Ministra de Salud Ana María Vesga denunció actos de corrupción durante el Gobierno Petro: así respondió el exministro Guillermo Alfonso Haramillo

Con una extensa carta, que fue publicada en sus redes sociales, el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo rechazó en la mañana del miércoles 9 de septiembre las denuncias de presuntas irregularidades administrativas y hechos de corrupción presentadas por su sucesora en el cargo, Ana María Vesga: que con un fuerte pronunciamiento en los canales oficiales del Gobierno apuntó hacia la gestión del político tolimense.

Jaramillo sostuvo que la gestión presupuestal del ministerio se llevó a cabo conforme a los trámites legales. Y, ante la suspensión temporal de los contratos e investigaciones penales ordenadas por la nueva administración, el exjefe de cartera aseguró que los hallazgos de la Contraloría General de la República forman parte de auditorías ordinarias e instó a evaluar los avances de la cartera con base en los datos oficiales.

La controversia entre la administración saliente y la entrante, que quedó expuesta en los señalamientos de la administración de Abelardo de la Espriella y la dura reacción de Jaramillo, comenzó tras la alocución de Vesga: que anunció un plan de choque contra la intermediación y congeló contrataciones, convenios y adiciones tras detectar una diferencia de 2,9 billones de pesos entre los compromisos y giros efectivos.

A ello, según explicó la ministra, se sumó la revisión de 176 proyectos por 490.000 millones de pesos, de los cuales 108, con un valor de 365.604 millones de pesos, carecían de registro presupuestal al 7 de agosto, enfocándose en el 83% de ese valor en obras de infraestructura. Frente a este reporte, el exministro de Salud defendió la asignación de los recursos, con una extensa exposición que habló de los recursos a su cargo.

Según Jaramillo, que estuvo entre mayo de 2023 hasta el final del Gobierno de Gustavo Petro, la mayor parte de los 4,4 billones de pesos apropiados para la vigencia se dirigieron a dotación, transporte asistencial, equipos básicos y mantenimiento operativo de centros asistenciales en Colombia. Sobre el dinero pendiente de giro, indicó que el retraso obedeció al flujo regular de las autorizaciones gubernamentales.

“De esos recursos, $2,9 billones aún no habían sido obligados porque requerían la autorización del PAC (Programa Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda, una etapa normal del ciclo presupuestal previa al giro de los recursos”, afirmó el exministro, que añadió en su defensa que no se trataba de partidas sin destinación específica, sino de proyectos con sustento técnico y financiero.

Las observaciones de la Contraloría contaban con un plan de mejoramiento desde el 1 de agosto, según Jaramillo

A su vez, con respecto a la opinión contable negativa expedida por la Contraloría General de la República para el 2025, el exministro aseveró que los señalamientos corresponden a aspectos operativos que ya habían sido atendidos institucionalmente. Según Jaramillo, la entidad se posicionó en el primer lugar entre 236 organismos evaluados en el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (Furag) durante dicho año.

Este detalle evidenciaría, según dijo, la idoneidad en el manejo administrativo y financiero, por lo que sostuvo que el Gobierno de De la Espriella interrumpió la emisión de los registros presupuestales al rechazar el proceso de empalme. Esta determinación, a su juicio, afectó la continuidad de obras en municipios golpeados por el terremoto del 10 de agosto, que causó un fuerte impacto en la infraestructura médica.

“Las observaciones identificadas ya habían sido incorporadas en un plan de mejoramiento suscrito el 30 de julio de 2026, con inicio de ejecución el 1 de agosto, conforme a los lineamientos del órgano de control fiscal”, señaló Jaramillo, al reiterar que la presencia de auditorías ordinarias no debe presentarse como un indicio directo de detrimento fiscal o corrupción al interior del Ministerio de Salud en el anterior cuatrienio.

Fiscalía investiga la supuesta exigencia de comisiones del 8% a nombre del ministerio

El choque entre ambos, Vesga y Jaramillo, trascendió al plano judicial luego de que la ministra, que ofició como directora de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) antes de llegar al ministerio, radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación para investigar un audio en el que personas ajenas a la entidad mencionaban el pago de una comisión del 8% a nombre de la ministra.

Lo anterior, para agilizar gestiones de infraestructura, según expuso la misma funcionaria. “Los recursos de la salud no son la caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios ni políticos. Son de los hospitales, los medicamentos, los médicos, las enfermeras y los millones de colombianos que esperan ser atendidos”, enfatizó la jefa de la cartera, al ratificar la política de cero tolerancia frente a cobros irregulares.

Por su parte, su antecesor coincidió en la necesidad de que los organismos judiciales esclarezcan los hechos con celeridad, aunque cuestionó que se difundan acusaciones infundadas en el arranque de la nueva gestión gubernamental. “Estamos convencidos que la lucha contra la corrupción no se reduce a titulares de prensa, especulaciones o incriminaciones temerarias contra nadie sino a un proceso serio, responsable y respetuoso que conduzca a la verdad, la aplicación de la justicia y la reparación de los daños”, aseveró.