Gobierno de Abelardo de la Espriella nombró a la excongresista Lina María Garrido como directora de la Agencia Nacional de Tierras

El Gobierno nacional formalizó el nombramiento de Lina María Garrido como nueva directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

La decisión quedó consignada en el Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y ratificada con las firmas del presidente Abelardo de la Espriella y del ministro Indalecio Dangond Baquero.

De acuerdo con el documento oficial, Garrido asumirá la dirección general de la ANT bajo el código E3, grado 05, con vigencia inmediata desde la expedición del decreto. La notificación a la funcionaria se realizará a través del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Agricultura, que también comunicará el acto a Ángela Lorena Ortiz.

La nueva directora reemplaza una decisión previa que la había ubicado al frente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Ese primer anuncio generó controversia por cuestionamientos sobre la experiencia profesional de Garrido y la relación de su perfil académico con los requisitos específicos para dirigir una entidad centrada en sanidad agropecuaria y control de riesgos en los sectores agrícola y pecuario.

En esta nueva etapa, la Agencia Nacional de Tierras, creada tras el acuerdo de paz de La Habana con las Farc en 2016, continuará su labor en la administración y formalización de la propiedad rural.

El decreto que oficializó su designación derogó el artículo 2 del Decreto 1050 del 6 de agosto de 2026, dando continuidad a los programas de ordenamiento y titulación en el territorio nacional.

Lina María Garrido Martín nació en Arauca en 1987. Es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos por la Universidad Militar Nueva Granada, con especializaciones en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana y en Gerencia Social de la Escuela Superior de Administración Pública.

Comenzó su carrera pública en 2010 como asesora en la Unidad de Trabajo Legislativo de la Cámara de Representantes y en 2015 fue elegida concejala de Arauca por el partido Cambio Radical.

En el periodo 2022-2026, Garrido se desempeñó como representante a la Cámara por Arauca. En ese tiempo fue vicepresidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y luego segunda vicepresidenta de la corporación. Su actividad política incluyó la promoción de iniciativas en movilidad y tránsito, así como el ejercicio de control político. Fue una de las primeras figuras en respaldar la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella.

Durante los últimos días, la funcionaria protagonizó una confrontación en redes sociales con Jhenifer Mojica, exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro, luego de que Garrido cuestionara públicamente la experiencia de Mojica como embajadora ante la FAO.

“Y yo revisé su hoja de vida y no encontré ninguna experiencia para ocupar su cargo de embajadora ante la FAO y embolsillarse $ 40 millones al mes. Para lo que sí cumple es para una celda en El Buen Pastor por los graves delitos de corrupción por los que está siendo investigada”, expresó Garrido.

La ANT, bajo la gestión de Garrido, tendrá a cargo la articulación de proyectos de adjudicación, la administración del Fondo Nacional del Campo y los procesos de formalización de tierra para productores agropecuarios en las distintas regiones del país, en línea con los objetivos del gobierno actual.

El presidente Abelardo de la Espriella también oficializó el nombramiento de Sandra Suárez Pérez como directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) mediante el decreto 1147 del 10 de agosto de 2026.

La designación entró en vigor de manera inmediata y ubica a Suárez al frente de una entidad clave para la coordinación de programas dirigidos a poblaciones vulnerables en Colombia.

De acuerdo con el documento expedido por el Gobierno nacional, se estableció que Sandra Suárez Pérez asumirá la dirección del DPS, bajo el código 0010, grado 00. Esta decisión se tomó en uso de las facultades que la Constitución Política le otorga al presidente, específicamente en el numeral 1° del artículo 189.