
La orden del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de deportar extranjeros no incluye a los migrantes venezolanos regularizados en Colombia, sino que, según explicó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, está dirigida contra las redes criminales que lucran con el tránsito irregular de personas por el Darién hacia Estados Unidos.
En esa aclaración, dada en entrevista con Noticias Caracol, Lara añadió un dato de fondo sobre la migración venezolana en el país: entre 2019 y 2021 ingresaron casi dos millones de venezolanos y “en un 90 y tanto por ciento” fueron regularizados. Según dijo, ese grupo recibió un régimen legal que le permitió acceder a servicios públicos y sociales del Estado colombiano.
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El presidente De la Espriella endurece la política migratoria y anuncia deportaciones inmediatas - crédito @GustavoBolivar/X
El punto central de la interpretación oficial es que los venezolanos que llegaron durante los años más duros de la crisis regional y se acogieron a ese esquema de protección no serán tratados como migrantes ilegales. “El presidente no se refiere a los hermanos venezolanos que llegaron en lo más duro de la crisis”, dijo Lara al medio citado.
Cabe recordar que la instrucción fue dada por el primer mandatario durante un consejo de seguridad del domingo 23 de agosto de 2026, cuando ordenó a Migración Colombia y la Policía Nacional iniciar de inmediato operativos conjuntos para priorizar la identificación y deportación de extranjeros involucrados en delitos. En ese escenario afirmó: “Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos, para que le quede claro a todo el mundo”.
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Lara sostuvo que el sentido de la medida debe leerse en el marco del combate al tráfico y la trata de personas, no como una directriz contra la población venezolana que se estableció en el país. Conforme a sus explicaciones, parte de esos migrantes ya regresó, mientras otros permanecieron en Colombia y, en sus palabras, se “integraron perfectamente”.
“Los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del Gobierno colombiano y que se insertaron no son migrantes ilegales de ninguna manera”, afirmó el ministro. Esa frase fijó el alcance de la política tras el anuncio presidencial.
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Gustavo Petro rechazó el anuncio del Gobierno De la Espriella

En rechazo a las declaraciones de Rodrigo Lara, el expresidente Gustavo Petro sostuvo que la discusión debería centrarse en los derechos humanos. “Todo migrante es un ser humano y como tal tiene derechos”, afirmó, cuestionando el enfoque de una política “antimigrante”.
Al referirse al tránsito por la selva del Darién, Petro aseguró que en su administración se cortó esa ruta. “El paso de migrantes por el Darién terminó en mi gobierno. Por allá ya no pasan migrantes que llegaron a ser medio millón”, escribió en su cuenta de X.
En su análisis, también vinculó parte de las medidas restrictivas con sistemas de control y recopilación de información. “La política antimigrante más bien tiene que ver con los datos biométricos de los colombianos y su control por los Estados Unidos”, dijo.
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El exgobernante de los colombianos apuntó a la experiencia migratoria de Colombia en distintas etapas. “Un migrante es una persona, millones de colombianos fueron migrantes hacia Venezuela y ahora millones han salido hacia Estados Unidos y Europa”, señaló.
El exmandatario criticó el trato que, conforme describió, reciben quienes son catalogados como irregulares. “Les dicen ilegales y los golpean, encarcelan y expulsan”, afirmó.
Según Petro, el eje del debate no debería ubicarse en las personas que llegan al país, sino en la protección de garantías fundamentales. “Los problemas de Colombia no son con la migración que llega; uno de los problemas de Colombia es poder defender los derechos humanos de los colombianos que emigran”, sostuvo.
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