Colombia abre la puerta al cobre, níquel y tungsteno: la apuesta minera que busca nuevos mercados

Colombia busca ampliar su mapa minero con materiales que podrían ganar importancia en los mercados internacionales. La apuesta incluye cobre, níquel, tungsteno y otros minerales para la transición energética, mientras el sector pide al Gobierno condiciones claras para avanzar.

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) considera que existe una oportunidad para aumentar la exploración. Actualmente, esa actividad moviliza cerca de 90 millones de dólares al año, pero podría alcanzar los 500 millones con respaldo gubernamental. El reto es considerable: cerca del 97% del territorio colombiano aún no es explorado. Para el gremio, avanzar en ese frente permitiría identificar nuevos recursos y generar empleo en distintas regiones y fortalecer la actividad productiva local.

Entre los proyectos están La Malota, en San Roque, Antioquia, y Alacrán, en Córdoba, relacionados con la producción de oro y cobre. También hay iniciativas en Soto Norte, Santander; Jericó, Antioquia; y Amacá, Tolima, que buscan mostrar que la actividad minera puede desarrollarse de manera sostenible. Las exploraciones no se concentran únicamente en esos departamentos. En Chocó y Caldas avanzan trabajos relacionados con cobre y tungsteno. “Nunca habíamos oído hablar de estos minerales, pero también los tenemos. Imagínense explorar ese 97% que aún nos falta del país”, expresó Cardona.

La diversificación responde a una transformación de la demanda mundial. La expansión de la electromovilidad, la generación de energías limpias y la infraestructura tecnológica requieren un suministro constante de minerales estratégicos. Colombia comparte el cinturón andino con Perú y Chile, lo que le otorga una condición geológica favorable para participar en esos mercados.

Pero antes de ampliar la producción, el sector plantea obstáculos. Cardona recordó que la minería colombiana viene de un periodo marcado por una caída del PIB minero de 18% y una disminución del 88% en la inversión extranjera directa. A esto se sumaron más de 800 bloqueos y 3.600 incursiones no autorizadas en operaciones legales, factores que aumentaron la incertidumbre.

El gremio asegura estar dispuesto a trabajar con el Gobierno. “Nuestra industria tiene la capacidad técnica, la experiencia, los recursos y el conocimiento de los territorios para ser un aliado estratégico en la ejecución de políticas públicas”, señaló Cardona. Una de las principales solicitudes apunta a establecer reglas claras y agilizar los procesos de formalización y titulación. La intención es incorporar al pequeño minero a la cadena productiva legal, con condiciones de seguridad industrial y posibilidades de generar actividad económica.

La discusión pasa por la diferencia entre las operaciones autorizadas y la extracción ilegal. Esta última afecta a 29 de los 32 departamentos y, según advertencias de la Procuraduría General, cerca del 85% del oro comercializado procede de actividades ilegales, algunas relacionadas con estructuras criminales.

“Nos diferencia la legalidad, el pago estricto de impuestos y regalías, el rigor de la ingeniería con clase mundial y el respeto por la vida y el medio ambiente”, afirmó Cardona. La ACM asegura haber acompañado la formalización de más de 4.700 unidades productivas en Antioquia, Cauca y Tolima.

La minería legal dejó inversiones sociales. Mediante el mecanismo de obras por impuestos, las empresas ejecutaron más de 370 proyectos, con vías terciarias, escuelas y sistemas de agua potable. Para Cardona, “Cuando hay un proyecto minero legal, el desarrollo llega más rápido. Eso es construcción de paz territorial”.

La estrategia no contempla abandonar las operaciones existentes. El carbón térmico y metalúrgico continúa siendo relevante para las finanzas públicas de La Guajira, Cesar y Boyacá, por lo que el gremio plantea mantener esas actividades mientras avanzan nuevas fuentes vinculadas con la transición energética.

Otro punto de preocupación está en el ferroníquel. Desde agosto, la compañía Ferroníquel redujo a la mitad su operación debido a restricciones en el suministro de gas. Esto pone en riesgo más de 500 empleos directos y una parte significativa de las regalías de Córdoba. Con este panorama, la industria minera plantea una combinación de exploración, diversificación y continuidad productiva.