Iván Cepeda respondió sobre el acto de desobediencia civil en Barranquilla, que costó $30,4 millones: abogada alegó falta de soportes financieros

El excandidato presidencial y senador Iván Cepeda respondió el derecho de petición presentado por la abogada Lorena Lázaro Ocampo sobre un acto político realizado en Barranquilla el pasado 7 de agosto de 2026.

El llamado a la “desobediencia civil pacífica” ocurrió tras la derrota de la izquierda en las elecciones presidenciales de 2026, donde resultó ganador el abogado Abelardo de la Espriella con el 49.66% de los votos. Cepeda, asumiendo la jefatura de la oposición, condicionó el reconocimiento del nuevo mandatario a una serie de exigencias de soberanía y legalidad nacional.

El excandidato presidencial afirmó en ese entonces que esta medida es un recurso de resistencia democrática amparado en forma indirecta en los derechos constitucionales de manifestación pacífica y libertad de expresión.

El detonante principal de esta postura fue la doble nacionalidad (colombo-estadounidense) de De la Espriella, lo cual, según Cepeda, genera un conflicto de intereses que compromete la seguridad y la soberanía de Colombia frente a agencias de inteligencia extranjeras. Para frenar la convocatoria a desobediencia, Cepeda exigió públicamente al presidente electo que renunciara a su ciudadanía estadounidense, aclarara sus supuestos vínculos con organismos norteamericanos y garantizara que el expresidente Gustavo Petro no sería extraditado.

Al no cumplirse estas condiciones previas a la posesión presidencial del 7 de agosto, ratificó que la oposición desconocería la autoridad moral y política del nuevo gobierno.

La iniciativa generó un intenso debate jurídico y político en el país, siendo calificada por sectores oficialistas como una estrategia prematura y antidemocrática que atenta contra el orden institucional. A pesar de los fuertes cuestionamientos y de los llamados a la prudencia por el riesgo de incrementar la polarización social, Cepeda ha insistido en que las movilizaciones y el desacato a directrices del Ejecutivo se mantendrán estrictamente bajo la línea de la no violencia.

En un documento, fechado el 25 de agosto, el ahora congresista explicó que la actividad fue organizada por el Movimiento Político Pacto Histórico, en articulación territorial con la Coordinadora Departamental para el Cambio y organizaciones sociales que participaron en su realización.

De acuerdo con la respuesta, el costo total de la actividad ascendió a $30.400.000 y fue asumido con recursos propios de origen privado del Pacto Histórico. Cepeda precisó que no se utilizaron recursos públicos ni recursos personales suyos para financiar el evento y señaló que tampoco tuvo a su cargo la contratación, administración o responsabilidad financiera de la actividad.

La respuesta del senador está acompañada por una certificación expedida el mismo 25 de agosto por el Pacto Histórico, suscrita por sus representantes legales Gabriel Becerra Yáñez, Jaime Caicedo Turriago, Carlos Alberto Benavides y María José Pizarro Rodríguez. El documento certifica la organización, financiación y costos del acto público de Barranquilla.

Pacto Histórico certificó que asumió los $30,4 millones

Según la certificación, la Dirección Nacional Provisional del Movimiento Político Pacto Histórico decidió por unanimidad declararse en oposición al Gobierno Nacional encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella y, como parte de esa determinación, aprobó la realización de actos públicos en diferentes lugares del país con ocasión del 7 de agosto.

El partido dejó constancia de que la participación de dirigentes, congresistas, militantes, simpatizantes y organizaciones sociales no modificó su condición de responsable de la organización y financiación del evento. Sobre los gastos, la certificación señala que los bienes y servicios requeridos fueron gestionados en el marco de la organización de la actividad y que los gastos se encuentran respaldados en los respectivos soportes administrativos y contables.

El documento agrega que Iván Cepeda “no actuó como contratante, ordenador del gasto ni responsable financiero de la actividad, ni realizó a título personal los pagos correspondientes a su organización y realización”.

En materia de financiación, el Pacto Histórico certificó que la totalidad de los gastos fue sufragada con recursos propios de origen privado, provenientes de las fuentes de financiación legalmente autorizadas para sus actividades y no de recursos provenientes de la financiación estatal del movimiento, del Presupuesto General de la Nación, de la Presidencia de la República, de ministerios o entidades del Gobierno nacional, de la Gobernación del Atlántico, de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de entidades descentralizadas, del Senado de la República o de cualquier otra entidad pública.

También señala que no fueron utilizados recursos personales del senador Iván Cepeda Castro.

Sin embargo, aunque la certificación afirma que el monto está respaldado por los respectivos soportes, estos no fueron incorporados de manera individual en la respuesta del senador. La propia contestación de Cepeda indica que la contratación, liquidación, clasificación y registro contable individual de los gastos, así como los soportes administrativos y contables, corresponden al Pacto Histórico como organizador y responsable financiero.

