
El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, advirtió que Colpensiones enfrenta un déficit de $5 billones para cubrir las pensiones de los últimos tres meses de 2026, debido al aumento del salario mínimo por encima de lo previsto.
“Ahí hay una brecha entre el supuesto con el cual se construyó el presupuesto y se asignaron recursos a Colpensiones y lo que finalmente le tocó pagar a Colpensiones de mesadas en el año 2026”, dijo en entrevista con Blu Radio.
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Según el análisis del líder gremial, el impacto también modificó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027: la propuesta corregida del Ministerio de Hacienda incorporó $6,5 billones adicionales para atender las obligaciones del sistema pensional.
El cálculo inicial contemplaba un ajuste salarial cercano a 7.5%, basado en la inflación esperada más un punto porcentual. El Gobierno nacional decretó un incremento del 23.7%, lo que elevó el costo de las mesadas porque cerca del 60% de las pensiones pagadas por Colpensiones corresponde al salario mínimo.

El gasto anual en esas pensiones se sitúa entre $8 y $9 billones. Las mayores cotizaciones de los trabajadores que reciben $1.750.905 mensuales compensan parte del aumento, pero el saldo fiscal estimado sigue siendo negativo.
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“Esa es nuestra estimación, pero se compensa con mayores cotizaciones por el salario mínimo que liquida el 16% sobre un mínimo más alto. Entonces hay más cotizaciones, como usted bien dice, pero en neto quedan faltando 5 billones de pesos”, explicó Velasco.
Para cubrir el faltante, el Ministerio de Hacienda, en cabeza de Miguel Gómez Martínez, deberá reasignar partidas del PGN durante el último trimestre del año. El dirigente recordó que el pago de las pensiones es una obligación prioritaria para el Estado colombiano, solo superada por la deuda pública.
“Yo no creo que lleguemos hasta un punto de afectación de los pensionados. Yo creo que la alerta que hace la ministra del Trabajo es una alerta que obviamente van a poder solucionar”, señaló.
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Colpensiones desembolsa actualmente $80 billones al año en mesadas del régimen general. La mitad se financia con transferencias directas del presupuesto, provenientes de impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la renta; los otros 40 billones proceden de cotizaciones y traslados de afiliados desde el régimen privado.
Velasco aseguró a los adultos mayores que “la nación colombiana no los va a dejar atrás, no los va a olvidar, les va a pagar su pensión”, aunque insistió en la necesidad de resolver el problema fiscal del país.
Reforma pensional de Petro

La Corte Constitucional declaró exequible la Ley 2381 de 2024, la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, pero ordenó al Congreso de la República corregir varios artículos por fallas de procedimiento antes de que puedan entrar en vigor junto con el resto de las normas el 1 de abril de 2027. La sentencia C-264 de 2026 fue aprobada el martes 15 de septiembre de 2026 por siete votos contra uno, con salvamento de voto del conjuez Carlos Pablo Márquez.
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El fallo mantiene los cambios estructurales del sistema pensional colombiano: la organización en los pilares Solidario, Semicontributivo, Contributivo y Voluntario, el porcentaje de aportes obligatorios destinado a Colpensiones y la creación de un fondo administrado por el Banco de la República.
Además, preservó el beneficio para las mujeres afiliadas que alcancen la edad mínima de jubilación sin reunir las semanas exigidas. Podrán obtener una reducción de 50 semanas por cada hijo, hasta un máximo de tres hijos o 150 semanas.

La institución de la Rama Judicial concluyó que la mayoría de las disposiciones superó el examen sobre los defectos de trámite que había identificado en el Auto 841 de 2025. La reforma había permanecido dos años en discusión legislativa y había sido devuelta una vez al Congreso de la República para subsanar irregularidades antes de que la Sala Plena aprobara el articulado el 25 de agosto de 2026.
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El artículo 84 deberá volver a la institución que ejerce el poder legislativo porque regula el tratamiento tributario de los cuatro pilares. La norma establece que las pensiones quedan exentas del impuesto de renta hasta 1.000 Unidades de Valor Tributario (UVT) mensuales, equivalentes a $47.065.000 en 2024; los ingresos superiores a ese tope quedan gravados.
El alto tribunal devolvió por completo el artículo 93, que crea un régimen especial para pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y campesinas.
También deberá discutirse nuevamente un inciso del artículo 92 sobre la administración del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. La disposición cuestionada establece: “La política de inversiones de los recursos del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo tendrá como objetivo generar la mejor mesada pensional que sea estable y razonablemente previsible, incorporando objetivos de riesgo y retorno para un periodo consistente con la naturaleza de las prestaciones que respaldan, procurando la diversificación del portafolio”.
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