Abogado y docente universitario criticó preacuerdo de Juliana Guerrero con la Fiscalía: “Una vagabundería”

El abogado y docente universitario Juan Sebastián Perilla criticó el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y Juliana Guerrero por el caso de los títulos académicos falsos obtenidos en la Fundación Universitaria San José.

A juicio del jurista, la decisión de reducir su grado de participación de autora a cómplice en el delito de fraude procesal carece de sustento jurídico y podría permitirle evitar una pena efectiva de prisión.

Guerrero, exfuncionaria vinculada con el Gobierno de Gustavo Petro, compareció de forma virtual el miércoles 9 de septiembre ante un juez penal de conocimiento de Bogotá. Durante la audiencia, aceptó su responsabilidad por fraude procesal, después de suscribir el acuerdo con el ente acusador.

El preacuerdo fija una pena de tres años de prisión, una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos. La decisión todavía debe ser revisada y avalada por el juez competente, que puede aceptarla o rechazarla.

Para Perilla, el beneficio concedido por la Fiscalía genera interrogantes porque, según explicó, el expediente ya reunía elementos que comprometían a la exfuncionaria. “Lo de Juliana Guerrero es una vagabundería de la Fiscalía”, afirmó el abogado en un video divulgado en sus redes sociales.

La Fiscalía sostuvo que Guerrero sabía que los diplomas eran falsos

El caso se relaciona con dos títulos entregados por la Fundación Universitaria San José: uno como tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, y otro como profesional en Contaduría Pública.

La fiscal Jessica Montealegre afirmó en audiencia que Guerrero conocía la irregularidad de los documentos. “Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos”, sostuvo la delegada, quien agregó que la exfuncionaria no cumplió las condiciones requeridas para recibirlos.

Según la acusación, Guerrero no asistió a clases, no presentó exámenes ni cumplió con pruebas académicas necesarias para obtener los diplomas. La Fiscalía indicó que la joven había cursado ocho semestres en una institución universitaria del Cesar y que, tras llegar a Bogotá, intentó homologar esos estudios mediante trámites que ahora son objeto del proceso penal.

Los documentos fueron anexados a su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep). El objetivo, de acuerdo con el ente acusador, era aspirar al cargo de viceministra de Juventudes en el entonces Ministerio de Igualdad.

“Juliana Guerrero no fue a clase nunca, no presentó exámenes, no presentó las pruebas del Icfes”, expuso la fiscal durante la diligencia.

El preacuerdo redujo su participación de autora a cómplice

La Fiscalía señaló que, como parte de la negociación, aplicó una reducción en el grado de participación de Guerrero por el delito de fraude procesal: pasó de ser considerada autora a cómplice.

Ese es el punto que cuestionó Juan Sebastián Perilla. El docente sostuvo que el reconocimiento de complicidad exige, en principio, que exista un autor determinado de la conducta principal. En su análisis, la Fiscalía debería precisar quién habría presentado los diplomas falsos ante el Estado si Guerrero solo tuvo un papel de cómplice.

“Para ser cómplice se necesita la existencia de un autor”, afirmó Perilla, que en medio de su indignación agregó: “Díganme entonces quién es el autor, porque hasta que no haya un autor, ella no puede ser cómplice de fraude procesal”.

El abogado explicó que el fraude procesal se configuraría, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, al presentar los diplomas falsos ante una autoridad pública para obtener un beneficio. En este caso, la postulación de Guerrero a un cargo en el Ministerio de Igualdad.

“Cuando se cogen los diplomas falsos y se presentan ante el Estado para ocupar un cargo público, configura el presunto delito de fraude procesal”, indicó el docente universitario y creador de contenido. A su juicio, el acuerdo reduce la responsabilidad de Guerrero pese a que la Fiscalía ya contaba con pruebas para sostener una acusación más severa.

El exsecretario de la Fundación San José también aceptó su participación

Dentro del mismo expediente aparece Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, y que también firmó un preacuerdo en el que aceptó su participación en la entrega de los dos títulos irregulares.

Para Perilla, esa aceptación reforzaba la posición de la Fiscalía frente a Guerrero. “El exsecretario general de la Fundación San José ya había aceptado el delito de falsedad en documento público, o sea, que había falsificado los diplomas”, señaló.

El abogado sostuvo que esa admisión debía servir como un elemento relevante para continuar con la acusación contra la exfuncionaria sin otorgarle un beneficio adicional. “La Fiscalía, con la confesión del exsecretario general, ya lo tenía todo servido en bandeja de plata”, afirmó.

La exfuncionaria, por su parte, reconoció ante el juez que actualizó su hoja de vida y presentó los documentos para aspirar al viceministerio. “El preacuerdo al que llegué con la Fiscalía es admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep y presentar los documentos para aspirar a ser viceministra de las Juventudes”, declaró.

Guerrero también pidió disculpas públicas y expresó arrepentimiento. “Hoy frente al país quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida”, dijo la joven oriunda de Valledupar (Cesar).

El juez deberá decidir si avala o rechaza el acuerdo

El preacuerdo no produce efectos definitivos hasta que sea evaluado por el juez penal de conocimiento. Esa autoridad deberá verificar si la negociación cumple los requisitos legales, si respeta las garantías de las partes y si la tipificación aceptada corresponde con los hechos expuestos por la Fiscalía.

Perilla pidió que el acuerdo no sea avalado. “Si yo fuese juez, de una lo rechazaría para que el proceso continuara”, afirmó. El abogado consideró que la pena negociada, de tres años, podría permitir una sanción sin cumplimiento intramural, según las condiciones que determine la justicia.

La Fundación Universitaria San José fue reconocida como víctima dentro del proceso y, de acuerdo con la información difundida sobre la audiencia, aceptó los términos planteados en la negociación. Aun así, el juez mantiene la facultad de estudiar el documento antes de emitir una decisión.

El caso continúa bajo revisión judicial. Si el preacuerdo es aprobado, Guerrero recibirá la pena pactada; si es rechazado, la Fiscalía y la defensa deberán continuar el proceso por la vía ordinaria.