
Los refugios de Bendito Menor quedaron bajo la lupa de la Fiscalía después del abatimiento de Naín Andrés Pérez Toncel, jefe de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, y de su pareja Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita.
Según información conocida por El Tiempo, las autoridades buscan ahora a lugartenientes de la estructura que mantenían operaciones en La Guajira y Santa Marta. Los investigadores revisan documentos obtenidos durante allanamientos que describen inmuebles, rutas y mecanismos de vigilancia.
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El esquema de protección de alias Bendito Menor combinaba viviendas usadas como escondites, vigilancia electrónica en Santa Marta y una red de personas que, de acuerdo con documentos obtenidos por el diario nacional, observaba los alrededores del aeropuerto de Riohacha. Los allanamientos permitieron inutilizar equipos y recoger armas y papeles que orientaron la investigación.
Un acta de la Fiscalía fechada el 12 de junio contenía datos sobre los refugios del cabecilla y sobre sus desplazamientos. Esa información permitió avanzar sobre lugares que, según el expediente, funcionaban como puntos de resguardo.
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron cinco allanamientos en el barrio 11 de Noviembre de Santa Marta. En las diligencias participaron el Gaula Militar y unidades de la Segunda Brigada del Ejército Nacional.
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Los procedimientos apuntaban al componente logístico y armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. La Fiscalía buscaba identificar inmuebles desde los cuales la organización habría coordinado extorsiones, secuestros, homicidios y tráfico local de estupefacientes.
Las autoridades identificaron e inutilizaron un circuito cerrado de videovigilancia instalado en el sector. El sistema incluía cámaras, drones y otros dispositivos electrónicos destinados a advertir la llegada de las fuerzas de seguridad.
Durante las diligencias fueron incautados cuatro fusiles y un rifle, además de un arma traumática, cuatro miras telescópicas, libretas y documentación. Los papeles contenían datos sobre presuntos negocios de narcotráfico y direcciones de predios vinculados al círculo de Pérez Toncel.
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Un escolta conocía el sector cercano al aeropuerto de Riohacha
La investigación también se concentró en los dos hombres que acompañaban al jefe criminal. Ambos eran objeto de seguimiento por parte de agentes de inteligencia, de acuerdo con la información conocida por el diario.
Uno de ellos era Keiner José Moscote Martiz, alias Casi Loco. Los investigadores establecieron que su padre era oriundo del corregimiento de Galán, en la zona rural de Riohacha, y que su madre procedía de Villanueva, en La Guajira.
El hombre vivía en el barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto Almirante Padilla. Un investigador consultado por El Tiempo sostuvo que la ubicación podía ayudarle a controlar los movimientos en la zona y a detectar quién ingresaba o salía del área.
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Según esa fuente, “Casi Loco” contaba con informantes en esquinas y calles próximas a la vivienda donde fueron abatidos Pérez Toncel, Tarazona y sus escoltas. Los agentes analizan si su conocimiento del barrio fue determinante para que el cabecilla llegara a ese lugar.
El expediente revisado por el medio también lo vincula con un proceso anterior por tráfico y porte de armas. En ese caso recibió una condena de cuatro años de prisión domiciliaria y, para justificar el armamento que llevaba, afirmó que era cazador.
La cacharrería y los negocios que figuraban a nombre de los escoltas
Los documentos consultados señalan que Moscote Martiz aparecía como comerciante en Riohacha. Para oficiales de la Policía, su capacidad económica procedía de actividades ilegales y de pagos de la organización dirigida por “Bendito Menor”.
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En enero de 2022 abrió la Cacharrería KJMM, dedicada a la venta minorista de artículos y utensilios domésticos. El negocio estaba a tres cuadras del aeropuerto, dentro del barrio Los Olivos.
Para 2025, el establecimiento registraba 41 millones de pesos en activos. La cercanía con el sitio donde se produjo el operativo reforzó el interés de los investigadores sobre las actividades de Moscote Martiz.
El segundo escolta abatido era Orlando Javier Paternina Ricardo. En registros consultados por las autoridades figuraba como comercializador de vehículos usados, ganadero y vinculado a obras de ingeniería civil y transporte de pasajeros en Riohacha.
Paternina Ricardo tenía una oficina en el barrio Buenos Aires. Los documentos indicaban que para 2025 registraba 14 millones de pesos en ingresos.
Las autoridades siguen la pista de bienes que habrían sido utilizados por el jefe criminal y sus hombres. Parte de los inmuebles habría sido alquilada mediante aplicaciones de rentas cortas, entre ellas Airbnb.
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La Fiscalía podría iniciar procesos de extinción de dominio si establece una relación entre esas propiedades y las actividades de la estructura criminal.
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