Expareja de David Racero dio detalles de los presuntos abusos del congresista con sus empleados: “Encontré transferencias que realizaron de la UTL”

Las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción que involucran al hoy senador de la República David Racero, antes representante a la Cámara, siguen dejando nuevos detalles.

De hecho, en la mañana del miércoles 6 de agosto se conoció la versión de Mariana Hernández, expareja sentimental del congresista, que dejó al descubierto la presunta influencia de Racero en varias institucione del país.

Entretanto, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación penal contra el senador, tras revelarse que, durante su tiempo como representante, un miembro de su unidad de trabajo legislativo —John Leonardo García Lara— trabajaba como conductor personal y familiar de Racero, aunque su salario provenía del presupuesto público.

Hernández relató a El Reporte Coronell que conoció a Racero hace más de una década, cuando ella ocupaba un cargo en una entidad pública durante la alcaldía de Gustavo Petro y él era contratista. A lo largo de esos años, observó distintas facetas del hoy senador, especialmente la manera en que ejercía el poder en los últimos tiempos de su relación.

Según Hernández, su participación en el proceso no responde a intereses mediáticos, sino a la obligación de aportar información a la Corte Suprema de Justicia. “He concurrido en dos ocasiones a la Corte Suprema, por llamamientos que me han hecho, para dar testimonio y he aportado la información que es de mi conocimiento. Más allá de eso, no puedo hacerlo”, señaló la expareja al periodista Daniel Coronell.

Uno de los puntos clave es el papel de John Leonardo García Lara, quien, de acuerdo con Hernández, ejercía funciones de conductor personal y familiar para Racero, aunque oficialmente figuraba como asistente legislativo.

“A mí me consta que el señor Leonardo ejercía labores de conductor. Todos los días estaba entre las seis y las seis y media de la mañana en la portería esperando al señor David Racero. En algunas circunstancias yo compartía vehículo con ellos”, comentó Hernández.

Para ella, existe una clara contradicción entre la versión oficial entregada por el entonces empleado y la realidad observada, presuntamente, por posibles presiones hacia García Lara.

“Hubo una actuación ante el Consejo de Estado en la que esta persona declaró bajo juramento algo que, según mi experiencia personal durante varios años, no coincide con lo que yo vi ni con los soportes que tengo en conversaciones de tres años en WhatsApp”, comentó la mujer.

En cuanto al escándalo del fruver propiedad del congresista, Hernández reconoció haber ido pocas veces y prefirió no detallar circunstancias personales que la llevaron a distanciarse de ese negocio.

“Hasta ahora no hay evidencia de que el congresista pagara prestaciones sociales a sus empleados. Él únicamente salió a decir que todo era una persecución política, pero nunca mostró los soportes de los aportes a seguridad social o los pagos que justamente pudieran desvirtuar esos señalamientos”, señaló Hernández a El Reporte Coronell.

Según ella, algunos empleados del fruver temen declarar, en parte porque se trata de una figura con poder y en parte porque algunos se encontraban en situación migratoria irregular.

Hernández recordó haber advertido al entonces representante sobre los riesgos de tener personal no asegurado en su negocio. “Le dije que no entendía cómo, si Leonardo tenía un accidente, iba a responder la ARL porque él estuviera allí”.

Detalles sobre los pagos y transferencias sospechosas

Con relación a los presuntos pagos realizados por miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo de Racero a él y a su padre, Hernández compartió que descubrió transferencias que cubrían, entre otros, los mercados familiares durante la pandemia.

“Encontré transferencias que realizaron algunos integrantes de la UTL del congresista con las que se cubrieron cuestiones elementales como los mercados en mi casa durante la pandemia”, relató al periodista.

Para Hernández, no había necesidad de recurrir a préstamos, pues los ingresos del hogar superaban ampliamente el promedio nacional. Explicó que solo descubrió la procedencia de esos fondos al revisar extractos bancarios y facturas años después.

“Los pagos no habían salido de la cuenta de ahorros de Davivienda que tenía el congresista, sino de otras cuentas de Davivienda. Cuando contrasté los soportes de pago, me di cuenta de esto”, señaló la expareja del Congresista.

Hernández aclaró que estas transferencias fueron posteriores a la entrega de facturas por WhatsApp al congresista, quien, a su vez, se encargaba de hacer los pagos. Ella no supervisaba el origen de los fondos, pues confiaba en su pareja. “No lo hubiera permitido bajo ninguna circunstancia de haberlo sabido en ese momento”, aseguró.

Sobre los proveedores de los mercados, identificó a “Agrosolidaria” y a una persona llamada Erika, quienes gestionaban mercados campesinos entregados a domicilio durante la pandemia. Hernández explicó que, en el contexto de confinamiento, las compras se hacían por WhatsApp y los pagos se transferían tras la recepción de la factura.

En cuanto a otros pagos periódicos de la UTL al padre del congresista, Hernández expuso: “Tuve conocimiento de algunos pagos periódicos que hacían personas de la UTL al padre del congresista, durante un tiempo en el que él no tenía acceso a su pensión. No puedo afirmar si esto es delito o no, simplemente menciono lo que conocí y le corresponde a las autoridades investigar”.

Contrataciones de familiares y allegados

Hernández abordó de manera minuciosa la situación de familiares y allegados de Racero que obtuvieron contratos en entidades estatales tras la llegada de este al Congreso. Nombró a varios primos, parejas de primos, hermanos y otros parientes políticos que, sin experiencia previa en el Gobierno nacional, accedieron a contratos de prestación de servicios, a veces en simultáneo. Ejemplificó con los casos de José Manuel Márquez, Daniela Parada, Walter Castilla Durán, Ángela Marcela Araujo y otros.

“El hecho de que estén personas muy cercanas, familiares, en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que investiga a Racero, genera un poco de ruido. Esta persona fue contratada por 75 millones para ejecutar en cinco meses, y la supervisión del contrato estaba a cargo de un exsecretario impulsado por Racero”, señaló.

Hernández resaltó que el acceso de familiares a contratos de ese tipo resulta inusual para quienes han trabajado años en el Estado, y que el problema aparece cuando la confianza prevalece sobre el mérito.

“Creo que el verdadero problema aparece cuando la confianza reemplaza completamente el mérito y se contrata a alguien solo por ser familiar o cercano, independientemente de su idoneidad, o cuando existen conflictos de interés que no son gestionados adecuadamente”, afirmó.