Corrupción en la Ungrd: empresario y excontratista aceptaron su responsabilidad y lograron preacuerdo clave con la Fiscalía

Édgar Echeverri Toro, exrepresentante legal de la Corporación Mixta Yapurutú, y Sonia Rocío Romero Hernández, excontratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), aceptaron ante la Fiscalía General de la Nación su responsabilidad en las irregularidades investigadas alrededor del contrato destinado a la compra de 40 carrotanques para transportar agua potable a La Guajira.

El negocio, cuyo valor se aproximó a los $83.000 millones, forma parte de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos de la Ungrd. El preacuerdo fue firmado por los dos procesados por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

La aceptación de responsabilidad no implica todavía la aprobación definitiva del acuerdo. Una jueza especializada de Bogotá deberá revisar las condiciones pactadas entre los procesados y la Fiscalía durante una audiencia programada para el 4 de noviembre, fecha en la que se determinará si el preacuerdo cumple los requisitos legales.

Preacuerdo establece una pena de siete años y cuatro meses

Durante la audiencia judicial fueron expuestos los términos del acuerdo alcanzado entre Echeverri y Romero con el ente investigador. Según lo presentado ante la justicia, ambos reconocieron su participación en seis escenarios relacionados con la estructuración, celebración y ejecución del contrato para los vehículos destinados al suministro de agua.

La investigación comprende hechos relacionados con los procedimientos utilizados para estructurar la contratación, los valores reconocidos y la utilidad que finalmente tuvieron los vehículos adquiridos para atender las necesidades de abastecimiento de agua en diferentes zonas de La Guajira.

El preacuerdo contempla para los dos procesados una pena de siete años y cuatro meses de prisión. Ambos permanecen privados de la libertad y durante la diligencia manifestaron arrepentimiento por su participación en los hechos investigados.

Sin embargo, el acuerdo fue cuestionado durante la audiencia por el representante de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. El funcionario manifestó reparos frente a los beneficios contemplados, al considerar que no se habría producido el reintegro de la totalidad de los recursos relacionados con las conductas investigadas.

El delegado también se refirió a la posibilidad de que los hechos fueran asociados con un eventual delito de peculado por apropiación. En ese contexto, calificó como un “absurdo jurídico” la referencia a esa conducta frente a los dos procesados.

De acuerdo con lo expuesto por el representante de la agencia, informes incorporados al expediente señalarían un incremento patrimonial injustificado estimado en $4.330 millones, que estaría relacionado con actuaciones dirigidas a favorecer a un grupo de empresarios. La discusión sobre estos elementos hará parte de la revisión judicial del preacuerdo.

El papel atribuido a Sonia Romero y Édgar Echeverri

La Fiscalía atribuyó a Sonia Rocío Romero Hernández un papel de conexión entre funcionarios y contratistas relacionados con las investigaciones por el manejo de recursos de la Ungrd. La excontratista, ingeniera industrial, habría actuado como “enlace” entre la estructura investigada y un grupo de contratistas, según la tesis presentada por el ente acusador.

Dentro de la investigación se estableció que Romero habría suministrado información de carácter técnico antes de que comenzara formalmente el proceso de selección. Según la Fiscalía, esos datos habrían sido utilizados para estructurar una aparente “escogencia objetiva” en procesos contractuales relacionados con la adquisición de carrotanques, plantas desalinizadoras y la construcción de pozos subterráneos.

Los investigadores señalaron que estos últimos componentes no llegaron a ejecutarse. La información suministrada antes de la apertura formal de los procesos de selección habría permitido, según la acusación, establecer condiciones que favorecían la participación de determinados contratistas.

En el caso de Édgar Echeverri Toro, la Fiscalía le atribuyó actuaciones relacionadas con la documentación utilizada para acreditar la existencia de los carrotanques. De acuerdo con la investigación, habría participado en la presunta falsificación de documentos y en la elaboración de actas parciales que registraban entregas de vehículos que no se habrían realizado.

Las actas correspondían a supuestas entregas efectuadas entre noviembre de 2023 y enero de 2024. Sin embargo, los investigadores determinaron que los vehículos relacionados en esos documentos no habían sido entregados materialmente.

A pesar de los registros documentales, la fiduciaria realizó dos desembolsos parciales por un valor acumulado de $25.375 millones. Este movimiento de recursos hace parte de los elementos considerados dentro de la investigación penal. En el mismo expediente figura César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien permanece prófugo de la justicia desde hace más de un año.

En el caso de Romero y Echeverri, la Fiscalía sostiene que existieron actuaciones coordinadas para direccionar procesos de contratación y respaldar mediante documentos entregas de vehículos que no se habrían materializado. Ambos reconocieron su responsabilidad frente a los delitos incluidos en el preacuerdo.