Daniel Briceño arremetió contra exdirector de la Ungrd tras las donaciones de empresarios a afectados por el terremoto

El sector privado colombiano superó los 550.000 millones de pesos en donaciones para atender el terremoto del 10 de agosto de 2026, una cifra que el representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño convirtió en argumento político: según el legislador, los empresarios ya han donado casi la mitad de lo que las administraciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres del gobierno de Gustavo Petro habrían sustraído o hecho desaparecer.

“Hoy el sector privado pone lo que la politiquería y el amiguismo del gobierno anterior desapareció”, escribió Briceño en su cuenta de X, en una publicación que acumuló más de 48.000 reproducciones.

El 6 de agosto, la Corte Suprema revocó la medida de aseguramiento contra Velasco, aunque su juicio continúa: la audiencia preparatoria quedó fijada para el 12 de ese mes. Fue en ese contexto de impunidad parcial y heridas institucionales abiertas donde Briceño lanzó su señalamiento.

Para el representante, la velocidad y el volumen de la respuesta empresarial ante el terremoto evidencian, por contraste, el costo real de años de corrupción en la entidad que tenía por mandato precisamente atender este tipo de emergencias.

Las donaciones que detonaron el debate

El presidente Abelardo de la Espriella fue quien encendió la mecha al anunciar, este domingo, que había hablado directamente con David Vélez, cofundador y CEO de Nu Holdings —la matriz de Nubank—, quien decidió aportar 100.000 millones de pesos (unos USD 32 millones) para los damnificados.

Horas antes, De la Espriella ya había informado de otra conversación telefónica: la familia Gilinski, la más acaudalada del país, destinará 150.000 millones de pesos (cerca de USD 48 millones) exclusivamente para reconstruir hospitales y escuelas en Cali, una de las ciudades más golpeadas por el sismo de magnitud 7,4.

A esos anuncios se sumó la Fundación Santo Domingo, que en la clausura del Congreso Anual de la ANDI en Cartagena confirmó un aporte de otros 100.000 millones de pesos para la atención de víctimas y la reconstrucción de comunidades.

La campaña #EmpresasUnidasPorColombia, liderada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, cerró ese mismo evento con un recaudo de 201.637 millones de pesos —unos USD 64 millones— con la participación de Bancolombia, Alpina, Nestlé, Grupo Nutresa, Ecopetrol, Terpel, Tecnoglass y decenas de compañías más.

Contando los aportes individuales de la familia Gilinski, la familia Santo Domingo y el propio Vélez, el total movilizado por el sector privado en una semana superó los 550.000 millones de pesos.

El escándalo que Briceño puso como telón de fondo

La comparación del legislador no es arbitraria. La UNGRD se convirtió, durante el gobierno de Petro, en el epicentro del mayor escándalo de corrupción de esa administración.

La Contraloría General estableció en un informe de 2024 que el detrimento, los sobrecostos y la corrupción en la entidad alcanzaron cinco billones de pesos, con irregularidades documentadas en La Guajira, Córdoba, Bolívar, Santander y Boyacá; solo en este último departamento se registraron anomalías por cerca de un billón.

El caso tiene como protagonistas centrales al exdirector de la entidad Olmedo López y a su exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes se convirtieron en testigos clave al revelar ante la justicia cómo operaba la presunta red.

Pinilla declaró que, de no haberse destapado el escándalo de los carrotanques de La Guajira —un contrato de 46.800 millones de pesos con sobrecostos millonarios—, habrían vaciado completamente la entidad.

Las investigaciones involucraron también a los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. La Fiscalía sostiene que Velasco y Bonilla encabezaron un “pacto criminal” para direccionar 79 proyectos de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías por más de medio billón de pesos, con el fin de comprar apoyos legislativos para las reformas del gobierno Petro.