Tras el atentado contra la periodista y exaspirante al Congreso Naylea Barros, la Defensoría del Pueblo pidió acelerar la investigación y alertó por riesgos a la oposición

La Defensoría del Pueblo advirtió que el atentado denunciado por Naylea Barros, periodista y excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, compromete garantías básicas para el ejercicio de la oposición política en Colombia y pidió que el caso sea investigado por su posible vínculo con su actividad periodística, social y política.

El pronunciamiento, fechado en Bogotá este 26 de agosto de 2026, se origina en un hecho ocurrido en Santa Marta el lunes 24 de agosto, cuando hombres no identificados habrían disparado contra el vehículo en el que Barros se movilizaba junto a una familiar.

Según la denuncia pública de Barros, el ataque ocurrió después de más de tres meses de amenazas e intimidaciones contra ella y personas de su entorno. La Defensoría considera que esta secuencia obliga a establecer si la agresión se relaciona con su papel público o constituye un caso de violencia contra las mujeres en la política.

En su comunicado, la Defensoría afirmó que “proteger a quienes ejercen la oposición es una garantía esencial para la democracia” y señaló que hechos de esa naturaleza son incompatibles con las condiciones que deben rodear la participación y la oposición política en un sistema democrático.

El organismo solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes investigar “con celeridad” las circunstancias y motivaciones del atentado, con tres objetivos precisos: identificar a los responsables, establecer los móviles y definir si existe relación entre el hecho y la actividad política de Barros. Además, pidió determinar si los hechos “constituyen una manifestación de violencia contra las mujeres en la política”.

El comunicado expresó preocupación porque el atentado se haya producido contra una mujer con liderazgo político y representación opositora. La Defensoría sostuvo que la violencia contra las mujeres en la política restringe su participación y afecta los espacios democráticos para el ejercicio de sus derechos políticos, por lo que reclamó la aplicación de la presunción de riesgo extraordinario de género prevista en la Ley 2453 de 2025.

Dirigió este pedido de manera expresa al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección, exhortando a evaluar de manera urgente el nivel de riesgo y a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de Barros. La protección, añadió, debe aplicarse con enfoque diferencial y de género.

La Defensoría puso el atentado en una dimensión institucional más amplia, al sostener que toda agresión o amenaza contra quienes participan en la vida política afecta principios esenciales de la democracia, como la libertad de expresión, la libertad de asociación y el pluralismo político. Recordó que la Constitución reconoce el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y que el Estatuto de la Oposición otorga a la oposición política un estatus de derecho fundamental bajo especial protección.

El comunicado instó a las autoridades nacionales y territoriales a garantizar condiciones para el ejercicio libre y seguro de la oposición, la participación ciudadana y el pluralismo político, subrayando que el debate de ideas, el disenso y la existencia de alternativas políticas son esenciales para una democracia pluralista.

La Defensoría también tomó nota del anuncio presidencial de solicitar el esclarecimiento de lo ocurrido y disponer medidas de protección mientras avanzan las investigaciones, aunque recordó que corresponde a las autoridades competentes determinar las circunstancias, móviles y responsables del atentado.

El organismo cerró su pronunciamiento con una definición sobre el deber estatal: “Ninguna persona debe ser amenazada o víctima de violencia por sus opiniones, convicciones o actividad política”, exigiendo garantías de libertad, seguridad y respeto de derechos para quienes ejercen la oposición.

El caso de Naylea Barros se suma a las preocupaciones sobre la protección de líderes sociales y figuras de la oposición en Colombia. El pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo destaca la urgencia de fortalecer los mecanismos institucionales para salvaguardar la integridad de quienes participan en la vida política y garantizar que la violencia no limite el ejercicio de derechos fundamentales ni el desarrollo de una democracia pluralista.