Ministro del Interior informó que el Gobierno apelará fallo que ordena suspender bombardeos por sospecha de presencia de niños: “Absurdo”

El Juzgado 34 de Familia de Bogotá decretó una medida provisional mediante la cual se ordena la suspensión de operaciones aéreas ofensivas en zonas donde se sospeche sobre la presencia de menores de edad.

La instrucción impartida está dirigida a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares, al Ejército Nacional, a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y a la Armada Nacional, y responde a una acción de tutela presentada por el ciudadano Ower Jimmy Borda Parra, que actúa como agente oficioso de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados.

“Mientras se profiere decisión de fondo en la presente acción de tutela, se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados, hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias”, se lee en el documento del juzgado.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció a través de su cuenta de X sobre la providencia del juzgado. Aseguró que las decisiones de la justicia deben ser respetadas, pero también estudiadas y criticadas. En ese sentido, cuestionó la orden de no realizar ninguna operación aérea ofensiva cuando “exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable” relacionada con la presencia de menores de edad en los puntos de ataque de la fuerza pública.

Según el jefe de la cartera, esa instrucción es amplia y, por tanto, poco clara, puesto que se desconoce en qué momento un dato sobre la presencia de niños en una zona de bombardeo puede encajar en los criterios establecidos por el juzgado. Sin tener certeza sobre ello, no es posible adelantar ninguna operación militar desde el espacio aéreo.

“¿Qué significa, en términos operacionales, “razonablemente verificable”? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible. En un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a menores de edad, un estándar tan abierto termina haciendo materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos”, precisó el funcionario en su publicación.

De acuerdo con la explicación del ministro, teniendo en cuenta este panorama, se debió prohibir la ejecución de bombardeos en cualquier escenario. En todo caso, indicó que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella está cumpliendo con su obligación de proteger a los menores de edad, pero también ordena el desarrollo de operaciones aéreas ofensivas para combatir a las organizaciones armadas, pese a que tiene conocimiento de que tienen entre sus filas a niños reclutados.

Aseguró que abstenerse de ejecutar esas operaciones por el hecho de que los grupos armados recurren al reclutamiento forzado de menores de edad supone un riesgo, debido a que se estaría otorgando inmunidad a los criminales.

“Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este gobierno. Pero convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas, termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo”, precisó.

En consecuencia, informó que el Gobierno nacional recurrirá a los recursos de ley para que se revoque la medida provisional decretada por el juzgado, la cual calificó de “absurda”. “Este fallo absurdo e inconstitucional, será apelado”, indicó.

Es importante recordar que, bajo la administración de De la Espriella, la fuerza pública adelantó una operación ofensiva en el municipio de El Retorno, ubicado en el departamento de Guaviare, que derivó en la muerte de tres menores de edad. Se trata de la Operación Amón, ejecutada el 27 de agosto, la cual implicó un bombardeo.

Por estos hechos, la congresista Jennifer Pedraza presentó una proposición para el desarrollo de un debate de control político dirigido al ministro de Defensa Nacional, general (r) Jorge Eduardo Mora López, y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos.