Francisco Barbosa respaldó el decreto sobre porte de armas firmado por Abelardo De la Espriella, pero advirtió que “hay que medir” su impacto

Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, respaldó la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de levantar la suspensión general del porte de armas en Colombia, aunque relacionó su defensa a una condición jurídica y operativa que permita, en ese orden de ideas, que el decreto se aplique con límites claros, dentro de la ley y bajo seguimiento estatal. Una postura con la que pidió un análisis riguroso de los a

En diálogo con Infobae Colombia, el extitular del órgano de investigación expresó su posición de que la firma del Decreto 1368 de 2026 establezca una reactivación, si se quiere, restringida de un permiso que ya existía para casos autorizados. Con ello, descartó que lo dispuesto por el jefe de Estado lleve a una apertura sin controles, como se ha expresado desde los sectores de la oposición tras conocerse la decisión.

“Hay que mirar con mucho detenimiento el decreto que expidió el Gobierno”, dijo el exfiscal, antes de subrayar que cualquier habilitación para portar armas debe quedar atada a “una serie de requisitos que son los que existen hoy en la ley”, expresó Barbosa, que con ello indicó que el eje de la discusión no debe ponerse en una supuesta liberalización total, sino en la forma concreta en que se ejecutará la medida definida.

Para el exfiscal, el cambio no equivale, a su juicio, a un esquema de libre circulación de armas, pues insistió en que en Colombia “no hay venta libre” y que el control sigue bajo monopolio del Estado a través de Indumil. De esta manera, marcó distancia con el modelo de Estados Unidos, en el que sí existe un mercado libre de restricciones para la comercialización, lo que en suelo norteamericano ha abierto una nueva discusión.

Es válido precisar que el decreto en mención levantó la suspensión general que durante años rigió como regla para el porte de armas de fuego en el país que, a juicio del Ejecutivo, fracasó, pues en lo corrido del año se ha reportado la incautación de 15.700 armas ilegales, de las cuales más de 14.100 estaban vinculadas con delitos. Esta fue una decisión vigente desde 2015, por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Barbosa negó que Colombia esté copiando el modelo de libre venta de armas de Estados Unidos

La comparación con el país norteamericano fue uno de los puntos que Barbosa buscó descartar de manera más enfática, pues ante la idea de que Colombia pudiera estar replicando experiencias extranjeras de amplia flexibilización, su respuesta fue tajante. “No, creo que nosotros tenemos nuestro propio modelo”, expresó a esta redacción, en medio de la discusión que se ha gestado en las redes sociales sobre el particular.

Asimismo, indicó que la diferencia de fondo está en la estructura legal de acceso al armamento. “El modelo que hay en los Estados Unidos es un modelo de venta libre de armas, por ejemplo, y de porte. Aquí no hay venta libre de armas en Colombia”, agregó Barbosa, que reiteró que, para fortuna, el Estado conserva el control del circuito legal de adquisición y autorización de las mismas, lo que da una base legal importante.

En efecto, ese esquema mantiene una forma de tutela institucional sobre quién puede acceder y bajo qué condiciones. Su argumento no fue el de una desregulación, sino el de una autorización estatal previa que luego se proyecta sobre el porte en el espacio público y que, como suele acontecer con cualquier medida definida, está sujeta a verificación del impacto sobre la sociedad civil, en un cambio de enfoque en seguridad.

Tenencia legal pierde sentido si el ciudadano no puede portar el arma, indicó Barbosa

Otro de los aspectos que fueron objeto de análisis para Barbosa, es la coherencia de la norma. Para el exfiscal, si una persona cumple con los filtros legales, compra un arma por los canales autorizados y recibe un permiso de tenencia, impedir de forma absoluta su porte vuelve difícil de sostener la lógica jurídica del sistema.

“Lo que existe ahora es un porte, y ese porte se da sobre la base de que alguien que cumplió con unos requisitos, que adquirió un arma, que le dieron un permiso de tenencia de esa arma, pues ahora puede portarla”, explicó el exfuncionario judicial, que fue claro en enfocar su posición en que esto no es abrir un derecho general e irrestricto, sino extender al espacio público una autorización cimentada al control previo.

“No tiene ningún sentido que se pueda comprar un arma a través del Estado, a través de Indumil, luego se le dé una licencia de tenencia y usted no pueda portarla”, añadió el exfiscal para ejemplificar la situación, en el sentido de que esa contradicción le parece “muy complicada desde el punto de vista de la explicación de esa norma jurídica”. De esta forma, se desmarcó de los señalamientos que se han hecho sobre el decreto.

En este orden de ideas, Barbosa describió la decisión de Abelardo de la Espriella como una “extensión de esa norma existente”, al referirse a la relación entre adquisición legal, permiso de tenencia y eventual autorización de porte. Así, aunque defendió el enfoque general, evitó presentar la decisión como una solución cerrada a un problema conexo: el mercado ilegal gestado pese a la prohibición que rigió durante 11 años.

El exfiscal pidió límites legales y monitoreo para evaluar si la medida funciona

En este punto, se enfocó en la necesidad de revisar la letra del decreto y medir sus efectos. “Debe tener unos límites y debe estar conforme con la ley”, sostuvo a Infobae Colombia, al hacer una comparación sobre el déficit de evaluación estatal en esta materia. “Habría que ver exactamente la aplicación y el resultado que eso tiene con una evaluación de la medida”, complementó Barbosa, que evitó hacer un prejuzgamiento.

Según su análisis, uno de los problemas del debate es que las restricciones y suspensiones previas tampoco fueron medidas con suficiente precisión. “En Colombia no se han hecho evaluaciones de la medida, por ejemplo, de la suspensión”, indicó el exfiscal, que fue claro en expresar que no se ha podido medir con claridad cuáles fueron los resultados de esa política, por tanto no se puede calificar la medida como “buena” o “mala”.

En consecuencia, el exfiscal hizo su aporte hacia lo que debería ser la implementación del nuevo decreto. “Lo que hay que hacer es un monitoreo de la aplicación de ese porte para hacer una evaluación de esa política pública en Colombia”, puntualizó a esta redaccioón, al expresar que la discusión de fondo no termina con la firma de la norma, sino que apenas empieza con su ejecución, para lo cual espera rigurosidad.

Barbosa ató su respaldo al programa de Gobierno y a casos específicos autorizados

Por último, Barbosa también relacionó la medida dentro del mandato político del actual Ejecutivo, que incluyó entre sus promesas este apartado y dijo que esa orientación “es parte de su programa de gobierno”. Con esto, recordó que el resultado electoral dio paso a decisiones de este tipo, aunque remarcó que los objetivos políticos no reemplazan al examen jurídico, pero sí explica por qué el Gobierno tomó ese camino.

Así resumió en lo que, para él, representa este paso dado por el primer mandatario. “No es un decreto de libre porte de armas en Colombia, sino un decreto que retoma la posesión y el porte en casos específicos que tienen autorización”, puntualizó el exfiscal, que trazó una diferenciación entre un esquema condicionado y la idee de una apertura general. “Habrá que ver si tiene la eficacia que el Gobierno quiere”, finalizó Barbosa.