Este era el decreto que pretendía sacar el gobierno Petro: ‘libraba’ a constructoras de hacer edificaciones sismorresistentes

Un giro inesperado marcó el cierre de la administración de Gustavo Petro: en las últimas dos semanas de su mandato, surgió un proyecto de decreto que, según voces de la ingeniería estructural, habría puesto en riesgo la seguridad de las futuras edificaciones en Colombia frente a terremotos.

La polémica medida se conoció apenas días antes del sismo de magnitud 7,4 que sacudió el país el 10 de agosto, reavivando la preocupación nacional sobre los estándares de construcción.

Según información conocida por El Tiempo, el decreto buscaba la adopción obligatoria del Modelo Nacional de Amenaza Sísmica, elaborado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en alianza con la fundación italiana Global Empowerment Mission (GEM).

El borrador sostenía que el modelo fue desarrollado entre 2016 y 2020 por el SGC y la Fundación GEM. También recordaba que el SGC ya lo había adoptado oficialmente mediante la Resolución D-080 de 2020 y que sus datos y resultados están disponibles en un sistema de consulta pública en línea.

Según los expertos, esta nueva norma habría reducido los parámetros mínimos que regulan la resistencia de las construcciones ante movimientos sísmicos de gran magnitud.

Actualmente, la construcción en Colombia se rige por la Norma Sismo Resistente (NSR-10), vigente desde 2010, que establece los requisitos mínimos para la estabilidad de las obras.

De haberse expedido el nuevo decreto, los ingenieros habrían tenido que diseñar edificaciones para fuerzas sísmicas menores, lo que, en palabras de Gabriel Bernal, profesor de la Universidad Nacional, implicaría que tendrían una menor resistencia a movimientos telúricos fuertes.

“Al reducir esos coeficientes, las edificaciones tendrían que diseñarse para fuerzas menores y, por lo tanto, contarían con una menor resistencia ante futuros terremotos”, señaló el experto al diario nacional.

Esta modificación habría afectado directamente la seguridad de los habitantes. Daniel Mauricio Ruiz, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, advirtió que diseñar edificios bajo exigencias inferiores sería “un peligro para la ciudadanía”. Explicó que estructuras calculadas con menores fuerzas horizontales llevan a reducir el tamaño de vigas y columnas o a emplear menos acero, disminuyendo la capacidad de soportar sismos y elevando el riesgo de colapso.

“Si teniendo una normativa sismorresistente pasó lo que pasó el 10 de agosto, imagínese lo que implicaría que se diseñen edificios para condiciones en las cuales las fuerzas sísmicas sean inferiores”, comentó Ruiz a El Tiempo.

Controversias técnicas y jurídicas en la propuesta

La iniciativa fue sometida a consulta pública entre el 21 de julio y el 4 de agosto en la web del Dapre, y llegó a Presidencia el 6 de agosto. No obstante, el proceso se detuvo por el cambio de gobierno y el impacto del terremoto más grave de los últimos 27 años.

El debate técnico se centra en la validez del modelo y sus parámetros de diseño. Bernal criticó la intención de validar un único modelo oficial, excluyendo aportes de universidades y consultores privados. Sostuvo que el SGC, como entidad científica, solo puede emitir conceptos técnicos no vinculantes, y advirtió que el borrador del decreto pretendía reglamentarse bajo la Ley 1523 de 2012, cuando la ley marco aplicable es la 400 de 1997.

El texto del proyecto también presentaba irregularidades administrativas. Entre ellas, la omisión de la firma del Ministerio de Vivienda, pese a que el documento llevaba las rúbricas del exministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y de la exdirectora del Dapre, Nhora Mondragón.

El sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto reforzó los argumentos de quienes se oponen a la reducción de las exigencias en diseño estructural. Ruiz enfatizó que, si con la normativa actual se produjeron daños, disminuir los requisitos solo agravaría la vulnerabilidad de los edificios.

La llegada del nuevo gobierno, encabezado por Abelardo De La Espriella, hace improbable la expedición definitiva del decreto. Bernal calificó de “absurdo” insistir en la medida después de una catástrofe sísmica reciente.