mecanismos para facilitar la incorporación de médicos especialistas extranjeros. El proyecto prevé “beneficios migratorios a médicos no nacionales con formación especializada en el extranjero, y les permite una incorporación inmediata de dicha especialidad al Colegio de Médicos si reúnen las condiciones que exige este proyecto”, según plasmó el comunicado sindical.

Estos profesionales podrían trabajar durante cuatro años en la CCSS bajo residencia temporal y luego emplearse en el sector privado, accediendo a residencia permanente.

Para los graduados locales, sigue vigente el requisito de siete años de servicio social antes de poder ejercer su especialidad en el ámbito privado, lo que según las organizaciones crea “una inequidad en el trato al médico graduado en el sistema de estudios de posgrado de universidades nacionales”.

La diputada Carballo negó que esta medida impida la incorporación laboral de especialistas locales: “La retribución se realiza trabajando y siendo remunerado como especialista, mediante el nombramiento en una plaza formal. Lo que propone la iniciativa es que la CCSS pueda recuperar de manera proporcional la inversión pública que realiza en la formación de cada especialista, algo que hoy no ocurre adecuadamente, ya que la retribución es limitada a tres años o se sustituye por pagos módicos“.

No obstante, el texto legislativo estipula que el contrato de retribución social será de cumplimiento obligatorio como condición para la incorporación en el Colegio de Médicos y Cirujanos, lo que impide el ejercicio privado de la especialidad hasta cumplir este requisito.

El proyecto también otorga al Ministerio de Salud la facultad de declarar “inopia” en determinadas especialidades, habilitando temporalmente la contratación directa de médicos certificados por universidades de países integrados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Los sindicatos consideran que esto expone a los pacientes de la CCSS, ya que “en un inicio, esos médicos estarán facultados para trabajar sólo en la CCSS, no en el sector privado, lo cual resulta particularmente preocupante, pues sin conocerse la rigurosidad de su formación y sus competencias se expone a las personas que reciban atención en la CCSS”.

Ante estas críticas, Carballo sostuvo que se trata de una medida de último recurso: “Sólo se aplicaría si las medidas principales del proyecto como la ampliación de la formación de especialistas, el aumento de plazas en zonas rurales, la eliminación de cuellos de botella y contratos de retribución adecuados, no logran equilibrar la oferta y la demanda”.

La diputada del PUSC aseguró también que “el proyecto aplica únicamente hacia el futuro, por lo que no vulnera derechos adquiridos ni condiciones contractuales actuales”, atribuyendo la resistencia sindical a “la defensa de intereses gremiales y económicos, por lo cual se niegan a reconocer el déficit histórico de especialistas en el país y mantienen cuellos de botella tanto en la formación como en la incorporación de nuevos profesionales, en perjuicio de la población”