La Fiscalía General de la Nación imputo el delito de concusión contra Javier Ardila Arias, exjuez penal militar, acusado por una presunta exigencia de 40 millones de pesos a un capitán del Ejército para favorecerlo en un proceso penal militar que estaba bajo su despacho.
La pesquisa se adelantó el 16 de septiembre de 2026 por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción del organismo fiscal.
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De acuerdo con la investigación del ente acusatorio, cuando Ardila Arias era juez 66 de instrucción penal militar de Florencia, Caquetá, habría pedido ese monto económico al alto oficial de la institución castrense, a cambio de beneficiarlo en una causa penal militar a su cargo.
Los hechos investigados ocurrieron en abril de 2025, cuando el juez penal militar aún tenía a su cargo las diligencias relacionadas con el oficial.
Detalles de la investigación
Según la Fiscalía General de la Nación, el primer encuentro entre Ardila Arias y el capitán militar ocurrió el 7 de abril de 2025 en un establecimiento de ocio de Florencia, Caquetá. Allí, el entonces juez le habría solicitado el dinero al oficial para favorecerlo judicialmente.
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“El juez 66 de instrucción penal militar de Florencia, Caquetá, Javier Ardila Arias, abusando de sus funciones inherentes a dicho cargo, citó vía WhatsApp al capitán”, señala el ente acusatorio, citado por Cambio.
Incluso, el fiscal del caso mencionó que ese encuentro ocurrió cerca a la Brigada 12 del Ejército. “En el curso de ese encuentro, el funcionario judicial solicitó al oficial la suma de 40.000.000 de pesos”, comentó.
Posteriormente, el 10 de abril hubo un nuevo encuentro en otro local de la misma zona. En esa cita, el exjuez reiteró la petición económica. “Insistió en la solicitud de pago de la suma de 40.000.000 de pesos que había solicitado previamente al capitán a cambio de beneficiarlo en el proceso penal 3649”, indicó el fiscal del caso..
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Según esa exposición, el entonces juez aseguró que ya había cometido irregularidades similares con otros uniformados.
El operativo militar del que surgió la investigación
El proceso en el que el capitán era investigado surgió de una operación del Ejército del 11 de marzo de 2025 en zona rural de San José del Fragua (Caquetá, sur de Colombia), contra organizaciones dedicadas al procesamiento de sustancias ilícitas, según recopiló Blu Radio. Durante esa operación hubo sobrevuelos con drones, y las autoridades observaron a varios hombres con prendas camufladas y fusiles.
Las imágenes permitieron identificar después que se trataba de militares. “Posteriormente, se determinó que eran militares que reportaron coordenadas diferentes al lugar en el que realmente se encontraban”, citó la Fiscalía.
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Por esos hechos, el capitán y dos suboficiales quedaron procesados por desobediencia y falsedad en documento público. Las diligencias quedaron a cargo de Ardila Arias cuando ejercía como juez penal militar.
No obstante, al momento de definir la responsabilidad de los militares, el juez Ardila Arias no impuso medida de aseguramiento contra los tres uniformados. Para la Fiscalía, esa decisión habría hecho parte de un presunto plan para cobrar por ese favor.
La investigación penal avanzó después de que el capitán acudiera a las autoridades tras la segunda exigencia de dinero. Esa denuncia dio origen a la pesquisa de la Dirección Especializada contra la Corrupción que terminó con la imputación contra Javier Ardila Arias.
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En caso de que el exjuez penal militar sea condenado por la justicia, puede enfrentar una pena superior a la base de 8 a 15 años de prisión, debido a la mayor gravedad atribuida a su condición de administrador de justicia. El Código Penal colombiano contempla esa posición como un factor para dosificar la sanción en los cuartos máximos del rango legal.
También queda expuesto a una multa, a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado y a una sanción disciplinaria. Según el artículo 122 de la Constitución Política, los servidores públicos condenados por corrupción o delitos contra el patrimonio estatal pierden de por vida esa posibilidad; además, la Comisión de Disciplina Judicial puede imponer la destitución y retirar definitivamente la tarjeta profesional de abogado.
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