Escudo de las Américas: qué implica la integración de Colombia y qué dicen expertos sobre el impacto en la soberanía y el rol del Congreso

El ingreso del Estado colombiano a la Coalición de las Américas contra los Carteles, conocida como Escudo de las Américas, suscrito en Panamá por el ministro de Defensa de Colombia, el mayor general en retiro Jorge Mora, aclaró cuál será la ruta sobre la cual se recorrerá la estrategia de seguridad internacional del presidente Abelardo de la Espriella.

Como consecuencia, se intensificará la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, con mayor apoyo militar norteamericano para responder a las amenazas del terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, según confirmó el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.

Este hecho significa, además, que la política de seguridad y lucha contra las drogas colombiana vuelve a alinearse con los intereses estadounidenses y del Gobierno Trump, en contraposición a los avances que hizo la administración del expresidente Gustavo Petro con otros organismos internacionales.

Por ende, se abrió un fuerte un debate sobre el alcance legal de las acciones del presidente De la Espriella en materia de cooperación internacional en seguridad y defensa. De hecho, la reacción nacional no tardó en llegar: sectores políticos y sociales advirtieron sobre posibles riesgos para la soberanía y el papel del Congreso en este tipo de acuerdos.

“No es perder la soberanía nacional”: expertos en geopolítica

Al respecto, el profesor Sergio Andrés Morales Barreto, de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, sostuvo en diálogo con Infobae Colombia que “cooperar con otro Estado no significa, per se, renunciar a la soberanía”.

Para Morales, el debate público, especialmente en redes sociales, está mezclando conceptos distintos que hacen pertinente llevar la discusión hacía qué instrumento jurídico se firmó, qué autoridad lo suscribió y qué efectos legales producirá.

Por su lado, el investigador, docente y analista colombiano en temas de seguridad, defensa, geopolítica y conflictos armados, Juan Camilo Ubaque, sostiene que las operaciones militares en conjunto, incluso, “responden al rediseño de la seguridad hemisférica ante la expansión de amenazas híbridas en el Caribe y el Pacífico”.

Es decir, son varios actores luchando contra amenazas que tienen por debajo múltiples formas y estrategias como el avance de redes criminales transnacionales, en especial cuando se produjo “un distanciamiento de varios gobiernos de la región respecto a las directrices de Washington”, lo cual “forzó el retorno a la doctrina de la guerra contra el terrorismo”.

Pero, además, porque hubo una transición jurídica que clasificó a las estructuras armadas como disidencias de las Farc, ELN, Clan del Golfo bajo el rótulo de redes de narcoterrorismo transnacional y, por ende, “se eliminaron los frenos normativos que limitaban el uso del poder duro, habilitando la homologación del combate al crimen a escala hemisférica”.

Para Ubaque, el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas es el “pivote militar decisivo para contener la inestabilidad regional y recuperar el control geoestratégico del hemisferio”.

Las posibilidades jurídicas del ingreso de Colombia al bloque regional

Con ese contexto, el profesor Morales explicó que existen tres posibilidades jurídicas sobre el documento firmado en Panamá para evitar caer en la afirmación de que la soberanía se fue al abismo en un primer momento.

La primera es el memorando de entendimiento. Si solo expresa propósitos y líneas de cooperación, sin crear obligaciones exigibles ante la ley, no requiere aprobación del Congreso ni autoriza operaciones militares, tránsito de tropas ni uso de la fuerza. “Un memorando puede expresar una política, no puede crear competencias que la Constitución no otorgó”, explicó.

La segunda opción es un acuerdo simplificado. Puede celebrarse sin nueva aprobación parlamentaria únicamente si se limita a ejecutar obligaciones ya contenidas en tratados vigentes.

Según el académico, si el instrumento crea obligaciones nuevas o transforma sustancialmente las existentes, debe tramitarse como tratado. Como ejemplo, Morales trajo a colación que en 2009, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se firmó un acuerdo con Estados Unidos que permitía el acceso de personal militar estadounidense a bases colombianas. Aunque el Ejecutivo lo presentó como un acuerdo simplificado, la Corte Constitucional determinó que contenía obligaciones nuevas y debía pasar por control constitucional y aprobación del Congreso.

“La regla es sencilla: la naturaleza de un instrumento depende de su contenido, no del nombre que las partes decidan ponerle”, afirmó el profesor.

La tercera posibilidad es que el instrumento sea, en los hechos, un tratado internacional. En ese caso, la firma del Ejecutivo no es suficiente: se requiere aprobación del Congreso, control previo de la Corte Constitucional y la manifestación de consentimiento del Estado.

Además, si el documento fue suscrito por el ministro de Defensa, debe establecerse si contaba con las habilitaciones necesarias, pues su cargo no le otorga automáticamente los plenos poderes que la Convención de Viena reconoce al jefe de Estado, jefe de Gobierno o ministro de Relaciones Exteriores.

“Si contiene compromisos operacionales nuevos y jurídicamente exigibles, esos compromisos no podrían producir efectos internos sin cumplir el procedimiento constitucional correspondiente”.

El profesor también advirtió sobre la diferencia entre tránsito de tropas y operaciones militares conjuntas. La Constitución atribuye al Senado la competencia para autorizar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio, y al presidente esa facultad durante el receso legislativo, pero siempre con dictamen del Consejo de Estado.

“Estas normas regulan el paso de tropas extranjeras; no convierten esa autorización en un título para desarrollar operaciones de combate dentro del territorio colombiano. Autorizar el tránsito significa permitir el desplazamiento de tropas por el territorio, no autorizar el uso de la fuerza”.

Se trata de la posición de Colombia en la región

El investigador Juan Camilo Ubaque, de la misma manera, señaló que, en medio de los temores sobre la soberanía nacional, Colombia actúa como “la plataforma de despliegue y contención más sólida del continente (...) en el nodo que articula el norte de Suramérica con el istmo centroamericano, dominando un corredor bioceánico clave entre el Caribe, el Pacífico y la cuenca amazónica”.

Por eso, su rol cooperador con EE. UU. “adquiere valor crítico”, en especial, con el contexto de las transiciones políticas en la región marcadas por “la reestructuración de poder en Venezuela desde enero, la inflexión doctrinal de Ecuador y el endurecimiento migratorio en Panamá”.

Adicionalmente, el país es socio global de la Otan y aliado extra-Otan de Washington, pese a que la incidencia geográfica del país también se encuentra con “la mayor densidad de poder criminal en la historia reciente”, y la más alta concentración de producción mundial de cocaína y el centro de operaciones de grupos armados.

Lo que sí es cierto, según ambos expertos, es que Colombia cuenta con mecanismos que permiten acuerdos ágiles en materia de inteligencia y contrainteligencia, intercambio de información criminal, entrenamiento y asistencia técnica, siempre bajo el marco legal vigente.

En consecuencia, volverán “los bombardeos tácticos y la neutralización de objetivos de alto valor” con una perspectiva muy distinta a la del Gobierno Petro para garantizar la estabilidad del corredor bioceánico. No con mesas de diálogo, sino con supresión militar y control territorial.