El exgobernador ‘Kiko’ Gómez habría sido trasladado a la cárcel La Picaleña en Ibagué

Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar, exgobernador de La Guajira, habría sido trasladado al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como la cárcel La Picaleña. La medida surgió luego de que funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (Inpec) inspeccionaran su celda en la cárcel de La Dorada, Caldas, y encontraran un teléfono celular.

El exgobernador es señalado de estar detrás de amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y un atentado perpetrado contra las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación. Por eso, el hallazgo del dispositivo generó alerta entre las autoridades.

En ese sentido, en declaraciones ante la prensa, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que no descartaba el traslado de “Kiko Gómez”: “He ordenado que se traslade de ser necesario. Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte, se levanta contra el Gobierno y ha de caer sobre él o ellos todo el peso de la ley”, afirmó el jefe de Estado.

Infobae Colombia indagó con fuentes cercanas al abogado penalista Luis Gustavo Moreno, que asumió la vocería de la familia del exgobernador, las cuales indicaron que el traslado de “Kiko Gómez” a La Picaleña todavía no está confirmado. No se ha recibido información oficial al respecto por parte de su familia y la defensa.

De acuerdo con el medio de comunicación La Voz del Pueblo, de Ibagué, al parecer, en medio del traslado a la cárcel La Picaleña, el exmandatario departamental habría sido llevado al Hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, debido a una descompensación que sufrió.

El jurista se pronunció sobre la situación jurídica del exmandatario departamental y aseguró que el hallazgo de un teléfono en su celda no implica necesariamente que esté involucrado en los hechos que ahora se le endilgan.

“Que se respete su presunción de inocencia. Un hallazgo en su celda, un teléfono celular, no le atribuyen necesariamente la autoría o participación en este hecho gravísimo y lamentable que debe ser investigado. No lo podemos tomar como un chivo expiatorio”, señaló.

Así las cosas, el profesional en Derecho solicitó que se adelante una investigación célere, con pruebas, que permita identificar a las personas responsables de los hechos atribuidos a “Kiko Gómez”. Asimismo, envió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella, recordando que fungió como abogado litigante y que en todo momento defendió la presunción de inocencia de los procesados.

De acuerdo con el abogado, tanto el exgobernador como sus allegados niegan que haya estado involucrado en el atentado. Por eso, hizo un “llamado a la cordura” y a que se respeten sus derechos.

“Me ha expresado, él y su familia, que no son responsables ni tienen nada que ver con estos nefastos y lamentables hechos que deben ser sancionados. Un llamado a la cordura, un llamado a que se respeten los derechos del privado y la libertad, pero también que se establezca la responsabilidad de los determinadores de este atentado”, precisó.

Los señalamientos contra ‘Kiko Gómez’

Por medio de un oficio, el magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia José Joaquín Urbano Martínez informó que, al parecer, el exgobernador de La Guajira estaría detrás de intimidaciones a togados y de un ataque que se registró en instalaciones de la Procuraduría. Según indicó, las amenazas y acciones violentas estarían dirigidas a las personas que influyeron en la condena que le fue impuesta por el delito de homicidio agravado, que fue de 31 años y 8 meses de prisión.

El magistrado indicó que el 1 de septiembre, el procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, que pidió a la Corte que condenara a “Kiko Gómez”, denunció que en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría, apareció una bala disparada. Además, identificó dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil.

“Pongo estos hechos en su conocimiento porque considero que existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar. Además, porque me parece necesario y urgente que la Dirección de Protección de la Policía Nacional los conozca e incremente las medidas de protección necesarias para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias”, detalló.