Registrador confirmó que hay plata para las elecciones regionales de 2027, pero podría haber problemas con la expedición de cédulas: “Golpea a los ciudadanos”

Hernán Penagos Giraldo, que funge como registrador nacional del Estado Civil, indicó que la entidad tiene garantizados los recursos para el desarrollo de las elecciones regionales en Colombia, que se llevarán a cabo el 31 de octubre de 2027, aunque advirtió, en diálogo con los medios de comunicación, que la entidad registra un déficit de recursos para atender servicios esenciales a los ciudadanos, por lo que elevó una voz de alerta.

De acuerdo con Penagos Giraldo, la Registraduría necesita de al menos $360.000 millones para atender ervicios de registro civil e identificación, entre ellos la expedición de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad. Así pues, expuso las necesidades del ente ante las Comisiones Económicas del Congreso, que discuten el Presupuesto General de la Nación (PGN) que regirá para 2027, radicado en $634,9 billones.

Penagos confirmó que los cerca de $6 billones requeridos para organizar los comicios territoriales están asegurados. La entidad prevé poner en marcha el calendario electoral el 31 de octubre de 2026, un año antes de la jornada de votación, en la que se configurará un nuevo panorama político en los territorios, con miras al periodo 2028-2031, que coincidirá en un alto porcentaje con del presidente Abelardo de la Espriella.

“Hoy tenemos garantizados los recursos para las elecciones regionales del año entrante y el próximo 31 de octubre se lanza el calendario electoral”, afirmó el registrador, que fue claro en ese aspecto. “No tenemos dificultades para garantizar el proceso electoral”, agregó el titular de la Registraduría, en relación con los rubros que se requieren para efectuar los comicios que elegirán a los nuevos mandatarios locales.

El déficit se concentra en cédulas, tarjetas de identidad y registro civil

Según expresó el registrador Penagos, la insuficiencia de recursos puede trasladarse a los usuarios que requieran expedir, renovar o reclamar sus documentos, y que en consecuencia quieran hacer parte del censo electoral para esta contienda. La entidad, es válido destacar, es la encargada de acreditar la identidad de los colombianos, como la inscripción en el registro civil y la emisión de otro tipo de documentos.

“Cualquier reducción en el presupuesto para registro civil e identificación golpea a los ciudadanos porque va a tener dificultades para solicitar su documento de identidad”, advirtió el titular de la Registraduría, aunque no expresó si este faltante podría paralizar, en el corto plazo, los servicios que presta a la ciudadanía, teniendo en cuenta que no se cobra por la expedición de documentos por primera vez, sino por duplicados.

En ese sentido, Penagos explicó que la situación tiene una conexión directa con el censo electoral, que reúne a los ciudadanos habilitados para votar. La actualización de ese registro depende, entre otros elementos, de la información derivada de los servicios de identificación y registro civil; y que en las pasadas elecciones presidenciales fue de 41.421.973 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto.

Con ello, la advertencia expresada por el registrador Penagos Giraldo se dio a conocer mientras la Registraduría se prepara para uno de los procesos con mayor despliegue territorial en Colombia. En las elecciones regionales de 2027 se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para el periodo que comenzará el 1 de enero de 2028 y terminará el 31 de diciembre de 2031.

En efecto, la jornada definirá 32 gobernaciones, 1.102 alcaldías, 418 curules en asambleas departamentales, 12.072 puestos en concejos municipales y distritales, además de 6.885 cargos en las Juntas Administradoras Locales (JAL). Para esta jornada, las autoridades electorales deberán organizar la inscripción de candidaturas, la logística, la designación de jurados, la instalación de mesas y el escrutinio.

Según datos de la Registraduría, el proceso podría involucrar más de 120.000 candidaturas en todo el país. Ante esta panorama, la Registraduría trabaja con el Ministerio de Hacienda y las Comisiones Económicas para buscar una solución al faltante y será entonces la discusión del PGN el que determinará si la entidad puede cubrir las necesidades de registro civil e identificación sin afectar la atención a los ciudadanos.