
La Personería Distrital de Cali alertó por una crisis en la atención de salud de los internos de la cárcel Villahermosa, donde seis personas privadas de la libertad esperan remisiones a hospitales externos. La entidad relacionó las demoras con las afectaciones que dejó el terremoto del 10 de agosto sobre la infraestructura y la operación de centros médicos de la ciudad.
La situación se suma a problemas previos de hacinamiento, falta de personal de custodia, infraestructura y atención sanitaria dentro del establecimiento penitenciario del suroriente de Cali. La Personería anunció requerimientos a las entidades responsables para establecer qué impide que los pacientes reciban los procedimientos que necesitan fuera de la prisión.
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Seis internos permanecen a la espera de atención especializada
Durante una visita de verificación a la cárcel Villahermosa, la Personería Distrital identificó que seis internos necesitan atención médica externa, pero sus traslados y remisiones todavía no se han concretado.
El organismo revisó las condiciones de acceso a los servicios de salud de las personas privadas de la libertad, en especial los casos que requieren exámenes, intervenciones o tratamientos que no están disponibles dentro del penal.
MediSalud, el prestador encargado de la asistencia médica al interior de Villahermosa, atiende los servicios que puede ofrecer en el establecimiento. Cuando un paciente requiere otro tipo de procedimiento, la ruta contempla la remisión a instituciones de mayor complejidad.
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Entre los centros que reciben a internos remitidos figuran el Hospital Universitario del Valle (HUV) y la Clínica Colombia. La Personería estableció que las dificultades se concentran en el acceso a estas atenciones externas, necesarias para continuar los tratamientos de algunos reclusos.

La alerta surge después del terremoto del 10 de agosto, que, de acuerdo con la información conocida por el ente de control, afectó la infraestructura de instituciones médicas y alteró la operación de los protocolos de atención y movilidad en Cali.
Los seis pacientes continúan sin una fecha confirmada para recibir los servicios médicos externos que requieren, según el balance de la visita de verificación.
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La Personería buscará establecer las causas de las demoras
El despacho del personero distrital Gerardo Mendoza Castrillón informó que oficiará a las entidades involucradas en la atención de los internos para determinar las razones de las dificultades en las remisiones.
La actuación busca establecer si los retrasos obedecen a daños o restricciones en la infraestructura hospitalaria, problemas de transporte para pacientes bajo custodia, trámites administrativos o fallas de coordinación entre las instituciones que participan en el proceso.
La Personería pidió que las respuestas permitan adoptar medidas para garantizar una prestación efectiva y oportuna del servicio. El objetivo es que quienes requieren atención fuera del penal puedan acceder a los procedimientos sin que la condición de reclusión se convierta en una barrera adicional.
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El organismo de control recordó que las personas privadas de la libertad conservan sus derechos fundamentales, entre ellos el acceso a servicios de salud. La obligación de garantizar esa atención recae en el Estado, aun cuando los pacientes estén sometidos a medidas de detención.
La entidad mantendrá el seguimiento sobre las condiciones de atención en Villahermosa mientras recibe información de los responsables de las remisiones y de la red hospitalaria que debe atender a los seis internos.

La crisis incluye alertas por tuberculosis y falta de recursos
Las dificultades de salud en Villahermosa no se limitan a las remisiones pendientes. En una revisión anterior, 516 internos fueron sometidos a pruebas de tuberculosis y 16 tuvieron resultado positivo. Los pacientes fueron aislados, mientras la Secretaría de Salud de Cali se comprometió a reforzar las brigadas médicas en el establecimiento.
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La dirección de la cárcel también había solicitado mayor respaldo financiero de la administración local. La petición contempló recursos superiores a los $300 millones con los que participaba el municipio, de acuerdo con la información conocida durante la discusión sobre el hacinamiento y las condiciones de infraestructura.
La Personería advirtió que las afectaciones posteriores al terremoto pueden profundizar las dificultades de una población que ya enfrenta limitaciones para acceder a servicios médicos.
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