Primer bombardeo en el Catatumbo bajo el mando de Abelardo de la Espriella: la Defensoría del Pueblo denunció afectación a civiles

En la madrugada del martes 11 de agosto de 2026, el gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó el primer bombardeo militar en el Catatumbo, una región marcada por la confrontación entre grupos armados ilegales en el nororiente de Colombia.

La acción, denominada operación Beta, fue ejecutada por las Fuerzas Militares en zonas rurales entre los municipios de Tibú y San Calixto, en Norte de Santander.

Según información oficial, la ofensiva estuvo dirigida contra estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN). La operación resultó en la destrucción de cinco campamentos, dos búnkeres y la incautación de armamento, explosivos y drones.

No obstante, la Defensoría del Pueblo denunció que la operación habría afectado a la población civil, tras reportar que al menos tres campesinos, incluida una mujer de 44 años, sufrieron heridas en la vereda El Sinaí, jurisdicción de San Calixto. Además, se registraron desplazamientos forzados hacia el municipio de El Tarra.

La entidad inició un acompañamiento en territorio para verificar la situación y coordinar la atención de las comunidades afectadas.

Contexto de la ofensiva militar

La incursión aérea se produjo a pocos días del inicio del mandato de Abelardo de la Espriella, marcando así un cambio frente a la administración anterior. Durante el gobierno de Gustavo Petro, las Fuerzas Militares realizaron 25 bombardeos, pero el uso de esta estrategia no se activó sino hasta dos años después de su posesión, en un operativo contra disidencias en Cauca.

Ahora, la nueva administración decidió emplear la capacidad aérea en el Catatumbo desde sus primeras semanas, en una zona donde la violencia entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc provocaron desplazamientos, confinamiento y muertes.

De acuerdo con cifras de la entidad, más de 120.000 personas fueron desplazadas por los enfrentamientos en Norte de Santander desde el inicio de la crisis, cerca de 50.000 familias permanecen confinadas y alrededor de 120 personas murieron. El presidente De la Espriella había lanzado un ultimátum a los líderes de los grupos armados en su primer empalme regional en Cúcuta, en julio de 2026.

Denuncias y reacción institucional

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, emitió un comunicado en el que advirtió sobre los riesgos para la población civil tras el bombardeo del 11 de agosto en El Sinaí.

Según la entidad, autoridades de San Calixto y El Tarra se desplazaron a la zona para verificar posibles afectaciones. “Entre las víctimas se encuentran tres campesinos, incluida una mujer de 44 años, que resultaron heridas producto del bombardeo llevado a cabo durante la madrugada de hoy, a quienes nuestros equipos en territorio están acompañando”, indicó la Defensoría.

Además, la entidad reportó que la operación provocó movimientos forzados hacia la cabecera municipal de El Tarra y solicitó a las autoridades locales garantizar la atención humanitaria de emergencia a las víctimas. En palabras de la Defensoría, “este hecho evidencia nuevamente los graves riesgos que enfrenta la población civil en el contexto del conflicto armado en la región del Catatumbo y exige una respuesta preventiva y humanitaria oportuna”.

La Asociación Nacional Campesina del Catatumbo (Ascamcat) también alertó en sus redes sociales sobre daños a bienes y personas sin relación con grupos armados ilegales, reclamando el cumplimiento del derecho internacional humanitario (DIH) para proteger a la población civil.

Llamados de atención y seguimiento

La Defensoría del Pueblo instó a la fuerza pública a reforzar la planeación y evaluación de las operaciones militares bajo los principios de necesidad, precaución y proporcionalidad conforme al DIH. Además, reiteró que continuará verificando la situación en terreno y acompañando la respuesta institucional para garantizar los derechos de las comunidades afectadas.

Por su parte, la Personería Municipal de San Calixto pidió atención inmediata a los heridos y recordó la obligación de cumplir los protocolos humanitarios. Un comunicado firmado por el personero de El Tarra, Jerson Andrey Figueroa, afirmó que se constató la ocurrencia de hechos graves con afectación a la población civil.