Abogada cuestionó que no se entregaron facturas, contratos y comprobantes

A partir de la respuesta recibida, la abogada publicó en su cuenta de X un pronunciamiento en el que cuestionó que no se hubieran entregado los documentos individuales relacionados con el valor certificado. Lázaro Ocampo señaló: “Después de tanta épica revolucionaria, tanta “desobediencia civil” y tanto viaje a Barranquilla, resulta que el evento costó $30.400.000. ¿Quién lo pagó? Según la respuesta: el Pacto Histórico, con recursos privados propios”.

Posteriormente, planteó las solicitudes documentales que, según explicó, había incluido en el derecho de petición: “¿Dónde están las facturas? Porque yo las pedí. Pedí contratos. Pedí órdenes de servicio.Pedí cuentas de cobro.Pedí comprobantes de pago. Pedí proveedores. Pedí la discriminación de los $30,4 millones".

La abogada cuestionó que la respuesta remitiera la existencia de los documentos al Pacto Histórico. En su publicación escribió: “Y la respuesta fue, básicamente: ‘Los soportes existen y los tiene el Pacto’”.

También preguntó por el origen específico de los recursos privados señalados por la colectividad: “Y si fueron recursos privados del Pacto, perfecto: ¿de qué fuente privada salieron?” En ese punto, enumeró como posibilidades las cuotas, donaciones, aportes, particulares o personas jurídicas y preguntó quién fue el responsable financiero, quién realizó las contrataciones, a quién se hicieron los pagos, cuánto se pagó y bajo qué conceptos.

La respuesta de Cepeda, por su parte, cita el artículo 16 de la Ley 1475 de 2011, que establece las fuentes a las que pueden acudir los partidos y movimientos políticos para financiar su funcionamiento y actividades. Entre ellas se encuentran las cuotas de afiliados, contribuciones, donaciones y créditos de afiliados o particulares, créditos de entidades financieras autorizadas, ingresos derivados de actos públicos y otras actividades del partido, rendimientos financieros, herencias o legados y, para los partidos con personería jurídica, financiación estatal.

La licencia del Senado y la explicación sobre la “desobediencia civil”

Otro de los puntos planteados en el derecho de petición estuvo relacionado con la ausencia de Cepeda de las actividades del Congreso previstas para el 7 de agosto, fecha de la posesión presidencial. Sobre este asunto, el senador informó que la Mesa Directiva del Senado le concedió, mediante la Resolución 004 del 6 de agosto de 2026, una licencia ordinaria no remunerada para el 7 de agosto.

La resolución señala que Cepeda había presentado el 4 de agosto una solicitud para obtener la licencia por ese día, argumentando que debía “atender compromisos fuera de la ciudad”. En el mismo escrito pidió que se le excusara de las sesiones del Congreso que llegaran a convocarse en esa fecha.

La Mesa Directiva resolvió conceder la licencia ordinaria no remunerada. El acto administrativo establece que la resolución serviría como excusa válida para su inasistencia a las sesiones plenarias y de comisión que fueran convocadas. Además, determinó que la licencia no generaría ninguna erogación presupuestal con cargo al Senado por concepto de viáticos, tiquetes aéreos u otros emolumentos de esa naturaleza.

En su respuesta al derecho de petición, Cepeda explicó que ese mismo día, desde Barranquilla, la bancada del Pacto Histórico realizó lo que denominó su primer acto de “desobediencia civil” frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella. El senador sostuvo que la actividad se realizó “en ejercicio legítimo del derecho de oposición al gobierno de Abelardo De La Espriella”, y relacionó ese ejercicio con el artículo 40 de la Constitución y la Ley 1909 de 2018, Estatuto de la Oposición.

La abogada, tras revisar la resolución, reconoció que Cepeda contaba con autorización para ausentarse del Congreso, pero planteó una pregunta adicional relacionada con la razón consignada en el acto administrativo. “La resolución habla de ‘compromisos fuera de la ciudad’. ¿Cuáles compromisos? ¿Era el acto político de Barranquilla? ¿Eso fue lo que se informó a la Mesa Directiva?”, escribió.

Lázaro Ocampo diferenció así entre la explicación política entregada públicamente sobre el acto y la justificación administrativa consignada en la resolución del Senado. No obstante, también precisó: “No estoy diciendo que el senador haya cometido un delito”.

Sobre los recursos, manifestó igualmente: “No estoy diciendo que el dinero sea ilegal. Estoy preguntando de dónde salió”. Así las cosas, la abogada anunció que presentará una solicitud para complementar la respuesta en los puntos que considera que no fueron atendidos de fondo y manifestó que espera recibir una nueva contestación con la documentación relacionada con los gastos.