El ministro de Hacienda presentó ante el Congreso un nuevo presupuesto para el 2027 con grandes diferencias frente al que había dejado el Gobierno Petro: “Este sí es de la verdad”

El ministro de Hacienda Miguel Gómez radicó el jueves 27 de agosto ante el Congreso el nuevo proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones, una cifra que amplía en $58 billones la propuesta inicial y que el Gobierno justificó por el terremoto y por un déficit fiscal mayor al previsto en la administración anterior.

El nuevo monto supera los $575,6 billones del borrador original que las comisiones económicas habían devuelto al gobierno Petro. El ministro tenía plazo hasta el 30 de agosto para presentar la reformulación y, desde ahora, el texto entrará en la etapa de análisis, ajustes y eventual sanción como ley en el Congreso.

Según el texto oficial, el aumento responde a dos factores centrales: los efectos del terremoto y un faltante fiscal más alto de lo calculado. Ese cambio reconfiguró el tamaño del proyecto que el Ejecutivo volvió a presentar tras el rechazo del primer borrador.

El Gobierno elevó el proyecto tras la devolución del borrador inicial

La nueva iniciativa fue radicada luego de que las comisiones económicas devolvieran la versión anterior del presupuesto del gobierno de Gustavo Petro. La reformulación quedó a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público bajo la conducción de Miguel Gómez Martínez.

Gómez Martínez sostuvo que la presentación hace parte de “la primera fase del plan de rescate de la economía para enfrentar la inédita crisis heredada del gobierno anterior, agravada por los efectos del terremoto”. También afirmó que el Ejecutivo busca “recuperar la capacidad del Estado para cumplirles a los colombianos” y garantizar recursos para obligaciones esenciales.

En su declaración, el ministro dijo que el Gobierno presentó “el presupuesto de la verdad, que corrige los errores e ilegalidades del presupuesto de las mentiras presentado por el gobierno Petro”. Aseguró que la propuesta anterior dejó desfinanciadas áreas como la salud, las pensiones, las universidades, las elecciones regionales y los subsidios de energía y gas.

El funcionario agregó que el nuevo proyecto incorpora recursos para cubrir esas obligaciones y contempla medidas de austeridad. En sus palabras, “los gastos de burocracia se ajustan a la inflación después de años de derroche”.

La radicación del presupuesto para 2027 no cierra el trámite. El proyecto pasa ahora al Congreso para su estudio, modificación y votación, paso necesario para que se convierta en ley.

Gómez Martínez también anunció que el Gobierno presentará al Legislativo una ley de rescate. Según explicó, esa iniciativa incluirá medidas para contener en el corto plazo el crecimiento del gasto público y el aumento de la deuda.

En la misma intervención, el ministro señaló que “cada peso adicional de deuda que dejó el gobierno anterior tendrá que ser asumido por los colombianos de hoy o por las próximas generaciones”. Añadió que el ordenamiento de las finanzas públicas exigirá sacrificios, pero lo definió como una condición indispensable para proteger las necesidades actuales y futuras.

El faltante de $30,2 billones fue el punto que hizo caer la propuesta anterior

La administración anterior había radicado a finales de julio de 2026 un presupuesto por $575,6 billones, equivalente al 27% del PIB. Esa iniciativa preveía ingresos por $545,4 billones, de modo que dejaba abierta una brecha de $30,2 billones entre lo que se proyectaba recaudar y lo que se planeaba gastar.

Ese proyecto destinaba $90 billones a inversión pública, $367,6 billones a funcionamiento y $118 billones al servicio de la deuda. Entre las mayores asignaciones figuraban deuda, educación, salud y trabajo.

Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el problema de fondo no fue solo el tamaño del gasto, sino que la caída de los ingresos proyectados fue mayor que el recorte propuesto. El informe recuerda que los ingresos aforados pasaron de $562,5 billones en 2026 a $545,5 billones en 2027, una reducción de $17 billones.

“Para 2027 la diferencia se aumentó hasta $30,2 billones, y aunque el gasto disminuyó, los ingresos aforados cayeron aún más, pasando de $562,5 billones en 2026 a $545,5 billones en 2027 (-$17,0 billones)”, dice en el análisis del Observatorio.

La publicación académica señaló que el proyecto anterior “introdujo un cambio en la trayectoria del gasto, pero no cerró la brecha entre ingresos y gastos aforados, debido a que, frente a 2026, la reducción de ingresos fue superior a la de los gastos”. Esa es una de las variables que ahora se mirarán con más detalle cuando se conozca la nueva versión.

El documento también subraya un dato central en la discusión actual: frente al PGN 2026 vigente, el proyecto para 2027 sí planteaba una disminución real del gasto de $13,5 billones. Para el Observatorio, esa reducción demostró que existía margen para ajustar funcionamiento, pese a que durante los cuatro años anteriores el Gobierno había insistido en las llamadas inflexibilidades presupuestales.

El ajuste previo se concentró en funcionamiento y castigó sectores de inversión

El análisis de la Universidad Javeriana muestra que, sin contar un aplazamiento de gasto que aún debía aplicarse en 2026, el componente de funcionamiento bajaba de $387,9 billones a $367,7 billones. Eso implicaba un recorte real de $20,2 billones o 5,2%.

La inversión también descendía, con una caída de $4,9 billones, mientras el servicio de la deuda aumentaba $11,6 billones. Esa combinación explicaba la reducción total del gasto propuesta para 2027.

Dentro del funcionamiento, el mayor ajuste recaía sobre transferencias, que pasaban de $290,1 billones a $277,2 billones, con una baja de $12,8 billones. El segundo recorte más importante estaba en bienes y servicios, que caían de $22 billones a $17,9 billones, mientras los gastos de personal disminuían $3,1 billones.

Ese detalle es relevante para la discusión que abre el nuevo proyecto: el Observatorio sostiene que la reducción no provino principalmente de la nómina estatal, sino de otras transferencias y de compras de bienes y servicios. En paralelo, obligaciones más rígidas como el Sistema General de Participaciones y las pensiones siguieron aumentando.

En la distribución sectorial, Presidencia aparecía con la mayor reducción real, de 72,2%, debido sobre todo a la caída del presupuesto de la Ungrd. Después figuraban Minas y Energía, Deporte y Recreación, Información Estadística y Agricultura y Desarrollo Rural.

Frente al anteproyecto presentado en abril, uno de los recortes más notorios se había dado en infraestructura vial. La asignación para la Agencia Nacional de Infraestructura bajaba de $26,2 billones a $9,8 billones, mientras educación reducía $10 billones, trabajo $5,5 billones, Minas y Energía $5,2 billones y salud $2 billones.

El Observatorio advirtió que ese patrón no debe repetirse en la nueva propuesta. “En medio de los ajustes fiscales que ha tenido que hacer el país, la inversión ha sido, con frecuencia, uno de los rubros más castigados, mientras otros componentes del gasto han mostrado una menor capacidad de ajuste”, indicó en su informe.

La presión sobre el nuevo presupuesto creció además por el terremoto del 10 de agosto. El texto fuente señala que las necesidades de reconstrucción y reactivación económica pueden exigir recursos frescos, lo que abre la discusión sobre si el ajuste del gasto deberá convivir con nuevas reasignaciones para atender esa emergencia.