Juliana Guerrero aceptó responsabilidad por fraude procesal en un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, por hechos relacionados con la obtención irregular de títulos académicos en la Fundación Universitaria San José. La diligencia se realizó el miércoles 9 de septiembre de 2026.
La joven, quien estuvo vinculada con el Gobierno de Gustavo Petro y aspiró al Viceministerio de las Juventudes, reconoció su participación en un caso que derivó en la expedición irregular de documentos de formación profesional y técnica.
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El acuerdo, expuesto durante la audiencia judicial, se refiere a títulos de Contaduría Pública y de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria. Según los términos conocidos en la diligencia, Guerrero aceptó el cargo de fraude procesal.
El documento suscrito con la Fiscalía General de la Nación establece una pena de tres años de prisión, además de una multa equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También incluye una inhabilidad de dos años y medio para ocupar cargos públicos.
Carlos Carrillo pidió que el Pacto Histórico no justifique este tipo de conductas
Tras conocerse la información, Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), cuestionó el impacto político del caso de Juliana Guerrero y pidió una respuesta interna frente a conductas que, según afirmó, no deberían ser relativizadas.
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“La declaración de Juliana Guerrero es más grave de lo que parece”, escribió Carrillo en una publicación. El exfuncionario sostuvo que el reconocimiento de los hechos no debe presentarse como un error aislado ni como una situación menor por la posibilidad de negociar con la justicia.
“Cometió un delito y debe responder por él”, señaló. También planteó que los sectores de izquierda deben evitar la defensa de estas prácticas por afinidades políticas.
Carrillo afirmó que el asunto puede tener consecuencias sobre la percepción ciudadana del proyecto político que respalda a la izquierda. “Que la afinidad ideológica no nos nuble el juicio”, agregó en su mensaje.
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El exdirector de la Ungrd aseguró que el escándalo tuvo incidencia durante la campaña presidencial, aunque no identificó de forma precisa la elección a la que se refirió ni aportó datos que permitan medir el peso del episodio en los resultados.
En su publicación, sostuvo que la controversia recibió amplia difusión y fue utilizada por sectores políticos adversos a la izquierda. Carrillo mencionó a medios de comunicación, al Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (Moir) y a una campaña rival entre los actores que, según su postura, amplificaron el caso.
“Ese escándalo fue decisivo en la elección presidencial, el ruido, magnificado por los medios hegemónicos, por el Moir y por la campaña rival, implicó un enorme costo político para la candidatura de Iván”, expuso Carrillo.
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También señaló que, en Bogotá, el Pacto obtuvo 7% menos votos frente a la segunda vuelta presidencial de 2022. Aclaró que ese resultado no puede atribuirse de manera exclusiva a la situación de Guerrero, aunque consideró necesario discutir el costo electoral de tolerar conductas irregulares.
“La lección es clara, el proyecto colectivo vale más que los individuos y la mejor manera de cuidarlo es siendo implacables con la corrupción al interior de propio PACTO”, afirmó Carrillo.
Ana Erazo pidió que quienes cometan delitos dentro del oficialismo respondan ante la justicia
La representante a la Cámara por el Valle del Cauca Ana Erazo afirmó que quienes hayan integrado el proyecto político del expresidente Gustavo Petro y cometido delitos deben responder ante la justicia. Su pronunciamiento se conoció después de que Juliana Guerrero aceptara responsabilidad por fraude procesal en un preacuerdo con la Fiscalía.
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Erazo, exconcejal de Cali, expresó que el caso le causa “profundo dolor” por el impacto que, a su juicio, puede tener sobre el sector político al que pertenece. También cuestionó que una persona use sus vínculos, responsabilidades u oportunidades para favorecer intereses particulares.
La congresista sostuvo que ha enfrentado este tipo de actuaciones desde su trayectoria pública. “Contra esto he luchado siempre”, manifestó en su publicación.
La representante planteó que no debe haber excepciones ni protecciones por cercanía política. “Tiene que responder ante la justicia”, escribió al referirse al caso de Guerrero.
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