Gustavo Petro había suspendido la extradición de ‘Mocho Olmedo’, ahora la Fiscalía lo imputó por reclutamiento de menores, homicidio y desplazamiento forzado

La Fiscalía imputó a Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, por homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y concierto para delinquir por hechos ocurridos durante la confrontación armada en Catatumbo en enero de 2025, una causa que se suma al proceso por el que permanece recluido en La Picota mientras espera su extradición a Estados Unidos.

“La Fiscalía General de la Nación imputó a Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, uno de los señalados cabecillas del frente 33 de las disidencias de las Farc como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito”, se observa en el comunicado emitido por el ente acusador.

La acusación incluye 31 casos de desplazamiento forzado entre el 16 y el 20 de enero de 2025, con 84 personas obligadas a salir de sus viviendas en Tibú y El Tarra, además del presunto reclutamiento ilícito de 31 menores de edad para estructuras armadas con presencia en la región.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Henao Gutiérrez sería uno de los principales articuladores de la confrontación entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN, un choque armado que comenzó el 16 de enero de 2025 en distintos puntos del Catatumbo, en Norte de Santander.

“De acuerdo con la investigación dirigida por un Grupo de Tareas Especiales conformado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la Unidad Especial de Investigación y la Seccional Norte de Santander, alias Mocho Olmedo sería uno de los articuladores principales de la confrontación armada con ELN, que inició en 16 de enero de 2025 en diferentes sectores del Catatumbo (Norte de Santander)”, se añade en el documento.

Uno de los hechos que sustentan la imputación es el asesinato de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en Tibú. Según la investigación, el 17 de enero de 2025 hombres armados entraron a la vivienda de la víctima, la sacaron por la fuerza y la llevaron hasta una zona despoblada cercana a una mina de carbón, en la que la mataron.

La Fiscalía atribuye ese crimen al contexto de la escalada armada que dejó a varias comunidades en medio de la disputa por el control territorial. En el expediente, el organismo sostiene que alias Mocho Olmedo tuvo un papel central en esa ofensiva.

La audiencia se realizó desde La Picota mientras sigue pendiente su envío a Estados Unidos

Henao Gutiérrez participó de manera virtual en la audiencia desde un pabellón de la cárcel La Picota, en Bogotá. No aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Su situación judicial se desarrolla al mismo tiempo que sigue en curso el trámite para su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por autoridades de ese país. Antes, esa entrega había sido suspendida durante el gobierno de Gustavo Petro mientras actuaba como delegado del Frente 33 en los diálogos de la política de paz total.

“Henao Gutiérrez no aceptó los cargos. Atendió la audiencia de manera virtual desde un pabellón de la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanece recluido a la espera de que se surtan los trámites para su extradición a Estados Unidos”, concluye el comunicado.

La suspensión se adoptó en junio de 2025, después de que la Corte Suprema hubiera emitido concepto favorable a la extradición. Esa decisión abrió un debate sobre el alcance de las negociaciones del Gobierno con grupos armados.

A ese episodio se sumó otra controversia en 2025: la permanencia de Henao Gutiérrez durante cerca de 55 días en un apartamento de Chapinero bajo un esquema de custodia que, durante un periodo, estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia, en lugar de permanecer en un centro carcelario.

Después, el Gobierno revirtió la protección derivada de los diálogos y reactivó los requerimientos judiciales. Desde entonces, el jefe disidente permanece detenido mientras avanza el proceso para su envío a territorio estadounidense.