El Gobierno ordenó suspender cuatro emisoras de paz por falta de concesión, entre señalamientos de censura

El Gobierno colombiano, a través del Sistema de Medios Públicos Inravisión, ordenó la suspensión temporal de las transmisiones de cuatro ‘emisoras de paz’ en Buenaventura (Valle del Cauca), Agustín Codazzi (Cesar), Riosucio (Caldas) y Tierralta (Córdoba), debido a que estas estaciones comenzaron a operar en 2024 sin completar el proceso legal de concesión requerido, según confirmó la gerente de la entidad, Ángela María Mora Soto.

A través de un comunicado emitido desde Presidencia, la funcionaria explicó que la medida se tomó tras una revisión administrativa, jurídica y técnica realizada desde su llegada a Inravisión.

De acuerdo con el reporte enviado por la entidad, actualmente los trámites administrativos para las concesiones de estas cuatro emisoras —procesos bajo responsabilidad del Ministerio TIC— continúan en revisión y no se ha emitido la autorización definitiva para su funcionamiento.

La suspensión de las transmisiones, según detalló la comunicación, tiene carácter temporal y permanecerá vigente hasta que finalicen los procedimientos y se obtengan las autorizaciones requeridas. La entidad remarcó que se trata de una decisión institucional orientada a garantizar el estricto cumplimiento de la normativa sobre el uso del espectro radioeléctrico nacional, el cual constituye un bien público.

Por otra parte, y ante los señalamientos que se vienen sucediendo durante las últimas semanas, Inravisión enfatizó que la medida adoptada no responde a motivos políticos ni editoriales y descartó que implique el cierre definitivo de las Emisoras de Paz. El comunicado sostiene que la decisión no representa censura y tiene por objeto asegurar la operación de los medios bajo estándares de legalidad.

A su vez, el documento enmarcó esta postura en la intención del presidente Abelardo De La Espriella de priorizar una gestión transparente de los bienes públicos y el respeto por los procedimientos administrativos, incluidos los regulados sobre el espectro.

“Defender las Emisoras de Paz no puede significar pasar por encima de las normas. La paz también se respeta construyendo instituciones sólidas”, declaró la gerente Mora Soto a nombre de la administración.

La entidad señaló que continuará gestionando la regularización de la situación jurídica de las emisoras para que las transmisiones puedan reanudarse una vez cumplidos los requisitos legales. Inravisión subrayó que la prioridad es proteger y fortalecer la misión comunicativa de las Emisoras de Paz en sus respectivas comunidades.

La comunicación se produce semanas después de que la Defensoría del Pueblo pidiera al Gobierno revisar la suspensión de contenidos de las 20 Emisoras de Paz, que ahora solo transmiten música, al advertir que fueron creadas tras la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en 2016, que llevó a la desmovilización de las Farc.

Estas emisoras tenían como objetivo llevar información, pedagogía, reconciliación y reconocimiento de derechos a territorios golpeados por el conflicto armado.

La solicitud apuntó a restablecer la programación regional, informativa, cultural y pedagógica de unas estaciones cuya señal impacta a más de 460.000 personas. El reclamo también busca que cualquier cambio en su parrilla tenga en cuenta el carácter territorial y diferencial con el que fueron concebidas.

La Defensoría sostuvo que el Gobierno puede revisar y ajustar contenidos de los medios públicos, pero advirtió que en este caso debe considerar los compromisos derivados del Acuerdo Final. Su planteamiento consistió en que las Emisoras de Paz requieren un tratamiento acorde con su diseño original y con las poblaciones a las que sirven.

La preocupación central es el efecto de la medida sobre comunidades asentadas en zonas que han sufrido de manera histórica el conflicto armado. Por lo anterior, Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, anunció un debate de control político a la ministra de las TIC, Alexandra Falla, y a la gerente de Inravisión, Ángela María Mora, para examinar la suspensión y un presunto detrimento patrimonial relacionado con la medida.