SIC negó peritaje solicitado por Dimayor tras fallo de la Corte en caso de presunta colusión en fichajes

La disputa entre la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Dimayor por el caso de presunta colusión en el mercado de fichajes del fútbol profesional colombiano sumó un nuevo capítulo. Luego de que la Corte Constitucional ordenara a la autoridad de competencia pronunciarse sobre una solicitud pendiente de prueba pericial, la entidad decidió negar ese requerimiento y continuar el proceso sancionatorio que se arrastra desde 2021.

La decisión marca un punto clave dentro de una de las investigaciones más sensibles para el fútbol colombiano en los últimos años, pues involucra a 17 clubes profesionales, la Dimayor y 20 dirigentes por supuestos acuerdos destinados a controlar el mercado de transferencias de jugadores, una conducta que podría constituir una violación a las normas de libre competencia económica.

El origen de la investigación

El caso comenzó en 2021, cuando la SIC abrió formalmente la investigación y formuló cargos contra varios actores del fútbol colombiano. Según la entidad, existían indicios de posibles acuerdos entre clubes y directivos para limitar la libre movilidad de futbolistas y afectar las condiciones del mercado de pases.

Dentro del expediente, la Superintendencia recopiló pruebas digitales, entre ellas correos electrónicos y conversaciones en chats. Sin embargo, durante el avance del caso, la Dimayor y algunos investigados solicitaron que un experto en informática revisara técnicamente ese material para verificar su autenticidad y legalidad.

Entre quienes respaldaron esa petición estuvieron los exdirigentes Fernando Jaramillo y Jorge Enrique Vélez, quienes insistieron en la necesidad de practicar una prueba pericial sobre las evidencias digitales recolectadas por la autoridad.

La controversia surgió porque la SIC nunca respondió de fondo a esa solicitud. El 24 de abril de 2024, mediante la Resolución 20140, la entidad indicó que más adelante se pronunciaría sobre la petición del perito, pero ese pronunciamiento nunca llegó.

La tutela que llegó hasta la Corte Constitucional

Pese a ello, el proceso continuó. El 23 de diciembre de 2024, la Superintendencia cerró oficialmente la etapa probatoria sin haber resuelto la solicitud presentada por la Dimayor y los demás investigados.

Ante el silencio de la entidad, la Dimayor presentó una acción de tutela el 2 de julio de 2025 argumentando que la falta de respuesta vulneraba su derecho al debido proceso y limitaba sus posibilidades de defensa.

En una primera instancia, el Tribunal Superior de Bogotá negó las pretensiones de la tutela y, posteriormente, la Corte Suprema de Justicia confirmó esa decisión. Sin embargo, el caso cambió de rumbo el 31 de octubre de 2025, cuando la Corte Constitucional decidió seleccionar el expediente para revisión.

El 27 de marzo de 2026, la Corte Constitucional falló a favor de la Dimayor y concluyó que la SIC incumplió con sus deberes procesales al no emitir una respuesta expresa y motivada sobre la solicitud del peritaje. El alto tribunal ordenó entonces retroceder parcialmente el trámite para que la Delegatura para la Protección de la Competencia resolviera formalmente la petición antes de continuar con el proceso sancionatorio.

La SIC negó el peritaje y el caso sigue

En cumplimiento de esa decisión judicial, el expediente fue trasladado el 7 de mayo de 2026 a la Delegatura correspondiente. Apenas un día después, el 8 de mayo, la SIC emitió finalmente su respuesta: negó la práctica del peritaje solicitado por la Dimayor.

La Superintendencia argumentó que la revisión técnica no era necesaria porque las pruebas digitales ya habían sido verificadas bajo los protocolos correspondientes. Además, sostuvo que los investigados contaban con mecanismos legales específicos para cuestionar la autenticidad de los documentos y que dichos recursos no fueron utilizados oportunamente.

Con esta decisión, la SIC considera cumplida la orden impartida por la Corte Constitucional y retomará el curso del expediente hacia una eventual decisión sancionatoria. Mientras tanto, la controversia jurídica continúa. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, confirmó que presentó una solicitud de nulidad contra el fallo de la Corte Constitucional que favoreció a la Dimayor.

Según explicó la funcionaria, la decisión del alto tribunal dejó sin efectos una actuación mediante la cual la SIC buscaba proteger los derechos de los futbolistas frente a posibles prácticas anticompetitivas implementadas por clubes y directivos.