Así reaccionó el país político tras la firma del decreto que levanta la suspensión para el porte de armas de fuego en Colombia: “No contienen la violencia”

El porte de armas en Colombia volvió a dividir al país político después de que el presidente Abelardo de la Espriella firmó el 8 de septiembre de 2026 el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para portar armas de fuego en Colombia.

La decisión provocó reacciones enfrentadas entre dirigentes políticos. Unos defendieron que se reabre un proceso legal estricto para ciudadanos con salvoconducto, mientras otros anunciaron demandas y advirtieron que la medida puede aumentar la violencia y los homicidios.

De la Espriella explicó en X que la medida corrige una restricción que, según dijo, afectó a quienes cumplen la ley mientras los criminales siguieron armándose de forma ilegal.

El anuncio abrió un choque político sobre si el decreto fortalece la protección ciudadana o si amplía el riesgo de una escalada armada.

Los apoyos al levantamiento de la suspensión

El senador Carlos Fernando Motoa celebró la decisión y dijo que el país regresa al modelo que existía en 2015. También sostuvo que la medida elimina abusos como el “porte especial”, que, a su juicio, impedía que ciudadanos respetuosos de la ley contaran con herramientas de protección aun con salvoconducto.

Motoa añadió que la decisión encamina a Colombia hacia una política de registro y control. Según dijo, esa línea resulta necesaria para contrarrestar el tráfico, la posesión y el porte ilegal en Cali y en departamentos como el Valle.

“Un doble permiso que impedía que los ciudadanos respetuosos de la Ley contaran con herramientas de protección aún teniendo salvoconducto. Con esta decisión Colombia avanza hacia una verdadera política de registro y control. Algo indispensable para contrarrestar el tráfico, posesión y porte ILEGAL en ciudades como Cali y dptos. como el Valle.“, indicó.

La exsenadora María Fernanda Cabal enmarcó el debate en la defensa personal y familiar. “El porte legal es el derecho a defender la vida y la familia”, afirmó, tras sostener que durante años el ciudadano honesto quedó indefenso frente a criminales armados.

El representante Daniel Briceño rechazó que la medida implique una apertura sin filtros. Señaló que la decisión solo levanta la prohibición generalizada que impedía iniciar el proceso de porte legal y remarcó que ese trámite es estricto y está establecido por ley.

Briceño insistió en que “no habrá una entrega indiscriminada de armas a los ciudadanos”. Con ese mensaje, respondió a las críticas que presentan la medida como una liberalización amplia del acceso a armas.

“Antes que comiencen con las mentiras, lo que acaba de hacer el gobierno de Abelardo De La Espriella es levantar la prohibición generalizada que impedía a los ciudadanos iniciar el proceso de porte legal de armas. Eso significa que nuevamente los ciudadanos podrán aplicar al proceso que es estricto y que es establecido por ley. No habrá una entrega indiscriminada de armas a los ciudadanos”, señaló.

Las críticas que alertan sobre más violencia

La senadora Esmeralda Hernández anunció que demandará el decreto y lo definió como una medida peligrosa. En su primera reacción, sostuvo que “pretende legalizar el porte de armas” y advirtió que armar a la ciudadanía no mejorará la seguridad.

Hernández afirmó que, en un país con altos niveles de intolerancia, una discusión cotidiana puede escalar a una confrontación armada. También señaló que, tras la restricción nacional al porte entre 2015 y 2016, el Ministerio de Defensa reportó una reducción inicial del 13% en los homicidios.

La senadora agregó que las experiencias de Estados Unidos, Brasil, México y Guatemala muestran, según su planteamiento, que facilitar el acceso a las armas no resuelve la inseguridad. Para Hernández, esa ruta puede convertirse en un detonante de más violencia y criminalidad.

El senador Wally formuló una crítica similar y preguntó si la respuesta a la inseguridad consiste en “armar a la víctima y legalizarle el porte al delincuente”. A su juicio, más armas no corrigen una justicia débil y solo garantizan que, cuando falle, haya más gente disparando.

Wally reclamó una reforma penal centrada en la reincidencia, el cumplimiento efectivo de penas y castigos ejemplares a criminales violentos. También citó a Estados Unidos como un espejo negativo y afirmó que su tasa de homicidios con armas es 25 veces mayor que la de otros países ricos.

El exembajador Camilo Romero sostuvo que el decreto no traerá más seguridad. “Las armas no contienen la violencia: la multiplican”, afirmó, antes de advertir que la medida implicará más riesgo, más violencia y más muerte.

Romero contrapuso al decreto la necesidad de que el Estado desarme a los criminales en lugar de armar a la ciudadanía. Así quedó expuesta la diferencia central entre quienes defienden la medida como una vía de defensa legal y quienes la ven como un factor de mayor costo humano.

“Las armas no contienen la violencia: la multiplican. El decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia no traerá más seguridad, sino más riesgo, más violencia y más muerte. Colombia necesita un Estado que desarme a los criminales, no un gobierno que arme a la ciudadanía (sic)”, expresó.