El ministro de Hacienda confirmó que el Gobierno pedirá $1,2 billones para evitar riesgos de apagón y lanzó dura crítica: “Este sector sobrevivió a Irene Vélez”

El gobierno de Abelardo de la Espriella presentará un proyecto de ley para obtener $1,2 billones adicionales al Presupuesto General de la Nación (PGN). Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ante la Comisión Quinta del Congreso de la República.

La medida, que va con mensaje de urgencia y es impulsada en conjunto con el Ministerio de Minas, busca sostener la liquidez de las empresas de energía durante el periodo de sequía que genere el fenómeno de El Niño y así evitar riesgos sobre el suministro.

Gómez también planteó atender una deuda cercana a $7 billones, revisar subsidios con criterios de focalización, estudiar fórmulas de arrendamiento financiero para pagos rezagados y destinar regalías a redes de transmisión.

El funcionario justificó la urgencia con una advertencia directa sobre el abastecimiento: “Lo vamos a hacer porque necesitamos ese dinero y no vamos a dejar que el país se apague”. Además, insistió en que la iniciativa debe avanzar con trámite acelerado.

“Vamos a presentar un proyecto con mensaje de urgencia para conseguir uno punto dos billones de pesos que necesitamos para poder seguir financiando las medidas de liquidez que necesitamos mientras pasa el fenómeno de El Niño”, dijo. Gómez remarcó la prioridad legislativa del proyecto: “Tiene que tener mensaje de urgencia y de urgencia absoluta, absoluta”.

La intervención incluyó además un plan de emergencia de liquidez para las empresas de energía, con el fin de que puedan atender el abastecimiento de generación térmica. Reconoció que esa salida tiene costos para el Estado, pero sostuvo que las condiciones actuales obligan a evaluar opciones para mantener el servicio.

Deuda del sector y cuestionamientos al gobierno Petro

El ministro de Hacienda también se refirió a las obligaciones acumuladas en el sistema. Según dijo, la actual administración, que lleva un mes en funciones, no puede cargar por sí sola con el origen de esa situación. Precisó que el sector arrastra una deuda cercana a $7 billones y que esa cuenta deberá asumirla el actual Gobierno. “La deuda de los $7 billones la tenemos que pagar nosotros. ¿Quién dejó que se llegara a ese dinero?”, cuestionó.

Gómez se preguntó por el desempeño de los exministros de Minas y Energía Irene Vélez y Edwin Palma durante su paso por la cartera, y lamentó: “Este sector sobrevivió a Irene Vélez. Es que difícil, difícil, un reto más grande para un sector tan importante como el de tener una persona que no solo nunca entendió, sino nunca quiso entender de qué se trataba este sector”.

Añadió: “Después vino el ministro Palma, que entendía un poco más, pero no hizo nada. Entonces, cuatro años de inacción sí generan unos problemas estructurales muy serios”.

Cuentas del Gobierno para sostener al sector energético

En materia presupuestal, el ministro Gómez detalló los recursos con los que cuenta el sector para 2027:

• El Ministerio de Minas dispone de $2,5 billones en el Presupuesto General de la Nación.
• A ese monto se suma un espacio de $1,6 billones por medio de una vigencia futura que, según el ministro, habría sido liberada por la exministra.
• Con ambos rubros, el presupuesto del sector llegaría a $4,1 billones en 2027.

Gómez presentó esas cifras como parte de la defensa de su gestión frente a la crisis de liquidez. Argumentó que el Gobierno apenas completa un mes en funciones y que la respuesta actual busca contener un problema previo, no creado en este periodo.

Subsidios, pagos rezagados y focalización de las ayudas

Otro eje de la intervención fue el pago de subsidios de energía. Explicó que esos desembolsos operan con un trimestre de rezago y precisó que en enero de 2026 se pagaron los correspondientes al último trimestre de 2025.

Para cubrir los subsidios del último trimestre, el Gobierno estudia alternativas de financiación. Entre ellas, Gómez mencionó fórmulas de arrendamiento financiero para atender esas obligaciones sin abrir un problema adicional cuando termine el fenómeno de El Niño.

La discusión incluyó el diseño mismo del esquema de ayudas. Dijo que está de acuerdo con tarifas diferenciales, pero pidió definir con precisión quién recibe el beneficio, quién lo financia y por cuánto tiempo. Su criterio sobre ese punto fue explícito. “Yo soy enemigo de los subsidios generales, porque no veo por qué hay que subsidiar a los ricos”, afirmó.

Regalías, empresas públicas y debate sobre el modelo energético

Para la costa Caribe, el ministro de Hacienda defendió mantener apoyos al servicio de energía, aunque pidió acompañarlos con una política de largo plazo. El planteamiento apunta a reducir de manera gradual la dependencia de los subsidios en esa región.

Dentro de esa estrategia, propuso aumentar la generación solar y eólica en la zona. Gómez vinculó esa apuesta con la necesidad de aliviar las condiciones que presionan las tarifas y el gasto público destinado a subsidios. También habló de las empresas de energía en manos de entidades públicas; según dijo, varias afrontan problemas en sus estructuras administrativas y en sus costos, lo que exige mayores controles y seguimiento.

En ese punto endureció el tono sobre el manejo de esas compañías. “Este Gobierno tiene que empezar a decir no. Hay que ponerle coto”, sostuvo.

Gómez sumó a esa discusión la cultura de pago en algunas zonas del país y la responsabilidad de gobernadores y alcaldes. A su juicio, las entidades territoriales deben participar en la búsqueda de soluciones porque las fallas del servicio golpean de forma directa a sus comunidades.

También propuso reorientar parte de los recursos de regalías hacia obras de infraestructura eléctrica. “¿Por qué no cogemos la plata de regalías y modernizamos las redes de transmisión?”, planteó ante la Comisión Quinta.

Argumentó que regiones como la costa Caribe enfrentan exigencias particulares para su infraestructura por factores como la temperatura, el agua, la salinidad y el viento. A la vez, rechazó que una nacionalización del sector eléctrico sea la salida a los problemas actuales. Miguel Gómez Martínez sostuvo que convertir el sistema en un monopolio público no resolvería esas dificultades y señaló que el Gobierno no acompañará una propuesta en ese sentido.