Experto explicó qué cambia con el decreto que levantó la suspensión del porte de armas en Colombia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó este 8 de septiembre el Decreto 1368, que levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, una medida que, según el abogado Óscar Jiménez, elimina un trámite adicional para los ciudadanos que aspiren a obtener esa autorización.

El especialista en derecho penal y criminología sostuvo en Caracol Radio que el cambio no habilita el porte libre de armas. Afirmó que las personas interesadas deberán conservar los requisitos, controles y permisos exigidos por las autoridades competentes.

La decisión presidencial pone fin a la suspensión general que restringía el porte de armas y que, de acuerdo con la explicación de Jiménez, obligaba a ciertos solicitantes a gestionar una autorización especial, aparte del permiso ordinario.

La medida elimina un permiso adicional que se renovaba cada año

Jiménez indicó que el esquema anterior incluía excepciones para determinados titulares de permisos. Quienes no encajaban en esas situaciones debían pedir un aval especial de forma anual y esperar su aprobación.

“Lo que hace es eliminar la figura jurídica” que imponía ese permiso adicional, explicó el abogado a la emisora. El cambio recae sobre ese trámite extraordinario y no sobre los controles previstos para autorizar la tenencia o el porte de armas.

El experto señaló que una persona puede acceder a un arma de fuego si reúne las exigencias legales y obtiene la autorización luego de los procedimientos establecidos. Entre los criterios que mencionó están la justificación económica, la acreditación de riesgo, los exámenes médicos y una entrevista.

Los permisos seguirán bajo control de las autoridades competentes

El presidente De la Espriella afirmó que la norma no implica un “porte indiscriminado”. En un mensaje divulgado en su cuenta de X, sostuvo que seguirán vigentes las condiciones y autorizaciones exigidas por el Estado.

“Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes”, manifestó el jefe de Estado al anunciar la firma del decreto. También aseguró que su administración enfocará sus acciones en las armas que circulan de manera ilegal.

Según cifras citadas por el mandatario, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026. De ese total, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos, de acuerdo con su publicación.

La decisión provocó reacciones enfrentadas entre dirigentes políticos. Unos defendieron que se reabre un proceso legal estricto para ciudadanos con salvoconducto, mientras otros anunciaron demandas y advirtieron que la medida puede aumentar la violencia y los homicidios.

El senador Carlos Fernando Motoa celebró la decisión y dijo que el país regresa al modelo que existía en 2015. También sostuvo que la medida elimina abusos como el “porte especial”, que, a su juicio, impedía que ciudadanos respetuosos de la ley contaran con herramientas de protección aun con salvoconducto.

Motoa añadió que la decisión encamina a Colombia hacia una política de registro y control. Según dijo, esa línea resulta necesaria para contrarrestar el tráfico, la posesión y el porte ilegal en Cali y en departamentos como el Valle.

“Un doble permiso que impedía que los ciudadanos respetuosos de la Ley contaran con herramientas de protección aún teniendo salvoconducto. Con esta decisión Colombia avanza hacia una verdadera política de registro y control. Algo indispensable para contrarrestar el tráfico, posesión y porte ILEGAL en ciudades como Cali y dptos. como el Valle.“, indicó.

La senadora Esmeralda Hernández anunció que demandará el decreto y lo definió como una medida peligrosa. En su primera reacción, sostuvo que “pretende legalizar el porte de armas” y advirtió que armar a la ciudadanía no mejorará la seguridad.

Hernández afirmó que, en un país con altos niveles de intolerancia, una discusión cotidiana puede escalar a una confrontación armada. También señaló que, tras la restricción nacional al porte entre 2015 y 2016, el Ministerio de Defensa reportó una reducción inicial del 13% en los homicidios.