Defensa de Olmedo López señaló al expresidente Gustavo Petro de interferir en su investigación por el escándalo de la Ungrd: “Pueden atentar contra su vida”

El Juzgado 04 Penal del Circuito Especializado de Bogotá realizó la audiencia de verificación del preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y Olmedo de Jesús López Martinez, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), vinculado al entramado de corrupción de la entidad durante el gobierno de Gustavo Petro.

Durante la cita judicial desarrollada el lunes 7 de septiembre de 2026, la defensa del exfuncionario expuso sus razones para avalar esta petición judicial, al considerar que su cliente ha sido fundamental en la investigación por los presuntos direccionamientos de contratos en la entidad nacional, con el propósito de obtener respaldos en el Congreso de la República.

Esa cooperación, sostuvo su abogado José Moreno Caballero, derivó en la vinculación de exministros, congresistas, excongresistas, empresarios y contratistas. Incluso, el jurista enfatizó en que la colaboración de su defendido ha sido “inquebrantable” pese a las presiones constantes que, según él, recibió de personas con poder para que dejara de declarar ante las autoridades.

“La Fiscalía ha reconocido que esa colaboración produjo riesgo para su vida y la seguridad de su familia. Olmedo López, él mismo ha relatado lo que significa pasar de una posición de poder dentro del Estado a vivir privado de la libertad, sometido a medidas especiales de seguridad”, manifestó.

Entre las personas que estarían detrás de dichas intimidaciones, según Moreno Caballero, se encuentran “el expresidente de la República, el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo en su cuenta de Twitter, el exministro de Hacienda”, aunque evitó decir los nombres de los mencionados para “convertirlo en víctimas de sus propios delitos o de sus propias actuaciones”.

A ello, recalcó que, por los ataques públicos que su cliente sufrió por parte de Petro, radicó una solicitud en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por la presunta interferencia que tuvo el exmandatario en el proceso judicial, hecho que lo ha puesto en riesgo la vida de su cliente.

“No es lo mismo declarar en contra o llegar al subir al ring a pelear contra Mike Tyson o contra un campeón, a subirse a pelear contra cualquier, eh, boxeador principiante o amateur (...) cuando se tiene semejante poder en contra de un testigo, amedrentándolo, tratando de callarlos, intentando sobornarlos, y donde las últimas amenazas que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía y que no fueron públicas por peticiones del señor Olmedo López, fueron las amenazas de grupos al margen de la ley”, denunció.

Pese a ese escenario, la defensa afirmó que López continuó entregando pruebas sobre la forma en que se adjudicaron contratos millonarios de obra e interventoría, con omisión de los principios básicos de la contratación pública. Ese material, según el defensor, fue incorporado a los procesos que avanzan en distintas instancias.

En cuanto al cumplimiento de su condena privativa de la libertad, el abogado José Moreno Caballero sugirió que Olmedo López pueda efectuar su pena en una guarnición militar.

“No solamente al señor Olmedo López le pueden hacer un daño y pueden atentar contra su vida, que además se ha manifestado, y por parte también del batallón, que hay un riesgo de francotiradores y por eso el señor Olmedo López solamente puede cursar por ciertas partes del establecimiento”, indicó.

López aceptó en el preacuerdo su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. Ese es el acuerdo cuya aprobación volvió a solicitar su defensa ante la Fiscalía General y el juez competente.

La aprobación no ha prosperado hasta ahora por un problema puntual: el reintegro de los recursos apropiados. El acuerdo ya fue rechazado dos veces por fallas en ese componente, que sigue siendo el obstáculo procesal para que quede en firme.

Ante la petición de la defensa de Olmedo López, el juzgado de Bogotá fijó la lectura de sentencia para el 14 de diciembre donde el tribunal decidirá si avala o no el preacuerdo entre el exdirector de la Ungrd y la Fiscalía General de la Nación.