Bogotá estudia la posibilidad de destinar $18.000 millones de la reforma tributaria distrital a un fondo humanitario para damnificados del sismo

En respuesta a la emergencia generada por el terremoto del 10 de agosto de 2026, el concejal de Bogotá Julián Triana, ponente de la reforma tributaria distrital en debate en el Concejo, propuso reservar $18.000 millones, equivalentes al 1,5% del recaudo proyectado de $1,2 billones, para crear un fondo humanitario dirigido a asistir a las familias y comunidades afectadas por la tragedia.

La propuesta contempla que estos recursos, provenientes de los nuevos tributos que busca recaudar la capital, se conviertan en apoyo concreto y canalicen solidaridad institucional hacia quienes más lo necesitan en un momento crítico.

Triana argumentó que “si Bogotá va a discutir cómo recaudar más de un billón de pesos, también tenemos que preguntarnos cómo podemos hacer que una pequeña parte de esos recursos se convierta en solidaridad concreta para quienes hoy enfrentan una tragedia”.

El concejal planea llevar este planteamiento a la discusión formal de la reforma, insistiendo en que el debate sobre el recaudo incluya el destino social de una parte de los nuevos recursos.

La iniciativa también permitiría que el fondo reciba aportes de ciudadanos, empresas y donantes nacionales e internacionales, con el objetivo de multiplicar el alcance y la capacidad de respuesta ante la emergencia. Triana destacó que, aunque la tragedia desbordó las fronteras de la ciudad, Bogotá no puede quedarse al margen y debe hacer un esfuerzo para contribuir a la recuperación nacional.

Funcionamiento y control del fondo humanitario

Consultado por Infobae Colombia sobre cómo funcionaría el fondo y quiénes serían los encargados de entregar las ayudas, Triana precisó que el fondo destinaría al menos el 1,5% del recaudo de la reforma tributaria a la atención de los municipios más afectados, entre ellos Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Tolima. La Administración distrital coordinaría la ejecución junto con las autoridades territoriales de estos departamentos, de acuerdo con censos de damnificados y planes de atención y recuperación.

El concejal enfatizó que “las ayudas no serían entregadas discrecionalmente por Bogotá”, sino que se articularía la distribución con los gobiernos locales y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, conforme a la Ley 1523, que exige coordinación entre los distintos niveles territoriales.

Triana explicó que el fondo no solo dependería de los recursos de la reforma tributaria, sino que articularía fuentes públicas y privadas. “Esta concurrencia de fuentes permite ampliar la capacidad de respuesta del fondo sin que su sostenibilidad dependa de un solo origen de recursos”, aclaró. Los ciudadanos y empresas interesados podrán donar a través de los canales dispuestos por la administración distrital, con la certeza legal de que esos fondos no podrán desviarse a otros fines administrativos.

Respecto al control y la vigilancia, el concejal indicó: “El uso de las donaciones será auditado rigurosamente para prevenir desvíos y asegurar la eficacia de la ayuda. La competencia recae sobre la Contraloría, quien podrá aplicar un control fiscal integral”. Así, los recursos, tanto en dinero como en especie, quedarán protegidos por la legislación vigente.

Prioridades de atención y articulación territorial

En cuanto al tipo de ayudas a priorizar, Triana fue enfático en señalar a Infobae Colombia que la reconstrucción y recuperación de viviendas, sedes educativas y centros de salud en los municipios con infraestructura gravemente dañada debe ser el primer objetivo. “La atención debe enfocarse principalmente en garantizar condiciones dignas de vivienda y restablecer servicios básicos y esenciales para las comunidades afectadas”, detalló.

Sobre el papel de las autoridades en la ejecución del fondo, Triana subrayó la importancia de la coordinación y la trazabilidad: “Bogotá aportaría los recursos económicos, pero son los municipios y departamentos afectados quienes tendrían un papel fundamental, puesto que son estos quienes conocen de primera mano a las comunidades y cuentan con los censos y mecanismos territoriales para identificar a los damnificados”.

El Gobierno nacional, a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, debe garantizar la articulación y evitar duplicidades, formulando planes específicos de recuperación.

El concejal insistió en que la solidaridad debe traducirse en acciones concretas, no solo en discursos. Citó el artículo 54 de la Ley 1523, que habilita a distritos y municipios a colaborar con otras entidades territoriales en situaciones declaradas de desastre o calamidad pública. “Esto es particularmente importante porque permite sostener que Bogotá sí puede concurrir financieramente frente a una emergencia que ocurre fuera de su jurisdicción”, expresó.

Debate político y solicitudes sobre la reforma tributaria

La propuesta de Triana se produce en un contexto de debate intenso en el Concejo Distrital. Tras el sismo, el concejal Samir Bedoya Piraquive, vocero del partido Mira, radicó una carta al alcalde Carlos Fernando Galán solicitando que evalúe retirar la reforma tributaria (Proyecto de Acuerdo No. 724 de 2026).

Bedoya manifestó en plenaria: “Envío un mensaje de solidaridad a las familias y comunidades golpeadas por el sismo, y pido que la atención de la emergencia responda pronto a quienes más lo necesitan”.

El cabildante señaló que las circunstancias económicas y sociales ameritan revisar la conveniencia de tramitar la reforma en este momento: “Revisen esta nueva realidad del país y consideren si es el momento adecuado para continuar con una reforma tributaria cuando los ciudadanos de Bogotá, en su mayoría, se están movilizando económicamente para atender a los damnificados”.

A la solicitud se sumaron concejales de diversos partidos, incluyendo Ángelo Schiavenato, Donka Atanassova, Heidy Sánchez, Julián Espinosa, José Cuesta Novoa, Julián Uscátegui, Rocio Dussan, Diana Diago y Quena Ribadeneira, de bancadas como el Centro Democrático y el Pacto Histórico.