
Un proceso de varios años requerirá el país para equilibrar sus finanzas públicas y reducir el déficit fiscal, según sostuvo el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), José Ignacio López.
La advertencia del dirigente gremial se dio tras la radicación en el Congreso del nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 por $634,95 billones, cifra que aumentó $59,3 billones frente al texto inicial.
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Durante la Convención Bancaria 2026, el vocero del sector financiero señaló que la situación económica del país exige un programa de ajuste a largo plazo que combine el recorte de gastos con la búsqueda de nuevos recursos.

“Tenemos que seguir insistiendo en que ese plan tiene que ser concreto, tiene que ser plurianual. Estamos hablando de que, sin cerrar estas cuentas, no vamos a arreglar el déficit fiscal en un par de años. Esto puede tomar cuatro, seis, ocho años, pero necesitamos que se produzca ese plan concreto de reducir el gasto y en algún caso también hablar de nuevas fuentes de ingresos”, expresó López ante los periodistas.
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El proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno nacional contempla un incremento del 10,3% en el dinero disponible para el próximo año. Este ajuste cambia la forma en que se repartirán los recursos públicos, priorizando el funcionamiento del Estado y el pago de compromisos financieros acumulados.
La bomba fiscal que deja el presupuesto de 2027: Anif advierte por la deuda
De acuerdo con el documento oficial, la mayor parte de las nuevas partidas presupuestales irá al rubro de funcionamiento, el cual llegará a los $392,5 billones. Ese dinero se utiliza para pagar los salarios de los empleados públicos, girar recursos a las regiones y mantener en operación las entidades del Gobierno.

El pago de la deuda pública también se incrementará y alcanzará los $155,4 billones, lo que representa un aumento de 15,4 billones en comparación con la propuesta presentada en julio.
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Cabe destacar que, aunque Colombia terminó de pagar cerca de USD $5.400 millones que debía al Fondo Monetario Internacional (FMI), el país aún mantiene una deuda pública importante con otros acreedores nacionales e internacionales.
En contraste, los fondos para la inversión en obras públicas y programas sociales tendrán un crecimiento menor, al pasar de $85 billones a $86,9 billones. Esto indica que la mayoría de los recursos adicionales aprobados se destinará al pago de obligaciones ya existentes.

Frente a esta distribución de los recursos, el presidente de Anif expresó su preocupación por el nivel de endeudamiento que podría alcanzar el país si no se aplican correctivos inmediatos.
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“Con este presupuesto podríamos terminar, si no ocurre nada diferente, con una deuda de 66 puntos del PIB. Eso nos pone muy cerca de ese umbral que se calculó en su momento en la regla fiscal de setenta y un puntos del PIB, donde a partir de allí puede ser muy difícil volver a niveles anteriores e incluso podríamos estar en una situación de insostenibilidad de deuda”, explicó el dirigente gremial.
Las cuentas no cuadran: Anif pide recortes y nuevos ingresos para evitar una crisis
López insistió en que el sector financiero se mantiene atento a las explicaciones de la cartera de Hacienda sobre las medidas que se adoptarán para evitar un sobreendeudamiento estatal: “Vamos a estar expectantes a que el ministro y el gobierno nos expliquen bien cómo va a ser ese plan de ajuste”.
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“Ya se ha hablado de un recorte muy importante de gasto de dos puntos, pero insisto, ese plan todavía luce insuficiente frente a la magnitud de los déficits una vez sean sinceradas las cuentas”, añadió López.
Desde el Ministerio de Hacienda se argumentó que el incremento en el monto presupuestal responde a la necesidad de pagar vencimientos de deuda previa, cubrir obligaciones pendientes y financiar la atención de emergencias territoriales.
La cartera planea recaudar los fondos requeridos mediante operaciones de crédito y mejoras en el cobro de impuestos, sin tramitar una reforma tributaria.

Como medida complementaria, el Ejecutivo anunció la congelación preventiva de 21,9 billones de pesos en los gastos del Estado para proteger la estabilidad financiera del país.
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El debate sobre la viabilidad del presupuesto, las fuentes de financiamiento y el nivel de deuda propuesto quedará en manos de las comisiones económicas del Congreso de la República durante las próximas semanas.
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