Aplazaron la audiencia de imputación de cargos contra el hermano de Daniel Quintero y Federico Gutiérrez reaccionó furioso: “Indignante”

La audiencia para imputar a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, fue aplazada este martes 25 de agosto de 2026 tras una solicitud de la defensa del también investigado Álvaro Villada García. La Rama Judicial deberá definir una nueva fecha y hora para la diligencia.

El caso incluye seis contratos firmados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, adjudicados entre 2020 y 2023, con un valor cercano a $17.000.000.000. La investigación busca establecer presuntas irregularidades en los procesos de contratación y en la destinación de recursos públicos.

La audiencia estaba prevista para las 2:10 p. m., pero la defensa de Villada pidió el aplazamiento por compromisos judiciales previamente programados. La administración de justicia aceptó el requerimiento.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su rechazo a la decisión. En ese sentido, señaló que la defensa del hermano de Daniel Quintero, a su juicio, busca dilatar el proceso.

“Indignante. Hoy se iba a realizar la audiencia de imputación de cargos contra el hermano del jefe del GDO Hermanitos Q y su socio, Sebastián Ortega. ¿Qué pasó? La defensa pidió aplazarla. Otra vez intentan dilatar el proceso y evadir la justicia. Que no confundan dilatar con escapar”, escribió en X.

Y agregó: “Le pido a la Fiscalía que, con todos los elementos que ya tiene, proceda con las capturas y no espere a que sigan dilatando el proceso o, peor aún, a que puedan hacerle daño a los testigos. Como víctimas, exigiremos que la audiencia se reprograme cuanto antes. Estaremos en cada audiencia, hasta que respondan ante la justicia todos los responsables del saqueo a Medellín y aparezca hasta el último peso”.

Las pruebas que presentará la Fiscalía

Uno de los datos de mayor peso en las pesquisas es el monto de los contratos presuntamente direccionados durante el cuatrienio anterior, que, según el alcalde de Medellín, ascendería a $1,2 billones. Federico Gutiérrez sostuvo además que tiene indicios de que dineros locales habrían salido a Panamá y luego llegado a Miami, por lo que ha pedido a las autoridades de Estados Unidos sumarse a las investigaciones.

La publicación de estos avances también reactivó la comparación con el Carrusel de la Contratación de Bogotá. A finales de julio de 2026, Gutiérrez afirmó en una rueda de prensa: “El robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas se queda chiquito en comparación con el robo que le hicieron el GDO (Grupo Delincuencial Organizado) de los Hermanitos Q a Medellín”.

El expediente se apoya en chats, testigos y contratos del Amva

El caso comenzó con una denuncia anónima que recibió la Veeduría Todos por Medellín cuando Daniel Quintero estaba en su segundo año de gobierno. Ese organismo fue el primero en hacer públicos indicios de irregularidades sobre un paquete de contratos por $17.645.000.000 destinado a la compra de kits contra el covid-19, talleres para organismos de socorro y cursos de atención prehospitalaria.

La primera figura que concentró sospechas fue Misael Cadavid, entonces líder de los bomberos de Itagüí, médico y político con trayectoria en Antioquia, que incluso había gerenciado el Hospital La María durante la gobernación de Luis Pérez. Cadavid integró el primer grupo de capturados y vinculados junto con exfuncionarios del Amva y de los bomberos.

El expediente se amplió cuando varios implicados, entre ellos el propio Cadavid, aceptaron colaborar con la justicia. En octubre de 2025 se filtraron chats, videos y audios en los que Miguel Quintero apareció como presunto articulador de esa red de contratación.

Ese material provenía del grupo de WhatsApp “Amigos”, en el que figuraban números asignados a Sebastián Ortega, Álvaro Villada y Miguel Quintero. En ese chat se compartían hojas de vida, mensajes sobre movimientos en el Amva y fotografías de lujos, y de allí salió buena parte del material más comprometedor del caso entre el Área Metropolitana y los bomberos de Itagüí.

La investigación también explora si Daniel Quintero conocía esas movidas

La Fiscalía General de la Nación hizo públicos mensajes atribuidos a Miguel Quintero en audiencias anteriores. Uno de ellos decía: “Háblale a JD. Que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratistas como lo habíamos propuesto”.

“JD” aludiría a Juan David Palacio, exdirector del Amva, que fue imputado junto con las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, y con Juan Alberto Cardona Henao, extesorero de los bomberos de Itagüí. Cardona se convirtió en el primer condenado del caso tras aceptar su culpabilidad, colaborar con la justicia y pedir perdón.

En testimonios incorporados al expediente, Miguel Quintero fue señalado como el poder en la sombra que daba órdenes no solo en el Amva, sino también en Metroparques y en la Empresa de Desarrollo Urbano. Un testigo sostuvo además que la llegada de Montoya Velilla al Área Metropolitana se explicaba por ser compañera sentimental de Miguel y que este tenía a varias personas de confianza ubicadas en otras entidades del conglomerado público.

Otro testimonio en poder del ente acusador describe un presunto sistema de cobro de comisiones del 20% sobre cada contrato firmado en el Amva. “10% era para Miguel y el resto para repartirlo entre ellos”, declaró un testigo.

El nombre de Miguel también aparece en otros episodios que hoy son materia de indagación. En el chat “Amigos” las autoridades encontraron fotos suyas cenando en restaurantes de lujo en Cartagena, ciudad en la que, según un testimonio divulgado por la Alcaldía en la auditoría forense de 2024, se habrían realizado reuniones para discutir la venta de Afinia, empresa de servicios públicos de energía eléctrica, a un grupo político.

A partir de esas menciones, una de las hipótesis que investiga la Fiscalía es si Daniel Quintero conocía esas maniobras y si tuvo algún conocimiento o incidencia en la denunciada venta de Afinia, que se habría transado por USD 8.000.000. Las autoridades también señalan que el exdirector Palacio había sido muy cercano a Miguel Quintero desde la época en que este fue concejal de Medellín.