El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmaría la salida del coronel Rolando Ramírez de la entidad tras un ascenso y traslado, en medio de cuestionamientos por su actuación cuando era director de Custodia y Vigilancia.
Los señalamientos se relacionarían con el traslado de Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, para asistir al acto del 21 de junio de 2025 en Medellín que después sería conocido como el “tarimazo” del expresidente Gustavo Petro.
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Según informaría Blu Radio, las críticas apuntarían a si el procedimiento contó con autorización judicial y a si el entonces director de Custodia y Vigilancia tenía competencia para ordenar la salida temporal de un privado de la libertad desde la cárcel de Itagüí hasta el Centro Administrativo La Alpujarra.
De acuerdo con señalamientos conocidos sobre el caso, el 19 de junio de 2025 Ramírez estuvo involucrado en la resolución que ordenaba el traslado de nueve presos desde la cárcel de alta y mediana seguridad La Paz hacia la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín.
El traslado estaba previsto para la misma fecha del evento asociado a los acercamientos para la Construcción de Paz Urbana y Valle de Aburrá, liderados por la congresista del Pacto Histórico Isabel Zuleta.
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En ese momento, la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla cuestionó el procedimiento y calificó los hechos como de “gravedad mayúscula”. La cabildante sostuvo que se había utilizado a una persona condenada con fines políticos y alertó sobre una posible vulneración de normas y una eventual usurpación de funciones judiciales.
Carrasquilla pidió que una investigación establezca responsabilidades de quienes participaron en la salida de “Carlos Pesebre” y de otros internos trasladados para asistir al acto del 21 de junio de 2025. Los cuestionamientos se concentraron en la competencia para disponer el movimiento y en la existencia o no de autorización judicial para permitir la salida temporal de los internos.
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El “Tarimazo”
El “tarimazo” en La Alpujarra se refiere a un evento donde el presidente Gustavo Petro compartió escenario con varios cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí hasta la plaza de La Alpujarra. Entre los asistentes se encontraba Freyner Alfonso Ramírez García, conocido como alias Carlos Pesebre, uno de los líderes delincuenciales más reconocidos de la región.
La presencia de alias Carlos Pesebre y otros jefes criminales generó una fuerte polémica y cuestionamientos sobre la legalidad del traslado, ya que el Juzgado 13 de Ejecución de Penas de Medellín afirmó que el Inpec no tenía permiso judicial para movilizarlo fuera del centro carcelario. El evento, inicialmente presentado como un acto de paz y de lanzamiento de programas sociales, derivó en confrontaciones políticas y fue percibido por varios asistentes como una plataforma política, distorsionando su propósito original.
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Posteriormente, la Fiscalía suspendió órdenes de captura contra varios de estos líderes, incluyendo a Carlos Pesebre, en el marco de la mesa de paz urbana impulsada por el Gobierno nacional. La medida solo aplicó en Medellín, el Valle de Aburrá y Rionegro, y estableció restricciones como la prohibición de portar armas o usar prendas militares durante la suspensión.
La salida de alias Carlos Pesebre y otros cabecillas para asistir al evento sigue bajo investigación judicial, con procesos abiertos contra funcionarios del Inpec y demandas en el Consejo de Estado contra algunos participantes del acto, incluida la senadora Isabel Zuleta.
Las investigaciones en curso determinarán el alcance de las responsabilidades administrativas y judiciales en torno al traslado de los internos para el “tarimazo” y el papel de los funcionarios involucrados. Mientras tanto, el caso mantiene la atención sobre la relación entre autoridades penitenciarias, decisiones judiciales y la gestión de eventos públicos vinculados a iniciativas de paz urbana en Medellín.
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