Analista defendió la operación en Guaviare tras el video de De la Espriella, que confirmó los resultados mientras caminaba entre cadáveres: “No es un espectáculo”

La presencia de mandos militares entre los cuerpos de 23 combatientes de las disidencias de las Farc abatidos durante la Operación Azarías, en el departamento del Guaviare, abrió un debate sobre la comunicación de la guerra, el respeto por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el riesgo de medir los resultados por el número de bajas.

Voces de la oposición cuestionaron, en especial, el balance audiovisual que lideró el jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, quien comunicó los resultados de la acción mientras recorría filas de cuerpos de integrantes de grupos armados cubiertos con telas blancas.

También cuestionaron las declaraciones del primer dignatario, incluido su reconocido “Viva Cristo Rey”, sobre la validación de las neutralizaciones de integrantes de grupos criminales acusados de muertes, incluso de civiles.

El expresidente Gustavo Petro, por ejemplo, escribió en sus redes sociales: “Jesús no caminaría entre la gente que matáis, reviviría y construiría un camino de paz (sic)”.

La discusión surgió tras la ofensiva contra estructuras atribuidas a “Iván Mordisco” en el arco amazónico. Frente a los cuestionamientos sobre si el golpe representa un daño efectivo o una victoria mediática, Juan Camilo Ubaque, experto en geopolítica, docente, investigador y analista de investigaciones sociales y militares, dijo en diálogo con Infobae Colombia que la difusión de esos balances constituye una señal de recuperación de la capacidad operativa del Estado.

Además, aseguró que los ataques tuvieron consecuencias sobre la capacidad de mando, comunicación y abastecimiento de los grupos armados. Ubaque vinculó esa postura con la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, al que atribuyó un período de reducción de las operaciones contra estructuras armadas.

Por ende, según su análisis, visibilizar el resultado de los combates “constituye la validación primaria de que el Estado ha roto el control hegemónico que las estructuras ilegales ejercían sobre la población en los últimos cuatro años”.

“Los bombardeos directos contra los campamentos destruyen la infraestructura de mando y control, la logística de suministro y los sistemas de comunicaciones de estas estructuras”, señaló.

El docente sostuvo que el resultado debe leerse dentro de un plan de recuperación territorial en el sur del país. Afirmó que, entre 2022 y 2024, las facciones armadas aprovecharon una menor presión militar para ampliar su control social y las redes asociadas con economías ilícitas.

La discusión sobre los cuerpos y el DIH

El senador del Pacto Histórico Alex Flórez Hernández escribió que la escena del presidente “caminando entre los muertos nos muestra hasta dónde está dispuesto a llegar este gobierno para mostrar que va ganando una guerra que, hasta ahora, va perdiendo”. dijo.

“La estética del terror que quiere imponer muestra los cadáveres como un trofeo personal, no como el resultado del cumplimiento de las acciones del Estado para proteger a sus ciudadanos. Las actuaciones de nuestra fuerza pública no deben convertirse en una liturgia personalista, donde el líder se apropia de la muerte para construir su propia épica”, agregó.

Al respecto, una de las preguntas contestadas por Ubaque planteó si mostrar cadáveres de combatientes puede vulnerar el principio de dignidad previsto en el DIH y afectar la legitimidad de la fuerza pública.

El investigador respondió que las Fuerzas Militares actúan bajo parámetros jurídicos y que la comunicación de los resultados hace parte de prácticas aplicadas, incluso, en administraciones anteriores.

“La difusión de los resultados de operaciones militares contra las estructuras de combate no constituye una exhibición indebida”, dijo.

También comparó la actual política de seguridad con la de gobiernos precedentes y cuestionó que las críticas actuales se concentren en la difusión de imágenes o balances de operaciones. A su juicio, la exposición pública de los resultados busca demostrar que las instituciones recuperaron capacidad de respuesta frente a organizaciones armadas.

En ese ánimo, Ubaque descartó que Colombia copie modelos de comunicación de seguridad “ni discursos publicitarios de seguridad” asociados con el presidente estadounidense Donald Trump o con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, sino que Colombia cuenta con “una doctrina única, forjada en la alta intensidad del conflicto interno y reconocida internacionalmente”.

Así, “la aplicación de la potencia de fuego es constitucional y representa la corrección necesaria a un error estratégico previo que duró cuatro años. Reafirmar el monopolio de la fuerza no es un espectáculo; es el restablecimiento del orden público y del imperio de la ley frente a organizaciones que desafiaron la soberanía estatal”, sostuvo.

En cambio, definió la ofensiva como una reacción a lo que considera un debilitamiento de la capacidad disuasiva del Estado durante los últimos cuatro años en los que la designación de jefes armados como gestores de paz permitió su movilidad, protección y reagrupamiento.

El reclutamiento de menores, en el centro de la controversia por los bombardeos

El docente también abordó las críticas por la muerte de al menos tres menores reclutados forzosamente en otro operativo. El experto sostuvo que la responsabilidad por la presencia de niños, niñas y adolescentes en campamentos recae sobre las organizaciones armadas que los incorporan a sus filas.

“El Estado colombiano y sus Fuerzas Militares no dirigen ataques contra la infancia; operan bajo los principios de necesidad militar, humanidad, distinción y proporcionalidad contemplados en el DIH”, indicó.

Para el analista, suspender por completo los bombardeos ante la eventual presencia de menores daría a las estructuras ilegales una ventaja táctica e incentivaría el reclutamiento.

“Exigir la suspensión total de las operaciones aéreas o del uso de armamento pesado bajo la presunción de presencia de menores entregaría a los grupos armados ilegales un veto táctico absoluto”, afirmó.