La decisión de retirar más de 30 piezas de las exposiciones permanentes del Museo Nacional de Colombia abrió una controversia por el alcance de la revisión museográfica impulsada desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Las obras aludían a movimientos feministas y Lgbtiq+, víctimas de violencia política y al acuerdo de paz firmado en 2016.
El expresidente Gustavo Petro cuestionó la medida en una publicación en X, donde la calificó como una vulneración de la libre expresión y de los derechos de quienes representan posturas o identidades distintas.
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“No es deshonestidad intelectual, es fascismo”, escribió Petro. Luego afirmó que las decisiones adoptadas en las carteras de Cultura y Educación constituyen una forma de discriminación: “El Estado social de derecho y la democracia están siendo sustituidas por la persecución y la eliminación de las diferencias”.
Las piezas retiradas incluían símbolos de diversidad y del proceso de paz
Entre los elementos desmontados estaba una bandera del orgullo que perteneció a la activista Elizabeth Castillo, además de afiches de las campañas presidenciales de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, ambos asesinados.
La medida también alcanzó a la séptima papeleta y al “Balígrafo”, el instrumento empleado durante la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
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La ministra de las Culturas, Paola Holguín, defendió la revisión de las exposiciones y de los espacios bajo administración de su cartera. Según sostuvo, estos lugares deben reflejar a la nación en su conjunto y no responder a una orientación de adoctrinamiento político.
Una tutela ordenó preservar los objetos retirados
El retiro de las obras provocó protestas frente al Museo Nacional, en Bogotá, y cuestionamientos de organizaciones culturales y museos del país. El Consejo Internacional de Museos en Colombia expresó preocupación por las posibles implicaciones para la autonomía profesional de esas instituciones y la protección del patrimonio.
En medio de la controversia, el Juzgado 24 de Familia de Bogotá admitió una acción de tutela y ordenó preservar las piezas que fueron retiradas. Como medida cautelar, también prohibió nuevos desmontajes o intervenciones que se basen en el contenido de las obras, a menos que exista una decisión administrativa formal con una justificación.
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La orden judicial exige al museo entregar un inventario de los objetos retirados, junto con información sobre su ubicación y estado de conservación.
Defensoría del Pueblo cuestionó el retiro de piezas del Museo Nacional y pidió explicaciones al Gobierno
La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de las Culturas explicaciones por el retiro de más de 30 piezas y espacios del Museo Nacional de Colombia, vinculados con memorias Lgbtiq+, luchas feministas y las campañas de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, asesinados en 1990.
La decisión del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella provocó una protesta frente al recinto, en el centro de Bogotá. Cerca de 500 personas participaron en las movilizaciones del sábado 17 y domingo 18 de octubre, convocadas por colectivos sociales.
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La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, solicitó a la ministra de Cultura, Paola Andrea Holguín Moreno, los criterios que sustentaron la decisión, las condiciones de conservación de las obras y la posibilidad de reincorporarlas a las exposiciones.
“El organismo pidió información sobre las piezas retiradas del Museo Nacional, los fundamentos jurídicos, técnicos y administrativos de estas decisiones, sus condiciones actuales de conservación y la posibilidad de reincorporarlas a las exposiciones”, indicó la entidad en un comunicado.
La solicitud también abarca el espacio dedicado a Miguel Ángel Díaz, trabajador de Colcultura y militante de la Unión Patriótica que fue víctima de desaparición forzada en septiembre de 1984 en Yacopí.
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De acuerdo con información publicada por el Ministerio de las Culturas, paramilitares y agentes estatales participaron en su desaparición. Díaz fue uno de los primeros desaparecidos durante el exterminio contra integrantes de ese partido.
La Defensoría requirió aclarar si se cambió la denominación de ese espacio, las razones de la medida y si los familiares fueron informados o consultados antes de cualquier modificación, conforme a los acuerdos establecidos para su creación.
La entidad afirmó que seguirá la respuesta del Ministerio y definirá las acciones necesarias para proteger la libertad de expresión, los derechos culturales y la memoria histórica.
“La preservación de la memoria histórica y el acceso a la cultura exigen reconocer la diversidad de voces, experiencias y relatos que forman parte de nuestra historia”, sostuvo la Defensoría. “Ninguna expresión artística o memoria colectiva debe ser excluida por razones políticas o ideológicas”.
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